Economista jefa de Quiñenco: “Hace 15 años que hay conciencia del problema de las pensiones, pero todavía no le damos solución. Chile está pagando caro esa demora”
Andrea Tokman afirma que “necesitamos un sistema político responsable y con capacidad de liderar al país hacia un destino común donde todos estén mejor”. Sostiene que una vez superada la pandemia “el rol del Estado aumentará y es de esperar que lo haga también su capacidad y eficiencia”.
Crítica al avance que ha tenido el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Esa es la postura que tiene la economista jefa de Quiñenco, Andrea Tokman. Si bien afirma que hace tiempo que el sistema previsional debió haber tenido una reforma estructural, el avanzar en esta dirección no es la mejor opción.
¿Qué factores explican o podrían explicar la situación actual, donde la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley que busca retirar el 10% de los fondos de pensiones?
-A nadie le gusta ahorrar para la vejez, por eso es obligatorio, y por lo mismo las propuestas para evitarlo son populares. Creo que el avance de esta iniciativa poco tiene que ver con la necesidad actual de las personas, que se vería mejor cubierta por los otros programas de ayuda estatal, sino que es el reflejo del deterioro de la institucionalidad política actual.
¿Cree que el gobierno ha llegado tarde con las medidas para ayudar a paliar la falta de ingreso de los sectores medios y bajos y que esto hizo que avanzara este otro proyecto del retiro de fondos de pensiones?
-Mirando por el retrovisor, con el diario de mañana, siempre se podría haber hecho más y antes. El diagnóstico ha ido cambiando y con ello las diferentes ayudas. Esta crisis ha sido más fuerte y duradera de lo esperado, las necesidades de las personas también. En marzo nadie pensaba que hoy seguiríamos en cuarentena y que viviríamos la peor recesión de los últimos 35 años. En todo el mundo los paquetes de ayuda han sido varios sucesivos, en EEUU están negociando el quinto paquete. En Chile, hace menos de un mes se acordó con todos los partidos aumentar la cobertura, plazos y montos del Ingreso Familiar de Emergencia y de la Ley de Protección al Empleo. Eso no quita que la implementación ha tenido dificultades, y que es absolutamente necesario mejorar el proceso completo de generación de las políticas públicas desde el diseño hasta la ejecución.
Se ha planteado que si el gobierno hubiera presentado una renta básica universal desde un comienzo, este tema no hubiera prosperado, ¿lo cree así?
-No creo que este proyecto tenga mucho que ver con la velocidad de la ayuda. Si fuera así, se enfocaría solo en quienes realmente lo necesitan, en lugar de dar mayores beneficios, incluso tributarios, a quienes más tienen. Además, una renta básica universal divide los recursos entre más personas y a cada una le llega menos, aun cuando el Fisco recupere más adelante parte de lo que aportó por la vía de impuestos. Destinar los recursos disponibles hoy para ayudar a los que más sufren es lo más apropiado.
En ese sentido, ¿cuál es su evaluación del plan clase media anunciado?
-Si se ejecuta rápidamente será una enorme ayuda para muchas personas que hoy están en condiciones muy complicadas. Para las personas que han visto sus ingresos caer, el conjunto de medidas propuestas son mucho más convenientes que utilizar sus ahorros previsionales, empeorando sus futuras pensiones y engrosando el gasto fiscal en un futuro cercano cuando estaremos necesitándolo para curar cicatrices de esta crisis y armar el colchón necesario para la siguiente.
Lo que se percibe es que más allá de si es buen o malo el retiro de fondos, la ciudadanía tiene una “rabia” contra las AFP responsabilizándolas de las bajas pensiones y que ninguna política adicional que pueda presentar el gobierno será suficiente. ¿Ve que esto es consecuencia de que ningún gobierno se hizo cargo de este tema con una reforma más profunda al sistema?
-No hay duda que hace muchos años el sistema de pensiones requiere una reforma estructural urgente, que claramente no es ésta. Esa reforma puede dar o no continuidad a las AFP, que hoy no cuentan con el aprecio de la mayoría de las personas, pero la capitalización individual debiera mantenerse, fortaleciendo el sistema mixto que tenemos y evitando que se agraven los duros efectos de esta crisis, condenando a las personas a recibir pensiones más bajas de lo que ya son hoy. Un sistema de reparto tampoco es una solución sostenible para mejorar pensiones. Lamentablemente, desde hace algún tiempo los eslóganes han sustituido el análisis riguroso que se requiere para la formulación de políticas públicas responsables. Repetir consignas es mucho más fácil y popular que mejorar las pensiones sosteniblemente, con intervenciones potentes en el mercado laboral que mejoren los ingresos y estabilidad de estos, aumenten la edad de jubilación o la tasa de cotización, por mencionar algunas. Hace al menos 15 años, desde la Comisión Marcel, que hay conciencia del problema de las pensiones, pero todavía no le damos solución. Chile está pagando caro esa demora.
