Un proyecto que estaba dormido en el Congreso era el que busca aplicar un impuesto a los llamados “súper ricos”. La última vez que se discutió fue el 9 de septiembre de 2020. Ahora el debate se retomará, ya que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados lo puso en tabla para continuar su análisis este miércoles a las 15 horas.
El debate puede que tenga un mayor impulso este año, puesto que la inminente llegada del diputado Marcos Ilabaca (PS) a la presidencia de esta comisión hará que la iniciativa sea prioritaria. La presidencia de Ilabaca debe ser votada esta tarde en dicha instancia.
En ese sentido, el legislador señala que “estoy interesado en que se discuta el proyecto de ley. Queremos que sea con celeridad, pero haciendo un buen debate”. Acota que “espera que el Ejecutivo se sume a la discusión”.
En la sesión de mañana se espera la presencia de algunos economistas como el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara, el coordinador Macroeconómico de Clapes UC, Hermann González, el académico de la Universidad de Chile, Jorge Hermann y el extesorero, Hernán Frigolett.
Además de los economistas, en la sesión también se espera que los gremios empresariales entreguen su visión. Para ello se invitó al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín.
La iniciativa fue ingresada al Congreso el primero de junio del año pasado por un grupo de diputados de oposición. La lista la componen Gabriel Ascencio (DC); Karol Cariola (PC); Daniel Núñez (PC); Camila Vallejo (PC); Giorgio Jackson (RD); Luis Rocafull (PS); Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social) Alexis Sepúlveda (PR); Raúl Soto (Independiente) y Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social).
La moción parlamentaria establece un impuesto transitorio, equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas más ricas del país, que detenten un patrimonio igual o superior a US$ 22 millones con el objetivo de allegar mayores recursos para enfrentar la crisis económica y social que se vive con ocasión de la pandemia de COVID-19.
De acuerdo a la propuesta, el establecimiento de este impuesto, podría allegar recursos al fisco equivalentes a US$ 6.500 millones. Esa recaudación permitiría implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tales como una Renta Básica de Emergencia, por sobre la línea de la pobreza ($369.205 para un grupo familiar de 3 personas. CASEN, abril 2020), al menos al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses, sin distinguir entre trabajadores formales e informales, lo que beneficiaría a cerca de 11.500.000 personas.
La propuesta ha sido criticada y rebatida por los expertos quienes han argumentando que no cumple con los objetivos de recaudación y es de difícil aplicación práctica de acuerdo a la experiencia internacional.
