EL sistema antilavado de activos chileno salió parcialmente mal evaluado en 2010 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que promueve estándares y la aplicación efectiva de diversas medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La evaluación reveló falencias del sistema tanto en las leyes como en las normativas y en las aplicaciones de ellas. Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad dedicada a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile, dice que tras ello junto a otras instituciones comenzaron a implementar una serie de cambios que permitieron fortalecer el sistema.
Por ello, cree que esta vez están mejor preparados para la evaluación que comienza este lunes, con la visita de un grupo de evaluadores del GAFI, y que finaliza en 2020 con la publicación de un informe.
¿Por qué están más preparados?
—Chile ha hecho avances sustanciales. Hoy tenemos un sistema en el ámbito público y privado que funciona bastante más afiatado. Hemos logrado formar un grupo de trabajo interinstitucional con personas capacitadas en distintos ámbitos, no solo en la UAF y en el Ministerio Público, sino que también en las policías y otros organismos, como Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Pensiones y la CMF.
El principal cambio de mentalidad que hemos tenido con las policías y los fiscales es que, como ellos mismos dicen, hemos pasado de enfocarnos en incautar un kilo de droga a apuntar a desbaratar todo lo que sustenta al narcotráfico, que es el dinero. Tenemos que atacar el flujo financiero o en caso contrario vamos a seguir incautando droga y a los cinco minutos habrá otra banda funcionando o los mismos líderes operando con otras personas. Y eso en los próximos años será un cambio relevante en la persecución que se hace de las bandas criminales, de los que cometen actos de corrupción y otros delitos graves.
Hace poco cumplió 6 años al mando de la UAF, ¿qué balance hace?
-La percepción general del país ha cambiado respecto del delito de lavado de activo. Hace seis años era algo bastante desconocido y que, en general, existía la percepción de que en Chile no pasaban este tipo de cosas. Y nos hemos ido dado cuenta de que no somos la excepción y si pasa en países desarrollados, por qué no pasaría acá.
Eso ha generado que lentamente hayamos ido trabajando con otros organismos públicos para generar estos cambios, donde ha sido un proceso lento y difícil porque uno va cambiando una cultura de enfrentar un problema grave. Pero hemos ido convenciendo a todos los actores que es necesario hacerlo y que este es un delito que no solo tiene repercusiones económicas importantes en el país, sino que lo que hay detrás, los delitos base precedentes, son tremendamente dañinos para la sociedad en su conjunto.
¿Cuáles son los sectores que representan más riesgos?
—Los bancos siempre aparecen a nivel global como el sector más riesgoso, ya que prestan múltiples servicios y son los que hacen funcionar la economía, por lo que son los más codiciados por los lavadores de activos. Por eso, siempre ponemos mucho énfasis en el sector financiero.
No obstante, hay una serie de otros sectores no financieros a los que hemos puesto mucho hincapié en que tienen que tomar medidas relevantes. Entre ellos, están los notarios, los casinos, los corredores de propiedades y los gestores inmobiliarios.
Además, tenemos el caso particular de las remesadoras, que es un mercado que ha crecido de manera exponencial en los últimos años por el fenómeno migratorio. Ahí tenemos que detectar que las remesas que vayan para afuera estén controladas, estén identificadas.
¿Qué otros sectores podrían incluirse en la fiscalización?
—Estamos analizando proponerle a la autoridad que incluya el sector automotriz en nuestro perímetro de fiscalización, con el fin de que nos reporten las operaciones sospechosas que detecten, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad y a sabiendas de que podremos responder al desafío. Estamos hablando de miles de empresas, para lo cual requerimos otro nivel de recursos humanos para poder hacer las fiscalizaciones de forma adecuada.
El informe de la UAF de 2018 constató que la entrada y salida de efectivo anotó la cifra más alta en una década. ¿Qué implica?
—Chile tiene varias dinámicas que son diferentes a otros países de la región, donde el sistema financiero no está tan desarrollado y el uso de efectivo es intensivo para hacer negocios particulares. Es el caso de Bolivia, que explica el mayor origen del efectivo que entró a Chile, donde la gente tiene la cultura de hacer los negocios con efectivo, lo que hace que el transporte de grandes sumas de dinero a través de las fronteras sea bastante cotidiano.
