El pasado miércoles, un grupo de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitó formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL) crear una comisión investigadora por la paralización de proyectos de inversión que llevaría adelante el gobierno a través de las Comisiones de Evaluación Ambiental. Esto luego que la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo denunciara haber sufrido presiones de parte de la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez (CS), ex jefa de gabinete del diputado Gonzalo Winter (CS).

Según la acción presentada por los 23 diputados de la Bancada UDI, “se deben analizar todas las actuaciones de Gobierno que den cuenta de eventuales intromisiones indebidas en la tramitación de proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental y sus resultados”.

La exseremi de Desarrollo Social, denunció que la delegada presidencial le habría solicitado la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en una reunión privada sostenida con los secretarios ministeriales que forman parte de la Comisión de Evaluación. En una situación similar, la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, Francisca Perales, le habría ordenado asistir -sin la posibilidad de excusarse- a la votación del proyecto “Concesión Américo Vespucio Oriente II, Tramo Príncipe de Gales – los Presidentes”, de la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente II S.A. y, con posterioridad, le habría señalado que “por órdenes de la ministra del Interior” debía asistir a la votación del “Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura, de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A”.

Jorge Alessandri, jefe de Bancada UDI explicó que “hemos decidido impulsar la creación de una comisión investigadora para el caso de las torres de Fundamenta en Ñuñoa. Están los WhatsApp en donde la delegada presidencial presiona a los seremis para que encuentren la forma de rechaza. El proyecto ya tenía todos los permisos tramitados”.

“No solamente hay presión indebida, sino que se paraliza un proyecto importante para la ciudad y se eliminan 3.500 empleos. Es la peor forma de la política, las cosas que no podemos aceptar”, concluyó.

Para el diputado Cristhian Moreira (UDI), “hay antecedentes más que suficientes que darían cuenta de que el Gobierno, por razones netamente ideológicas, estaría paralizando distintos proyectos de inversión en nuestro país, con todas las consecuencias que ello provoca para nuestra economía y para la generación de empleos”.

“Por eso es indispensable investigar todas las actuaciones que ha tenido en particular la delegada presidencial de la Región Metropolitana, porque resulta inaceptable que, mientras el Ministerio de Hacienda está dedicado a atraer inversión extranjera a nuestro país para contrarrestar la grave recesión económica que viviremos, un grupo de autoridades decida remar en el sentido contrario, inventando argumentos para derribar todos los proyectos que no son de su interés”, complementó.

En la misma tónica, el diputado Cristián Labbé (UDI) explicó que “lo mínimo que hubiésemos esperado es que la delegada Martínez y los seremis que estuvieron involucrados presentaran su renuncia en cuanto se supo de esta grave situación. Pero como sabemos que no es una práctica habitual de esta administración, es que decidimos impulsar una comisión investigadora con el fin de recabar todos los antecedentes y determinar las responsabilidades políticas y administrativas de todas estas autoridades”.

Hace una semana, la exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo interpuso una presentó una denuncia ante la Contraloría General de La República (CGR), acusando presiones de la delegada presidencial de RM, Constanza Martínez.

En su requerimiento, Patricia Hidalgo adjuntó una copia de la conversación de un grupo de WhatsApp, denominado “Comisión Ambiental” que creó el jefe de gabinete de Martínez, Miguel Concha, el 4 de abril de 2022. El diálogo comienza cuando Concha pide a los seremis que “ingresen a la reunión para revisar los proyectos”.

“En un rato les enviaremos el fundamento de la votación del proyecto Egaña Sustentable. Ahora lo está revisando el abogado del Ministerio del Medio Ambiente”, dijo la seremi del Medio Ambiente, Sonia Reyes.

Acto seguido, el seremi de Transportes, Roberto Santa Cruz explicó en el chat que “si vivienda rechaza, deberíamos plegarnos a ella, en el proyecto Egaña”.

“Estoy buscando argumentos para rechazar, pero de momento, lamentablemente no tengo”, respondió, Rocío Andrade, seremi de Vivienda.

Frente a sus palabras, Santa Cruz acotó: “Mi equipo técnico me dice que el tema de la luz lo puede mencionar Vivienda”.

“Lo mencionaré, pero lamentablemente no tenemos normas al respecto como para decir que existe un incumplimiento”, replicó Andrade.

Ante el dilema de la Seremi de Vivienda y Transportes, su par del Medio Ambiente sostuvo: “Nosotros podemos observar lo del sombreamiento y refracción de la luz”.

¿El resultado? 5 votos en contra y dos a favor del proyecto. Estos últimos correspondieron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la seremi de Vivienda.

Hoy el proyecto Egaña Comunidad Sustentable, que considera una inversión de US$300 millones, está a la espera de un último pronunciamiento de la Corte Suprema para reactivar sus obras.