Un grupo de diputados acusó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) de contradicción al defender a la Superintendencia de Pensiones, y no los recursos del Estado, en la acción judicial interpuesta por el ex diputado Fuad Chahín (DC) que busca declarar la nulidad de derecho público en la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, que generó un beneficio tributario de casi $80.000 millones, y que derivó en la salida de la ex superintendenta Tamara Agnic.

Los diputados Iván Flores (DC), Matías Walker (DC), René Saffirio (independiente), Manuel Monsalve (PS) y Mario Desbordes (RN) han oficiado al CDE dos veces, en noviembre de 2018 en primera instancia y la semana pasada por última vez, para que argumente por qué está defendiendo a la Super de Pensiones en este proceso.

En noviembre, acusaron que el CDE debería "defender la integridad del patrimonio fiscal y el erario público que ha sido defraudado a través de las resoluciones dictadas por dicha Superintendencia cuya nulidad se persigue".

Además, los diputados solicitaron argumentar por qué el CDE se negó a la solicitud que hizo en su momento la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la cual le pidió presentar una acción de nulidad de derecho público (la que finalmente presentó Chahín), para así revertir la operación.

El CDE contestó en diciembre pasado que se ampara en el secreto profesional respecto de los motivos por los cuales está defendiendo a la Super de Pensiones. "Por otra parte, corresponde advertir que siendo el demandante el aludido H. Parlamentario Sr. Chahín, tampoco resulta procedente proporcionar tal información, porque eventual o teóricamente podría hacerse pública y llegar a acceder a ella, en el ámbito de sus funciones o no, siendo la contraparte en el juicio", dice la respuesta que dio el CDE al oficio.

"Falta prolijidad"

No conformes con la respuesta del CDE, en enero los diputados enviaron un nuevo oficio, donde argumentaron que esta última afirmación "demuestra la falta de prolijidad y respeto de dicho organismo del Estado hacia este poder Legislativo y Cámara fiscalizadora en particular pues es de público conocimiento que el señor Fuad Chahín en la actualidad y a la fecha de requerimiento ya no ostenta el cargo de Diputado, por lo que dicho argumento carece de toda validez y seriedad técnica jurídica".

Además, el oficio que los diputados enviaron la semana pasada sostiene: "parece que de modo premeditado y burdo pretende desconocer la necesaria distinción entre las razones tenidas en consideración para determinar asumir la defensa de la Superintendencia de Pensiones respecto de una actuación que ha causado un grave perjuicio al patrimonio fiscal, lo que en caso alguno está o podría estar amparado o cubierto por el secreto profesional con los argumentos propios de la defensa en juicio que podría haberle entregado dicha entidad para su defensa".

Asimismo, agregaron que "pretender confundir ambas cosas del modo que se ha realizado atenta contra una lógica elemental pues aquí lo que se solicita es saber qué o cuáles razones podrían haber sido consideradas y justifican para que el CDE haya dejado de cumplir el objeto legal para el que fue creado de proteger el patrimonio e interés Fiscal, no acogiendo el defender dichos intereses públicos y si por el contrario, asumir el defender un interés privado de las AFP involucradas que se vieron beneficiadas con una actuación irregular e ilegal por parte de la Superintendencia de AFP que fue declara tanto por la Contraloría General de la República como por la comisión investigadora de esta Cámara de Diputados".

Así, los diputados piden que el CDE responda el oficio anterior, donde aluden que no contestó sus preguntas.