El presidente del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y director del Servicio Civil, Alejandro Weber, no ha parado. Desde que fue nombrado se ha reunido personalmente con cada uno de los ministros, ha liderado dos jornadas de capacitación para jefes de gabinete y representantes de servicios, y ha enviado oficios para explicar cómo funciona la nueva normativa de gestión de personal, tema que no ha estado exento de polémicas.

También ha iniciado 78 concursos públicos para proveer cargos de I y II nivel jerárquico. Entre el 11 de marzo y el 25 de mayo, 158 altos directivos públicos han dejado sus cargos: 118 por petición de renuncia, 23 por término de período y 17 por renuncia voluntaria.

"Llevamos dos meses de gobierno y si bien aún es temprano para evaluar el impacto de la ley, vemos señales muy positivas que hablan de una instalación ordenada que mezcla celeridad y prudencia. Ello se refleja en la tasa de desvinculación del I nivel que asciende al 41%, comparado con un 76% de igual período en 2014, es decir estamos en la mitad. Y en el II nivel, en 2014 los egresos llegaban a 42% y hoy bordean el 17%. Hay que recordar que parte del espíritu de la ley era generar mayor continuidad en los altos directivos y a la fecha se ha logrado", afirma.

¿Concuerda con los cambios realizados a la Ley?

-Desde la continuidad de los altos directivos, de evitar remociones arbitrarias, vemos en términos muy auspiciosos lo que ha ocurrido en estos dos primeros meses, aunque por supuesto tendremos que hacer otra evaluación en seis meses y al año. Hay que recordar que las modificaciones a la ley recogen buena parte de las propuestas del gobierno anterior del Presidente Piñera que eliminaba la figura del Provisional y Transitorio que era un directivo elegido a dedo y que resultó muy perjudicial para el sistema porque afectaba la atracción del talento a la administración pública.

¿Hay algún instructivo de ahorro de recursos ya que Hacienda ha apretado el cinturón?

-Hemos diseñado una estrategia desde el Servicio Civil para reducir los costos directos del sistema. Por ejemplo el costo promedio de un concurso del I nivel en 2017 fue de $28 millones, y creemos que a partir de ciertas herramientas como el banco de candidatos, podremos reducir en 25% esos costos, en torno a $20 millones. Y desde el punto de vista de la eficiencia, queremos bajar la extensión de los concursos. El año pasado el promedio de duración fue de 63 días: 72 días en el I nivel, y 60 en el II nivel, creemos que podemos llegar a 60 días y así menos tiempo están los subrogantes legales y con mayor prontitud asumen los titulares.

¿Cómo funciona el interés por incorporarse al sector público?

-Desde el comienzo del sistema han habido 430 mil postulaciones, con 115 personas en promedio para un cargo. Hemos tenido 160 postulantes por convocatoria, igual que el año pasado.

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, ha solicitado que renuncien todas las personas que vienen del gobierno anterior...

-Creo que todos tiene el legítimo derecho de expresar su opinión. Ahora bien, es importante señalar que la ley es muy clara en determinar que quienes tienen las atribuciones para desvincular son las autoridades de gobierno, son cargos de confianza; y para esos casos se establece una indemnización.

¿Es decir que si los funcionarios se mantienen es porque gozan de la confianza de los que han llegado y no por trabas legales?

-Exactamente, la continuidad de los altos directivos públicos pasa por la evaluación de las autoridades. Las reglas del juego se están cumpliendo a cabalidad.

¿Y lo mismo sucede con los funcionarios a contrata?

-Cerca del 60% de la dotación corresponde a contrata, y en los últimos años ha habido una judicialización de los procesos, es decir que las salidas de los contrata que por ley terminan el 31 de diciembre de cada año se ha rigidizado.

¿En qué sentido?

-Los últimos dictámenes se asumen como jurisprudencia y se empiezan a aplicar como regla general: se asume la confianza cuando hay más de dos renovaciones continuas y por ende el funcionario espera una nueva renovación; y, de producirse un egreso deberá ser fundado y vinculado al desempeño. Ahora, tenemos medidas de desempeño que no entregan información suficiente para tomar decisiones porque el 97 % de los funcionarios está en lista 1 de calificación y el 50% tiene la nota máxima, y sabemos que eso no es así. Por tanto, la autoridad está también atada de manos.

¿Es necesaria una legislación en Chile sobre el nepotismo?

-Definitivamente es necesario seguir avanzado en mérito. En el sistema de ADP promovemos que quienes ocupen cargos de dirección tengan capacidades demostradas, experiencia y currículum para cumplir una función, y si esas personas tienen vínculos con terceros pero no afectan su función o genera inhabilidad, entonces pueden ejercer el cargo. ¿Qué esperan los chilenos en relación al nepotismo? Que nadie se siga saltando la fila. Y en sentido nadie en el sector público puede saltarse la fila porque el sector público tiene que ser el primero en dar el ejemplo de mérito, confianza y transparencia.

¿Y cómo evalúa esta parte de la instalación del gobierno porque han surgido críticas de que hay varios miembros de las familias Chadwick y Coloma en puestos de gobierno?

-No me puedo pronunciar al respecto porque hay elementos que van más allá de mi atribución. Como presidente del ADP me remito a dar cuenta de lo que nos compete y le puedo dar certeza a todos los chilenos que seguiremos avanzando en promover el mérito. Yo soy hijo de la educación pública, estudié en Paillaco y ahora estoy en este cargo, entonces me interesa que mi historia profesional sea la de muchos: yo vivo el mérito, es parte de mi vida.