A primera hora ayer la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó su apelación al fallo del Tribunal Electoral Metropolitano que declaró la nulidad de la elección realizada el 30 de mayo de 2017, ordenó el cese inmediato de los dirigentes en sus cargos y la realización de una nueva elección con estricto apego a los estatutos en el plazo de 30 días.

En este sentido, la defensa de la directiva de la multisindical, liderada por el abogado Gabriel Osorio, señaló en su apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones que "el supuesto vicio, que necesariamente se repara, a juicio de la sentencia impugnada, no es la celebración de la elección de 30 de mayo de 2017, sino que la norma que mandata dicha celebración".

Y agrega que la sentencia más que calificar supuestos vicios de la elección de 30 de mayo de 2017, que hoy tiene a Bárbara Figueroa como presidenta, lo que hace es determinar el contenido, los márgenes y contornos de la sentencia de 11 de mayo de 2017, que se refieren a otro proceso electoral, que es el de 2016. "Es decir, dos años después de celebrada la elección de 2017, se pretende señalar con precisión lo que se quiso decir en un fallo de 2016 (que ya hizo repetir las elecciones)", dice la defensa.

Frente a estos hechos, la disidencia a la directiva de la multisindical, denominada "A Recuperar la CUT" integrada por 22 dirigentes pedirá al Tricel que declare fraude electoral.

Al respecto, señalaron que "demostraremos la falsedad de sus fundamentos y no solo solicitaremos al tribunal que lo rechace, sino que también pediremos que analice todas las pruebas que demuestran el fraude electoral cometido por quienes la dirigen, que implicaron, entre otras cosas, el abultamiento del padrón electoral en más de 31.000 de los 159.000 trabajadores representados, equivalente a un 36% del total de votos obtenidos por las listas y la elección de 10 consejeros que no cumplían con los requisitos para ser candidatos, porque las organizaciones que representaban no tenían sus cuotas al día.