La negociación por el reajuste del sector público de este año empieza a tomar forma. Al menos de parte de las 16 organizaciones de funcionarios fiscales que participan en la negociación con el gobierno ya hay algunas definiciones. La principal es que pedirán un incremento salarial de 7,5% nominal. Con esto apuntan a un alza real de 3% por sobre la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación, la que sitúan en 4,5% para el período.
La premura del sector público por fijar una cifra se debe a que buscan adelantar la discusión para no llegar con los plazos justos para el envío del proyecto de ley. Esto, considerando que se trata de una negociación que siempre es compleja. El reajuste salarial debe ingresar al Congreso a mediados de noviembre y estar aprobado antes del 1 de diciembre. De hecho, ya tienen fijadas para este jueves y el próximo martes sus dos últimas reuniones internas, para luego pedirle al gobierno iniciar la negociación formal la primera semana de noviembre.
Este aumento de las remuneraciones beneficia a unos 800 mil trabajadores en el sector público, y abarca distintos ítems como aguinaldos, pensionados, bono de invierno, entre otros.
En la negociación del año pasado los trabajadores partieron demandando un reajuste de 6,5%, pero finalmente la cifra acordada fue de 4,3%.
Visión de los expertos
Sobre esa base, a juicio de varios economistas consultados el incremento que plantearán esta vez los gremios públicos es excesiva y advierten que un alza de esa magnitud no es factible de pagar por parte del Ministerio de Hacienda, tanto por presión fiscal como por presión inflacionaria.
Al respecto, Alejandro Fernández, economista y socio de Gemines Consultores, afirma que “un reajuste de 7,5% significa que, en promedio, las remuneraciones reales (ajustadas por inflación) del sector público en 2025 aumentarían más de 3%. Desde 1998 nunca un reajuste del sector público ha sido tan significativo, por lo que esto ya muestra que la propuesta es muy elevada y excesiva”.
En esa línea, agrega que “considerando lo anterior y dado que la situación fiscal es bastante estrecha, creo que el gobierno no puede aceptarla y que un reajuste razonable no puede exceder el 4%”.
Por su parte, Juan Bravo, director del OCEC-UDP, argumenta que “la productividad laboral en Chile no está creciendo, por lo que desde el punto de vista técnico no existen fundamentos económicos para un reajuste superior a la inflación”.
Además, menciona que “si bien el foco suele estar en el monto del reajuste, también se debe considerar que en el ítem del gasto público en personal también influyen los eventuales beneficios y asignaciones adicionales que usualmente son parte de estas negociaciones”.
Macarena García, economista de LyD, dice que “un reajuste de esa magnitud está completamente fuera de la realidad en que estamos viviendo”. Argumenta que “no hay recursos fiscales. El gasto en personal representa el 20% del total del gasto público. Es la segunda partida más importante después de los subsidios”.
Lo otro que menciona la experta es que “no está acorde al aumento de productividad del sector público. Si se espera que la inflación del próximo año sea 4,2%, el aumento de 7,5% lleva implícito un aumento real de más de 3%. Este aumento real debiera estar acorde con un aumento de la productividad del sector. Sin embargo, difícilmente se puede argumentar que este sector aumentará en más de 3% su productividad”.
En tanto, el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, considera que el espacio fiscal es demasiado reducido. “El problema es que la situación fiscal para los próximos años es estrecha, donde los gastos comprometidos ya son levemente superiores a los ingresos estimados para 2026 en adelante”, detalla el economista. Para Pincheira, un reajuste razonable debe estar más cercano a la inflación proyectada para fin de año, de 4% aproximadamente.
Mientras que Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, subraya que “es un reajuste bastante alto, incluso bastante por sobre la inflación acumulada en los últimos 12 meses (4,1%), lo que, sin duda, de otorgarse, presionaría aún más las cuentas fiscales y generaría mayores presiones inflacionarias por el lado de los salarios”. El experto añade que es probable que esta propuesta venga “con el tejo pasado, como suele ocurrir en estos casos, y que a partir de esto se negocie un reajuste menor”.
Finalmente, Natalia Aránguiz, jefa de Estudios de Aurea Group, puntualiza que “las consecuencias del alza propuesta son incongruentes con la meta de alcanzar un déficit estructural de 1,1% del PIB en 2025. Debemos tener en cuenta que la partida de ‘personal’ representa cerca del 19% del gasto total de gobierno, por tanto, un incremento en este ítem de un 7,5% nominal, presiona de forma importante el costo total, y dada nuestra congelada economía, el efecto de esto es mayor deuda”.
Los expertos afirman, además, que si se miran las estimaciones del mercado que entrega la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, se espera un aumento de 0,6% para el IPC de octubre y de 0,3% para noviembre, con lo cual la inflación en 12 meses llegaría a 3,8% en noviembre, siendo menor al cálculo de 4,5% que considera el sector público.
