Si el acuerdo al que llegó el gobierno con los camioneros fue complejo y tardó poco más de una semana, lo que vendrá ahora en el Congreso tampoco será fácil. Esto, porque para que sea realidad dicho pacto, la parte que involucra al tratamiento del diésel será un proyecto que debe ser aprobado por el poder legislativo.
El acuerdo alcanzado por el Ejecutivo plantea un congelamiento del precio del diésel durante 120 días –cuatro meses- y el mecanismo solo operará para evitar incrementos del precio, mientras que si hubiese bajas en dicho periodo, estas se traspasarían. Asimismo, después de ese lapso habrá aumentos máximos de $15, cada 21 días, con una duración de un año.
Con estos nuevos beneficios, la actual diferencia con el tratamiento de las gasolinas solo crece. Mientras hoy día en tres semanas el precio de estas puede subir hasta un máximo de $36, según el funcionamiento del Mepco, el del diésel, en cambio, con la nueva propuesta del Ejecutivo a los transportistas, podría aumentar menos de la mitad de eso.
En ese contexto, la primera valla que deberá sortear el proyecto cuando el gobierno lo ingrese al Parlamento será la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y desde ya quienes integran esa instancia legislativa anticipan un debate duro dada la disparidad en el tratamiento con la gasolina. Por lo mismo, algunos de ellos plantean la opción de buscar algún mecanismo para extender dichos beneficios a quienes usan bencina. No obstante, a priori, ninguno está por rechazar la propuesta.
Entre los parlamentarios de la oposición, el diputado Miguel Mellado (RN), si bien reconoce que el gobierno estaba en una situación compleja y que la salida del conflicto no era fácil, dice que la propuesta que llegará al Congreso “no tendrá una rápida tramitación”, ya que anticipa que se “plantearán medidas adicionales que puedan ir en beneficio de quienes utilizan gasolina”. De acuerdo a Mellado, hay distintas fórmulas para llegar a una propuesta como esa, “pero se deben analizar con calma”.
El también diputado RN, Frank Sauerbaum, critica el hecho de que la solución es “muy costosa para el problema del costo de transporte de los camioneros. Esto, por cuanto el Estado estaría subsidiando no sólo a los camioneros, sino que también entrega subsidios a los operadores del Transantiago, adicionales a los que ya se aprobaron en la reciente ley de presupuestos 2023, e incluso beneficia a los conductores particulares que lo usan como combustible en sus automóviles”.
Para el Republicano, Agustín Romero, “el problema es que los camioneros seguirán afectados y, con el tiempo, otros gremios y sectores de la economía empezarán a manifestar su descontento, tarde o temprano. Por eso, el problema detrás del paro de los camioneros requiere de cirugía mayor, y no un acuerdo superficial que es solo un parche”.
En ese sentido, si bien valora que se haya alcanzado un acuerdo y haya terminado el paro, sostiene que “el gobierno tiene que estar consciente que compró tiempo con ello, y que tiene una oportunidad para abordar los problemas de fondo”. Puntualiza además que “es legítimo preguntarnos si es justo como país asumir el costo de esta medida, cuando las señales que el gobierno ha dado en materia económica con la reforma tributaria y de pensiones sólo profundizan la crisis actual, y las señales en el combate a la delincuencia y el terrorismo son muy débiles”.
En la DC, el diputado Ricardo Cifuentes concuerda en parte con Mellado, ya que también afirma que es necesario buscar alguna medida que ayude a quienes usan gasolina. “El precio de los combustibles es una preocupación para todos, no sólo para el diésel. Por ello, tendremos que buscar alternativas para ir en ayuda de quienes prestan servicio con su vehículo, entre ellos conozco la inquietud de los colectivos”.
Mientras que, en el oficialismo, Raúl Soto (PPD), subraya que “entendemos que esto es fruto de un proceso de diálogo y negociación del gobierno con los camioneros y eso siempre se valora”. Sin embargo, acota que “me parece tremendamente injusto y regresivo que se siga dando beneficios a sectores específicos en desmedro de todo el resto de los chilenos. No tengo una decisión tomada al respecto, lo voy a analizar y decidir en su mérito en su momento”.
Y desde el PC, el diputado Boris Barrera pone otro punto de vista para la discusión que apunta a que exista “la posibilidad mantener los precios del transporte público”. De acuerdo al legislador, “la preocupación nuestra es tratar de ver la posibilidad de seguir congelando o evitar el aumento del precio de la tarifa del transporte público. La mayoría de la gente trabajadora no usa vehículos, sino que usa transporte público y por ello, el foco del gobierno debiera estar en eso también”.
