Diputados oficialistas se dividen ante cambios en el Senado del proyecto antievasión

El proyecto de cumplimiento tributario o antievasión cumplirá un hito el próximo miércoles. Después de cuatro meses y medio de discusión, el Senado lo podría aprobar y despachar a la Cámara de Diputados esta iniciativa que le permitirá al fisco recaudar 1,5% del PIB.

Pero para llegar hasta acá, el gobierno y los senadores que integran la Comisión de Hacienda del Senado tuvieron que acordar una serie de cambios al proyecto que salió de la Cámara de Diputados.

Entre las modificaciones centrales, la legislación mantuvo la norma general antielusión en sede judicial, tal como es ahora, dejando atrás la idea original del Ejecutivo de cambiarla a sede administrativa, para que fuera el SII el que tuviera la iniciativa para abrir un caso de norma antielusión.

En los cambios también se confirma que el cargo de director del SII y los subdirectores quedarán afectos al segundo nivel jerárquico. Esto se traduce en que el director ya no podrá ser nominado de manera directa por el Presidente de la República y solo será por Alta Dirección Pública, lo mismo sucederá con las nominaciones de los subdirectores quienes hoy son nombrados por el director del SII. Ahora también serán vía ADP.

Además, en materia de gobernanza del SII, se creará un comité ejecutivo. Este estará integrado por el director del SII quien lo presidirá, y los subdirectores de Normativa, de Fiscalización y Jurídica. Ellos estarán encargados de evaluar si el SII inicia un proceso de investigación por norma antielusión.

También habrá un Consejo Tributario. Este tendrá como principal función emitir opinión sobre las circulares del Servicio de Impuestos Internos que deban ser sometidas al procedimiento de consulta pública obligatoria y el plan de gestión de cumplimiento tributario.

El director del SII será quien lo presidirá y estará integrado por cuatro consejeros que durarán cinco años en sus cargos, no pudiendo renovarse.

El Consejo deberá sesionar a lo menos dos veces al mes. Y una de las sesiones de cada semestre se deberá destinar a conocer y evaluar el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo sesionará cada vez que su presidente del consejo (director del SII) lo requiera a fin de recoger su opinión respecto de una circular, de conformidad a lo establecido en el artículo 6 bis del Código tributario.

En el caso del secreto bancario, el cambio que dejó conforme a Hacienda y senadores consiste en que el levamiento de la información será vía judicial, pero con plazos acotados, situación que no existe en la actualidad. Para el denunciante anónimo, las modificaciones apuntan a que “perderá la calidad de denunciante anónimo aquel que, habiéndose otorgado la resolución señalada en el inciso segundo, renuncie al anonimato o haga publicidad de la denuncia”. Asimismo, se establece que “para la procedencia de la retribución establecida en el presente artículo el impuesto defraudado deberá ser superior a 100 UTA”, unos $80 millones.

Una vez aprobado en el Senado este proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados y será la Comisión de Hacienda la que deberá en primer término analizarlo para luego avanzar a la sala de esa instancia legislativa.

Ante los cambios hay visiones divididas entre los partidos que apoyan al gobierno. Por un lado, el PS y la DC critican los cambios y evaluarán su votación. Mientras que en el Frente Amplio y el PC si bien afirman que no era lo óptimo, consideran que, si esos cambios mantienen la recaudación, dada la realidad política, lo apoyarán.

Uno de los más críticos es el diputado Jaime Naranjo (PS): “No creo que termine siendo efectiva que la norma antielusión quede radicada en los tribunales. Eso le quita eficiencia y eficacia al trabajo del Servicio de Impuestos Internos frente a los delincuentes tributarios”, sostiene.

Sobre la gobernanza, acota que “nuestra intención era transformar al SII en un “león frente a la lucha contra la elusión y evasión. Del Senado vuelve transformado en un gatito de chalet ni siquiera de campo”.

Naranjo también critica el hecho de que los acuerdos se sigan haciendo en el senado a espaldas de los diputados. “Lamentablemente se toman acuerdos en el senado qué muchas veces no coinciden con las posturas de los diputados. Uno entiende que hay que llegar acuerdos, pero no se pueden hacer a espaldas de la otra Cámara”.

