Luego que las asociaciones de consumidores plantearan su rechazo a un instructivo de fiscalización emanado por el Ministerio de Economía (durante la gestión de José Ramón Valente) y publicado en el Diario Oficial, en junio pasado, el ministro Juan Andrés Fontaine se reunió ayer con los representantes de las principales asociaciones de consumidores para analizar las eventuales modificaciones a dicho documento.
En la instancia, se acordó que en un plazo de 30 días, las agrupaciones presentarán una propuesta de documento que "acogiendo la obligación que nos impone la ley de fiscalizar su comportamiento, no provoque esas dificultades que me han planteado que ocasionaría el instructivo. Recibidas esas propuestas, haremos una evaluación, estableceremos una mesa de trabajo y haremos las modificaciones correspondientes", indicó el ministro Fontaine.
Tras el encuentro, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, valoró la disposición al diálogo y sostuvo que durante los próximos días las asociaciones se reunirán para consensuar posturas respecto de la propuesta que presentarán a Economía.
Los principales reparos con el actual documento se refieren a la obligatoriedad no solo de tener los libros contables, sino a contratar auditorías externas y publicar las nóminas completas de votaciones, socios y los nombres y honorarios pagados a sus asesores legales, lo que a juicio de las asociaciones extralimita la función del ministerio.
Cabe recordar que este instructivo deriva de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, aprobada en 2017, que establece nuevas normas para el funcionamiento y fiscalización de las asociaciones de consumidores.