Es una propuesta que el propio ministro de Economía, Nicolás Grau, la califica de ambiciosa y la define también como el “proyecto más importante de este año” de su cartera. Se trata de una iniciativa que está en su etapa final de elaboración y que esperan ingresar a mediados del segundo semestre al Congreso para su discusión legislativa.
De acuerdo a lo señalado por el titular de Economía, se trata de “una reforma estructural al sistema de permisos sectoriales” que vienen después de que los proyectos de inversión hayan aprobado los requerimientos ambientales. Estos permisos son todos aquellos que las empresas deben solicitar a los distintos ministerios o servicios del Estado y que en la actualidad suman en torno a 500.
“Son permisos que están totalmente desestructurados y en muchos casos hay un traslape entre ellos”, dice Grau, quien además puntualiza que hoy “no hay ninguna institución en el Estado que tenga la potestad de velar porque se cumplan los tiempos o exigirles a los servicios que cumplan los tiempos que están estipulados”.
El secretario de Estado explica que el actual sistema de permisos se “fue armando sobre la marcha y por ello empezaron a aparecer distintos permisos sectoriales en salud, monumentos nacionales, fuerzas armadas, de los municipios, de diversos ámbitos, que nunca se ha hecho un diseño”.
Esto ha provocado que muchas veces se dupliquen tales permisos, porque no hay una información centralizada y existe falta de coordinación entre los distintos servicios públicos.
De hecho, actualmente los permisos que se piden cambian según sector y tipo de proyecto. Por ejemplo, para el caso de una inversión en construcción se requiere de una patente municipal, o permisos en el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) si la iniciativa es agrícola.
Detalles de la iniciativa
Uno de los focos centrales que tendrá este proyecto es que se buscará reducir el número de trámites que se solicitan, pero esto no necesariamente significa que se vayan a eliminar, sino que se buscará fusionar con otros que apuntan al mismo objetivo. “La idea es que haya tiempos estipulados promedio para los proyectos de inversión”, comenta Grau.
Desde Economía detallan que una fórmula es que para los proyectos más riesgosos haya un determinado número de permisos y cantidad de días de demora para esos trámites, y que para los proyectos de inversión menos riesgos la cantidad de permisos sean menores y, por ende, exista un menor tiempo de espera.
Además, al momento de que la empresa vaya a solicitar el permiso, le dirán el tiempo promedio que se demorará esa tramitación. De esa manera, se buscará entregar certezas y alivianar costos para quienes vayan a invertir.
En este contexto, por ejemplo, la cantidad de permisos que necesitan proyectos como Dominga o Los Bronces, no son los mismos que un proyecto de construcción de un edificio de cinco pisos, sostienen en el gobierno. De acuerdo a Economía, eso es lo que se buscará con esta selección de proyectos por tamaño, por lo que es posible que inversiones de un mismo sector productivo, pero de distinto tamaño y envergadura, tendrán distintos tipos de permisos y tiempos de demora.
Desde el Ejecutivo explican que actualmente en la tramitación de estos permisos participan 12 ministerios y 50 servicios, pero no hay una entidad que coordine. Ahora el rol coordinador o articulador lo tendrá el Ministerio de Economía, pero los servicios serán quienes mantendrán la tarea de entregar los permisos.
El objetivo de este cambio es acelerar la inversión privada y generar un mejor “clima” para su impulso, enfatizan en el gobierno, pero también buscan un efecto global, puesto que el país requiere de la materialización de proyectos para alcanzar algunas metas que se han definido, señalan. Entre ellas el Ejecutivo menciona la idea de lograr la carbono neutralidad, o para acotar la brecha habitacional.