No le gusta opinar de la coyuntura ni discutir sobre temas que se agotan en el corto plazo. Prefiere debatir sobre ámbitos que apunten al mediano y largo plazo, ya que, a su juicio, esos son los más determinantes en el porvenir de los países.

Desde esa posición, Jeannette von Wolfersdorff, directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, advierte que existe un escaso análisis de cómo se gastan los recursos públicos para hacer más eficiente el proceso; que existen conflictos de interés en el resguardo de ellos, y que hay una crisis institucional general en el control de la gestión estatal.

¿Cómo evalúa el gasto público que se hace en Chile?

-La mayor debilidad del sistema es el hecho de que los datos fiscales son casi exclusivamente usados por economistas para análisis macroeconómicos. Pareciera que nuestro país -incluido Hacienda- estaría más preocupado del equilibrio fiscal que de la pregunta para qué se gastan los recursos públicos. Preocupa que todavía ningún gobierno haya definido ni analizado ni publicado objetivos, ni resultados de su propio gasto. No es un problema de transparencia fiscal, sino de gestión pública.

¿Cómo podría ser más eficiente y transparente?

-A nivel normativo, se proclama un Estado eficaz y eficiente. Pero, sin consensuar, fijar y transparentar los objetivos del gasto presupuestario, en la actualidad, ni el propio Estado puede evaluar de forma sistémica si es eficaz ni si es eficiente. Que eso haya sido aceptado en el pasado, en el futuro será inviable. De hecho, si no hay mejoras, pienso que, en el futuro hasta pueda haber acciones judiciales de contribuyentes, por un cierto abandono de deberes del Estado, frente a su responsabilidad de cuidar el buen uso de los recursos.

Vivimos en tiempos en los cuales nuevas megatendencias están presionando sobre las arcas fiscales, con una revolución tecnológica ad portas que no solo automatizará el empleo, sino que también llevará a la prolongación de la vida de las personas. Ello pondrá en duda la viabilidad del financiamiento de pensiones y salud pública, mucho más allá del debate actual. ¿Cómo financiaríamos estas futuras demandas de la sociedad? Para ello, la política fiscal del futuro exigirá revisar continuamente el "stock" de gasto público, con el objetivo de ajustarlo según las necesidades de la actualidad.

¿Cómo se conseguiría eso?

-Se requerirá de una reforma presupuestaria, que primero defina objetivos para el gasto de la Ley de Presupuestos. Así, se podría priorizar el gasto según objetivos de la actualidad, en vez de sostener ad eternum programas antiguos, que, en realidad, ya no son pertinentes. Así, también se podría medir la eficacia y eficiencia del gasto, integrando datos financieros y no financieros, y tanto datos públicos como datos personales disponibles. ¿Alguien está mejor después de cuánto gasto? ¿cuánto mejor?, deberían ser preguntas que se podrán contestar en el futuro.

¿Existen conflictos de interés para cuidar los recursos?

-El Congreso debería tener como rol natural monitorear la eficacia y eficiencia del gasto público, para así elaborar nuevas propuestas de políticas públicas, o para poder debatir el proyecto de Ley de Presupuestos. No obstante, el Congreso todavía no tiene la capacidad de analizar el gasto público. No veo que ello sea accidental, sino más bien la consecuencia de ciertos conflictos de interés que se dan a raíz de la actual función "representativa" de los parlamentarios.

Este trabajo no está definido como parte del trabajo legislativo, lo que hace que los parlamentarios se convierten en su semana distrital en lobistas frente a alcaldes y gobierno de turno, solucionando hoyos en calles, entregando cheques para programas de apoyo, y tratando de solucionar problemas de alcantarillados, viviendas sociales, ejecución de obras públicas, entre otros. Los parlamentarios que no solucionan este tipo de problemas, tendrán un complejo escenario para su reelección, dado que prácticamente todos hacen esta labor en terreno.

¿Hay una crisis en esta materia?

-No hay una crisis institucional puntual, pienso que la crisis es más amplia, y que estamos viviendo una cierta crisis institucional, general. Cuando las naciones no avanzan, es porque no existen los incentivos adecuados para sus instituciones, y eso es lo que está pasando en Chile.

Si no se logra controlar mejor la gestión estatal, cualquier gobierno que venga, corre el riesgo de deslegitimar su recaudación tributaria y, en consecuencia, a deslegitimar la gestión estatal como tal. Sobre esta base, es probable que se levanten llamados a reducir el Estado al mínimo posible, cayendo en populismos extremos. En este sentido, habría que entender la importancia y urgencia de impulsar reformas al Estado, lo que debería incluir reformas profundas y verdaderas para mejorar el control y la rendición de cuentas del gasto público, además de reformar el empleo público, para que éste no sea lastre, sino motor para la futura gestión estatal. Veo el gobierno muy ensimismado todavía a la hora de tener que gestionar un acuerdo político amplio para la muy necesaria reforma del Estado. Ha llegado la hora de liderazgos políticos que muestran que la política es el arte de lo posible, y no de la pelea chica.