Diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron un proyecto de ley con el que buscan prohibir la formalización de contratos de arrendamiento de bienes raíces con extranjeros cuya situación migratoria sea irregular, con el fin de “desalentar la llegada de nuevos extranjeros irregulares por pasos no habilitados”, señalaron.
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Con esto, se establece que los arrendatarios extranjeros deberán presentar una certificación que acredite su situación migratoria, de no más de 30 días de antigüedad, al momento de firmar un contrato. Quienes no cumplan con la eventual ley, podrían arriesgar multas mensuales de entre 5 y 100 UTM (Entre $65.770 a $6.770.000).
En el caso de faltas de los notarios, se establecen sanciones disciplinarias e incluso la suspensión o exoneración de su empleo.
“Nuestro sistema de persecución penal ha resentido la aparición de complejas organizaciones criminales transnacionales que no solo han cambiado los patrones delictivos en nuestro país, sino que han complejizado la identificación de extranjeros, lo que es fundamental para la determinación de condenas, medidas cautelares o incluso para el éxito de investigaciones que permitan desbaratar estas bandas”, indican.
Los diputados RN afirman que la iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio por fortalecer las políticas migratorias y de seguridad del país, y no de atentar con los derechos o estigmatizar a los extranjeros.
De esta forma, los parlamentarios apuntan a que los inmigrantes irregulares son una preocupación para el Estado, “cuya magnitud comienza a causar complejidades tanto desde la perspectiva de la construcción de políticas públicas como para enfrentar la penetración de organizaciones criminales transnacionales de alta peligrosidad a nivel mundial”, agregaron a través de un comunicado.
Al respecto, el diputado Frank Sauerbaum, declaró que “creemos que hay que ir terminando con estos flancos abiertos que tenemos en el país que son simplemente motivación y argumento para que otras personas sigan llegando al país de manera regular y que no tengan ningún incentivo para poder hacer su ingreso al país a través de los mecanismos que el país ha establecido. (...) Quienes no hacen este proceso de acreditación de su estadía en Chile, tenemos la serie sospecha de que evidentemente vienen a delinquir o vienen simplemente a causar daño al país”, dijo.
