Esta semana el presidente de la CPC extendió una invitación al Presidente de la República y al presidente del Senado a dialogar sobre los desafíos que enfrenta el mundo empresarial y reforzar la disposición de la nueva dirigencia empresarial para contribuir al desarrollo de mejores políticas públicas. A la cita acudieron los presidentes de rama y los máximos representantes de los principales grupos económicos del país.

Es fácil caer en la crítica simplista o dar por sentado este tipo de encuentros público-privados. Pero lo cierto es que son pocos los países que pueden darse el lujo de contar con una dirigencia empresarial comprometida con las demandas de la ciudadanía en una dimensión amplia, capaz de organizar un encuentro con las máximas autoridades políticas en un ambiente caracterizado por la amistad cívica y el genuino interés por destrabar las amarras que obstaculizan el desarrollo.

Es destacable, además, que el Presidente de la República y del Senado, a pesar de tener ideas políticas distintas, demuestren verdadera disposición a escuchar al sector privado -como un actor más- y a encontrar caminos de convergencia frente a las carencias que aún aquejan a la ciudadanía.

Más allá de las temáticas coyunturales, el sector privado liderado por la CPC ha manifestado su preocupación por el debilitamiento institucional que está viviendo el país.

El menoscabo que han sufrido instituciones claves estas semanas, son una señal de alerta que debe remecer a los líderes tanto del sector público como privado. Los países que permiten un debilitamiento institucional progresivo terminan olvidándose del desarrollo económico y con el tiempo se sumergen en un espiral ascendente de crisis políticas y sociales.

Bien lo saben diversos países de la región que no tuvieron líderes políticos y empresariales que advirtieran a tiempo las penosas consecuencias que a la larga terminaron sufriendo.

Por eso esta nueva etapa caracterizada por un espíritu colaborativo es la base para alcanzar acuerdos que permitan apurar el tranco en materia económica, evitando precarizar la competencia de los mercados o el rol que juega el Estado en la provisión de bienes y servicios públicos.

Este equilibrio se logra cuando todos los actores -tanto públicos como privados- están dispuestos a renunciar a sus válidos intereses y se esfuerzan por buscar soluciones que exceden al ámbito en que se desenvuelven.