Ricardo Cifuentes, diputado DC, puntualiza que el hecho de mantener en sede judicial la norma antielusión “es un retroceso a lo que avanzamos en la Cámara. El gobierno cedió para la derecha y no servirá para nada ese cambio”.

También menciona que “la nueva gobernabilidad debilita a la autoridad del SII. En Chile históricamente la figura del director del SII es muy fuerte, pero con estos cambios se le está debilitando”. En suma, dice que “los cambios alejan del objetivo planteado originalmente por el propio Ejecutivo”.

El legislador también pone reparos al hecho de que se acuerden los cambios con el Senado. “Nos sentimos un poco molesto. El ministro Marcel fija toda su atención en el Senado”.

Una mirada distinta tiene el diputado Jaime Sáez, del Frente Amplio. Si bien a su juicio, era mejor que la norma antielusión fuera aplicada en sede administrativa, si se cumple con los objetivos de recaudación y aplicar justicia tributaria lo apoyarán.

“Como Frente Amplio nos preocupa que el proyecto de cumplimiento tributario logre sus objetivos. Lo primero es recaudar 1,5% del PIB, eso es lo más importante y que garantice las condiciones de justicia y que efectivamente todos los ciudadanos y ciudadanas podamos cumplir con nuestras obligaciones. Por eso nos parecía mejor que la norma antielusión sea una facultad de la administración, sin embargo, nos parece que no es una cuestión en la cual debamos ahondar tanto en estos momentos, ya que el objetivo principal es que exista cumplimiento tributario”, asevera el legislador.

Sobre el nombramiento del SII, menciona que “en la medida que el sistema de ADP pueda actuar de manera expedita, con sentido de urgencia comprendiendo adecuadamente la responsabilidad que tiene en nombrar los cargos para el Estado, nos parece bien que cargos tan importantes sean nombrados con criterios objetivos y no sea facultad del Presidente de la Republica”.

Gael Yeomans, también diputada del Frente Amplio, entrega su visión: “Valoro los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo por sacar adelante el proyecto de cumplimiento tributario, sobre todo considerando la urgencia que tiene el país de fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado frente a graves casos de delitos tributarios y corrupción que hemos conocido, además de un contexto político de minoría parlamentaria y una derecha tremendamente obstruccionista bajo el cual nos toca legislar”.

En cuanto a si apoyará los cambios, la legisladora indicó que “esperará a ver cómo sale el proyecto del Senado”.

A su vez, Boris Barrera, diputado PC, plantea que, aunque para ellos, era mejor que la norma antielusión se aplicará vía sede administrativa “hay otros aspectos que son importantes a destacar y que van a potenciar el proyecto de como salió de la Cámara, como, por ejemplo, algunas definiciones del secreto bancario y los plazos acostados que se entregan”.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el independiente Carlos Bianchi, afirma que “comparto los acuerdos logrados en el Senado. Además, que es urgente avanzar en esta materia. Estamos en un escenario de estrechez fiscal, tal como lo ha adelantado el Consejo Fiscal Autónomo y por eso lo apoyaré”.

Desde la otra vereda política, hay un amplio acuerdo en respaldar los cambios que se han hecho en el Senado.

Frank Sauerbaum, diputado RN, entrega su análisis. “Sin duda es una buena noticia, porque la declaración de elusión tiene elementos subjetivos que sólo un tribunal imparcial puede ponderar apropiadamente. El SII siempre tendrá un sesgo anticontribuyente que pondría en desventaja a las personas si se le da la posibilidad de calificar la elusión”.

Su par de RN, Miguel Mellado, suma argumentos a favor: “Me parece bien los cambios que se han ido conociendo. El proyecto está quedando mejor de la propuesta original”.

Y Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, sostiene que “es una gran noticia que el gobierno haya reflexionado, cambiado de opinión, y actuado con sensatez al mantener esta norma en el ámbito judicial. Lamentamos, no obstante, que el gobierno haya tardado tanto en entrar en razón”.

En cuanto a los nombramientos, indica que “me gustaría ver cómo queda el proyecto completo antes de tomar una decisión definitiva. Creo que la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos debe estar basada en un criterio más independiente al del gobierno de turno. Sin embargo, tampoco considero que la simple designación de sus autoridades a través de la Alta Dirección Pública garantice, por sí sola, una independencia real”.