Por otro lado, está la visión de que se instaló el populismo en la política chilena y que no se está escuchando las voces de los técnicos. ¿Pueden comenzar a aflorar con mayor grado medidas de este tipo que no sean validadas técnicamente?
-Necesitamos un sistema político responsable y con capacidad de liderar al país hacia un destino común donde todos estén mejor, y que impulse medidas responsables, con liderazgo y sustento técnico, aunque no sean populares. Espero que todo el dolor de esta crisis no sea en vano y surjan líderes y voluntades para comenzar un distinto y mejor camino.
¿A qué cree que responde este cambio en la forma de legislar? ¿tiene que ver con la mayor diversidad que hay en el Congreso?
-Al contrario, la diversidad es siempre un aporte para el país y el sistema político, siempre que haya disposición a escuchar de verdad las posiciones de cada uno, sin denigrar ni amenazar, de buena fe. Sin prejuicios y con menos voluntarismo, más respaldo técnico y más responsabilidad que la que hemos visto hace ya un buen tiempo.
Algunos parlamentarios y analistas políticos afirman que el avance del retiro de fondos de pensiones va más allá de buscar una ayuda a los sectores de clase media y que es un símbolo de una derrota al sistema neoliberal. ¿Qué lectura hace usted?
-Es otra demostración más de que las cosas no andan bien. El debate ha carecido de argumentos y es grave que se celebre el que hayamos quebrado las reglas de la institucionalidad existente o que lo hagamos por la fuerza más que por la razón. Teniendo en curso un proceso constituyente que puede cambiar las reglas del juego, es un pésimo precedente que las autoridades rompan las normas que rigen hoy. ¿Cómo las mismas autoridades van a exigir que el ciudadano cumpla las reglas actuales o futuras?
Esta semana hubo algunas incipientes manifestaciones sociales y hechos delictuales que nos recordaron los meses del estallido social. ¿Cómo se debería enfrentar un “estallido social 2.0?
-Dar seguridad a la ciudadanía es un piso mínimo. El país ha cambiado desde octubre de 2019. Somos más pobres, más desiguales, y creo que mucho más conscientes de ello. Espero que esta sea la semilla necesaria para empezar una reconstrucción social mirando hacia adelante, reconociendo que el pasado no lo podemos cambiar, pero que el futuro depende de nosotros y que será mejor si nadie se resta ni es excluido.
En ese sentido, ¿cómo ve a Chile post pandemia? ¿habrá un giro en el modelo de desarrollo?
-El modelo está siempre cambiando, en constante evolución. Debe ir anticipando los problemas y las formas de resolverlos y ajustarse a la realidad. Algunas tendencias prepandemia que requerían soluciones con más participación del Estado y colaboración de los privados, como es la reconversión de trabajadores desplazados o las mejoras en sistemas de salud o educación pública, se acelerarán. El rol del Estado aumentará y es de esperar que lo haga también su capacidad y eficiencia.
Patricio Meller, de Cieplan, planteó que el modelo de desarrollo de Chile será más parecido a una social democracia y que quedará atrás el neoliberalismo. ¿Cuál es su posición al respecto?
-No me gustan mucho esas etiquetas, prefiero que cada uno le ponga el nombre que quiera, pero avancemos juntos para poner al día nuestro modelo de desarrollo. En todo el mundo, esta crisis sin duda ha desnudado muchas vulnerabilidades y aumentado otras que solo se pueden enfrentar mediante una colaboración estrecha entre empresas, personas y Estado, con una visión de responsabilidad compartida. Ese debería ser el sello de la siguiente etapa de desarrollo. Colaboración, no polarización.
En términos fiscales, el plan del gobierno considera un deterioro en las cuentas fiscales. Se espera que la deuda pública suba hasta 48% del PIB para luego estabilizarse en 45% del PIB. ¿Cómo ve este escenario y qué tan complejo será para el país volver a estabilizar la situación fiscal?
-La situación fiscal es extremadamente complicada, como la crisis que enfrentamos. En este momento es relevante hacer todo lo necesario para minimizar su impacto y salir lo más rápido posible, pero con el compromiso de retomar el camino de la disciplina fiscal. Eso incluye el diseño de instrumentos transitorios, de acuerdos amplios para retomar la responsabilidad y nuevas métricas de cómo lo lograremos y mediremos. Esta no será la última crisis que enfrentemos y tener espacio fiscal para tomar medidas es lo que nos ha diferenciado de la mayoría de nuestros vecinos y es lo que hará que salgamos menos golpeados de ella.
¿Ve probable que para la elección presidencial de 2021 aparezca el debate de una nueva reforma tributaria?
-Probablemente así será. Solo espero que sea un debate basado en información y que con la ayuda de técnicos de distintas tendencias, se busque un sistema que recaude del modo más eficiente posible, preservando la progresividad y equidad, sin hipotecar crecimiento futuro. Espero que no sea mucho pedir.
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