Los denominados planes de empleo de emergencia han tendido a disminuir a medida que el mercado laboral ha mejorado. Sin embargo, ese descenso no ha sido parejo. El informe del primer trimestre sobre "Programas de empleo con apoyo fiscal" en el ítem Programa de Inversión en la Comunidad, publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), muestra que el Biobío concentra el 72% de los empleos de emergencia del país. Es decir, actualmente se están desarrollando 15.367 trabajos de este tipo en la VIII Región, mientras que a nivel nacional suman 21.238. La segunda región con mayor cantidad de empleos de emergencia es La Araucanía, con 1.966 puestos.

Este tipo de empleos, que son "trabajos precarios" por los bajos sueldos, y supuestamente "transitorios", porque sólo deberían responder a una mala coyuntura económica, han mostrado una sorprendente permanencia. Están normados en la partida del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos y en la Ley de

Responsabilidad Fiscal

Esta última, aprobada en 2006, en su artículo 10, señala que este programa de contingencia, que son los empleos de emergencia, "operarán cuando la tasa nacional de desempleo trimestral, calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), exceda el promedio de dicha tasa correspondiente a los 5 años anteriores publicados por dicho instituto o cuando la tasa de desempleo trimestral sea igual o superior al 10%". Desde 2012 a la fecha la tasa de desempleo del Biobío no ha superado el 9% y actualmente presenta una tasa de 7,2%, superada por 8 regiones del país. Además, el promedio de los últimos cinco años es 7,6%. A tal ha llegado el problema en la región que incluso han logrado que a dichos trabajadores se les paguen aguinaldos de Fiestas Patrias y se consideren los reajustes del sector público.

No hay nada que justifique que se mantenga ese nivel de empleo de emergencia, por lo que lo mencionado por la actual autoridad de revisar dichos programas es una buena noticia. Se requiere terminar con una práctica que más parece un favor o presión política que un beneficio originado de una política de largo plazo del Estado.