En el pasado, Chile estuvo a la vanguardia en el diseño e implementación de herramientas tecnológicas que tuvieron alto impacto en la provisión eficiente de servicios públicos. La digitalización del pago de impuestos, la factura electrónica universal y el portal Chile Compra, entre otros, son ejemplos de políticas públicas exitosas que, por los cambios involucrados, fueron inicialmente de difícil asimilación, pero que hoy son valoradas por todos los actores e imitadas en varios países.

Han pasado muchos años desde la última innovación pública de impacto masivo, por lo que es tiempo de pensar qué cambios disruptivos pueden favorecer la contactabilidad entre las instituciones y las personas.

Los cambios abruptos que ha vivido la sociedad chilena nos obligan a pensar en soluciones que se adapten a esta nueva realidad. Tiempos de desplazamiento, cambios de vivienda producto de la movilidad social, sistemas de seguridad más sofisticados y residencia temporal en el exterior, son ejemplos de la dificultad que tienen los servicios públicos y las empresas para encontrar a las personas en sus hogares y entregarles documentación necesaria. La ciudadanía valora información oportuna de los organismos del Estado y las empresas en beneficios, como la entrega de subsidios y mejoras en los productos, pero también -debido a la responsabilidad inherente del chileno- valora la notificación a tiempo en materias impositivas, judiciales o contractuales.

Creemos oportuno avanzar en un proyecto-país que contribuya a solucionar estas dificultades, impulsando el domicilio legal electrónico. Esto, puede tener múltiples formas y, a modo de ejemplo, puede ser una casilla electrónica personal o, en su defecto, una provista por el Estado a través del Registro Civil, otorgada durante el proceso de renovación de la cédula de identidad -tal como se incluye actualmente el título profesional-, u otro organismo público. Esto podría convertirse en el primer paso para avanzar hacia la identidad digital tal como lo tiene, por ejemplo, Estonia.

Esta iniciativa, de muy bajo costo y de alto impacto país, resolvería los múltiples problemas que tienen tanto organismos públicos como las empresas para contactar a tiempo a los ciudadanos.

En el caso de las compañías, podría facilitar el envío de información formal, completar el proceso de contratación y toma de consentimiento -el que, con la implementación de la firma electrónica para documentos públicos, podrá cerrarse integralmente de manera remota- y materializar un largo anhelo de los consumidores: poner término a contratos en forma no presencial.

Para el Estado se simplificará la contactabilidad con los ciudadanos, abaratando el costo de notificaciones en materias tributarias, beneficios sociales e incluso en la elaboración de censos poblacionales.

Mejorar los niveles de productividad y modernizar el Estado, pasa necesariamente por reducir los costos de transacción en una economía. Creemos que la creación de un domicilio legal electrónico podría ser un buen punto de partida.