El futuro del proyecto de ley de Ingreso Mínimo Garantizado, tal como lo planteó el Presidente Sebastián Piñera originalmente, está por verse. Esto, porque los parlamentarios de oposición se mostraron dispuestos a rechazar la iniciativa gubernamental, si es que el Ejecutivo no lo modifica sustancialmente.

¿La razón? A los miembros de la oposición de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados no le gusta la idea de elevar los salarios vía subsidio, sino que prefieren que sea por ley. Además, tampoco avalan que este beneficio social rija para las grandes empresas.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans (Convergencia Social), expresó que "hay un alto consenso entre la oposición, en que el aumento de los salarios se haga de manera efectiva por ley y no a través de subsidio. Pero también proponemos que dentro de ese punto exista un régimen especial de subsidio para los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas".

Con esto, según apunta Yeomans, "se incentivaría a las empresas a elevar los sueldos y también se beneficiaría a los trabajadores, porque aumentarán sus cotizaciones previsionales y de salud. La idea es buscar los mecanismos, la gradualidad puede ser uno", agregó.

En tanto, desde la Democracia Cristiana el diputado Gabriel Silber propone focalizar el subsidio a los sectores más deprimidos. "Resulta difícil explicar que recursos públicos financien salarios a las grandes empresas", sostuvo.

Ante esto y acatando la advertencia de los parlamentarios, el gobierno decidió abrirse a analizar las recomendaciones de otros parlamentarios a fin de incorporar "mejoras" al proyecto inicial. De hecho, el ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Felipe Ward, en la sesión del lunes optó por postergar la votación para el próximo martes, para que durante esa semana "escuchar a diferentes actores y revisar las propuesta, ya que hemos recibido esas ideas por parte de parlamentarios de gobierno y de oposición".

Visión de los expertos

En la sesión de este martes, la OIT hizo un duro análisis del proyecto que aumenta el ingreso mínimo a $350 mil brutos. En este sentido, el encargado del área de protección social de la OIT para la América Latina, Guillermo Montt, si bien reconoció que la iniciativa gubernamental responde a las demandas ciudadanas emanadas del estallido, indicó que "el proyecto de ley no cumple con los objetivos de ofrecer seguridad e ingreso a los hogares con mayores necesidades, ni tampoco con los principios de universalidad de los pisos de protección social que maneja la OIT".

Esto, porque según apunta el especialista, al hacerlo con cargo al Presupuesto de la Nación este potencial redistributivo es menor al que habría sido si el aporte fuera comprometido por los empleadores, "o al menos un aporte diferencial según el tamaño de las empresas, para así reducir el impacto en las pequeñas".

Por eso, y aunque reconoció que el proyecto reduce la desigualdad de ingreso, a su juicio no ataca el problema de fondo. Para eso, indicó que es necesario avanzar y fortalecer políticas sociales, tales como el subsidio único familiar y asignaciones familiares.

Montt también sugirió considerar las diferentes dinámicas laborales, e incluir dentro del proyecto la posibilidad de que se desarrolle en un proceso de diálogo tripartito.