Para nosotros siempre son un motivo de alerta y preocupación los flujos que se producen porque también hay otros fenómenos que hacen que estos flujos sean más masivos. Con Aduanas mantenemos un trabajo coordinado constante por este tema para mantener un monitoreo y un análisis tanto de las personas que ingresan y sacan dinero como de los sectores donde esto ocurre con mayor frecuencia.
Eso nos va a entregar parámetros para ver cómo focalizamos mejor nuestros esfuerzos para poder hacer una mayor fiscalización.
El informe también dice que el uso más común es hacer para negocios, pero no se detalla de qué tipo
—Estamos poniendo un foco muy marcado en los usuarios de zonas francas porque las declaraciones de porte de efectivo tienen que ver, principalmente, con negocios realizados en esa actividad. Para nosotros es muy relevante, lo que se refleja en que fue el sector en el que hicimos más fiscalizaciones en 2018 y donde aplicamos mayores sanciones por incumplimientos de la ley y de la normativa de prevención de lavado de activos.
Hay un tema cultural que a veces cuesta cambiar, donde hemos encontrado poca disposición de ellos para participar del sistema. De hecho, se da la paradoja de que son uno de los sectores que tienen más entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas a la UAF, pero a la vez es uno de los que menos reportes envía. También hay otro factor cultural que dificulta las cosas, pues entre los usuarios de zonas francas hay gente de diferentes países y continentes, con distintas culturas.
-Según estadísticas de la UAF, los lavadores de activos usan cada vez más técnicas más sofisticadas, principalmente productos financieros. ¿Es una alerta para el sistema financiero?
Por supuesto. De hecho, lo que se pide a nivel internacional es que todos los sectores económicos y el país en su conjunto tengan sus factores de riesgo bien identificados para saber dónde están los productos y tipos de clientes que pueden significar un riesgo mayor.
Mientras más sofisticado es un mercado, obviamente uno espera mayor sofisticación en el análisis. En ese contexto, hemos estado trabajando con la CMF y tenemos prácticamente listos algunos enfoques sectoriales de riesgo en el sector seguros y en el sector bancario para tener un plan general respecto de qué tipo de productos en esas industrias podrían ser más vulnerables en materia de lavado de activos, lo que permitirá enfocar mejor tanto los recursos privados como públicos.
¿Cómo ven la irrupción de las FinTech y de las criptomonedas?
-El Ministerio de Hacienda anunció que enviará un proyecto de ley para regular esta industria, lo que nos parece bien. Se debería modificar nuestra normativa para poder incluir a estas empresas dentro del sistema antilavado y nos puedan reportar y ser fiscalizadas, por lo que esperamos que esto pueda ser incorporado en la iniciativa.
Consideramos que las FinTech y las criptomonedas podrían contribuir a potenciar la inclusión financiera, que es algo a lo que nosotros también aspiramos. Mientras más integrado esté el sistema y haya más gente participando del sistema formal, para nosotros es mejor porque se reducen los riesgos.
Pero las plataformas de criptomonedas han dicho que sí han reportado a la UAF…
-Lo que pasa es que se han inscrito en la UAF bajo otro giro, principalmente en el de transferencias de monedas extranjeras. De hecho, incluso iniciamos un proceso sancionatorio contra una de ellas, donde no puede decir cuál es, pero al final no pudimos sancionarla porque las actividades sobre las cuales vimos que podía haber deficiencias no eran de aquellas que estaban dentro de las que establece la ley para la UAF.
Como no están reconocidas como monedas, no están dentro de la actividad en la que se inscribieron en la UAF, por lo que les hemos pedido a esas empresas que no lleven a confusión a sus clientes diciéndoles que están reguladas por la UAF, porque no lo están.
¿Cómo ven la posible entrada de nuevos actores a la industria de medios de pago, dados los cambios en Transbank y la transición a un modelo de cuatro partes?
-En general, en esa área hemos tenido bastante desarrollo en cuanto al análisis y supervisión. Creo que tenemos los elementos como para poder entregar las directrices suficientes a las nuevas empresas que se vayan integrando, donde ya tenemos a Transbank y a Multicaja, entre otros actores, dentro del sistema antilavado.
Más que un desafío, lo vemos como una oportunidad, porque si esto significa que los costos transaccionales bajen y que más gente pueda acceder a medios de pago que dejan una trazabilidad, eso fortalece el sistema antilavado.
