En Chile, y a partir del ordenamiento jurídico expresado en el Libro Tercero del Código Civil de Donaciones y Herencias que data del siglo XIX, todo lo relativo a donaciones se regula junto con las herencias. Entonces, para llevar a cabo una contribución voluntaria a cualquier Organización de la Sociedad Civil (OSC) sin fines de lucro, se debe responder a una serie de condicionamientos y pasos previos, los que dada su rigidez y costos adicionales terminan por complicar el otorgamiento de este aporte.

La primera dificultad para hacer una donación en Chile, y que deben enfrentar tanto las empresas como las personas naturales, es el trámite de insinuación judicial. Esto es una autorización mediante la cual un juez valida que por la vía de donaciones no se perjudica a sus potenciales herederos. La segunda dificultad es que el receptor de la donación -fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, entre otros- debe pagar un “impuesto a la donación”, con una tasa que aumenta progresivamente en la medida en que el vínculo filial es más lejano y cuyo tope máximo es un 25%, con un recargo de un 40% si se trata de una OSC.

Ante esta complejidad que supone el acto de donar, es que a partir de la década del 70, con la Ley de Catástrofe y más activamente desde 1990 con otras leyes como la de Donaciones Culturales y Donaciones Educacionales -1990 y 1993, respectivamente-, los distintos gobiernos han ido creando normas específicas para determinados eventos o sectores, las que al eximir al donante del trámite judicial, al beneficiado del impuesto a la donación y, a la par, crear incentivos tributarios para quienes donen, terminan por actuar como una especie de “excepción” del reglamento marco.

Sin embargo, esta práctica de legislaciones por sector o por evento ha traído como consecuencia que actualmente existan más de 60 cuerpos legales que regulan las donaciones, y cerca de 10 leyes principales con incentivos para áreas específicas, sin interrelación entre sí. Eso es lo que precisamente motivó a un grupo de expertos de distintas tendencias políticas a elaborar en conjunto el documento “Propuesta para una ley general orientada a impulsar las donaciones y fortalecer la sociedad civil”.

La propuesta fue elaborada por la directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Magdalena Aninat, junto con la presidenta de Fundación Chile 21, Gloria de la Fuente; la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre; el consejero de la Fundación para el Progreso (FPP), Armando Holzapfel; la directora de Espacio Público, Victoria Hurtado; el director ejecutivo de Horizontal, Sebastián Izquierdo, y la cofundadora de Un Camino Posible, Javiera Parada.

El documento plantea una serie de principios fundamentales para avanzar hacia un nuevo marco legal integral para las donaciones, cuyo eje central esté orientado a impulsar estos aportes voluntarios y fortalecer el rol de la sociedad civil. Para dimensionar el por qué es tan necesario avanzar en estas materias, el estudio muestra que, si bien en el último tiempo las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro han crecido más del 8% anual, las donaciones se han estancado en un margen que fluctúa entre los $ 154 mil millones en 2015 y $ 160 mil millones en 2019. “Es necesario ampliar la gama de participantes en el sistema, eliminando los desincentivos que la misma estructura de procedimientos genera, y acabar con la incerteza sobre el marco jurídico que generan la existencia de tantas normas, porque esto lo único que hace es que dificulta que existan más donantes y más organizaciones que reciban donaciones”, apunta Magdalena Aninat.

Por eso mismo y pensando en el contexto de la pandemia y el crecimiento de organizaciones de la sociedad civil de la última década, es que el documento de los 7 expertos en colaboración con Cieplan, el Centro Comunidad y Democracia (CDC), Instituto Libertad, Idea País, y Fundación Piensa, plantea tres elementos fundamentales que no pueden faltar en una nueva ley general de donaciones.

Lo primero es que debe ser simple en su articulado y aplicación, inclusiva en términos del universo de donantes, y ampliación de los fines y tipo de donantes hasta ahora excluidos del sistema. Que sea inclusiva, señala Sebastián Izquierdo, quiere decir que “las causas elegibles sean más amplias, por lo que los incentivos tributarios aplicarían a una mayor cantidad de organizaciones”. El último elemento, en tanto, apunta a la confiabilidad.

Sobre este último, Aninat mira con preocupación “la poca transparencia que hoy día existe en el sistema y lo duro que es dar con cifras concretas”. Por lo mismo, el documento sugiere establecer una regla que obligue a las organizaciones a rendir cuenta de las donaciones que reciben, “lo que a su vez conferirá un grado de transparencia que hoy día escasea”, dice.

“En este punto, el rol supervisor del Estado es importante, pero también es necesario que asuma un papel interventor y actúe como promotor del sistema, con programas de política pública que fortalezcan la capacidad de levantar donaciones de las OSC e incentive el buen uso del sistema”, agrega Javiera Parada.

En suma, el documento señala que avanzar en una legislación integrada como la de países del tipo de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, permitiría democratizar y ampliar la base de donantes y también de organizaciones de la sociedad civil que puedan participar del sistema, las que podrían recibir mayores donaciones y contar, además, con beneficios tributarios acordes a los estándares de los países Ocde.

Sin embargo, lo que sí estaría por verse, según consignan los expertos, es si habrá voluntad política para avanzar en una ley integral como la de estos países, o “si vamos a caer en lo mismo de siempre, que es avanzar en legislaciones hechas a la medida para un evento puntual y no para resolver el problema de fondo”.

Ese, dicen, es el mayor desafío.