El crecimiento del gasto público de 4,2% que tendrá el Presupuesto en 2023 y los énfasis en inversión y en seguridad ciudadana y social, fueron bien recibidos por los expertos, quienes coinciden, en su mayoría, que esta expansión es positiva para ayudar a la actividad económica que se contraerá el próximo año. No obstante, algunos plantean que este nivel de gasto fiscal llevará a que la deuda pública supere el 40% del PIB el próximo año.
Claudio Soto, economista jefe de Banco Santander, afirma que “el crecimiento del gasto de 4,2% es coherente con la estrategia fiscal que contempla un aumento del déficit estructural el 2023 hasta 2,6% del PIB, luego que en 2022 se alcance una situación de balance estructural. Con esta expansión del gasto estimo que el déficit efectivo del próximo año llegará a entre 3% y 3,5% del PIB, en tanto que la deuda se empinará hasta cerca de 43% del PIB”.
No obstante, añade que “la composición del gasto es razonable, porque se destinan recursos tanto a la inversión pública, para apuntalar el crecimiento y el empleo, como a la seguridad social. Es destacable el énfasis que se hace respecto del gasto en seguridad pública, lo cual apunta a un giro en los ejes programáticos del gobierno”.
Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, sostiene que el 4,2% es “una cifra algo mayor a la que permite una rápida estabilización de la deuda pública sobre PIB. Se entiende que parte de ese mayor gasto responde a la necesidad de dar apoyos a familias vulnerables en un año que se reconoce será complejo, pero da cuenta, desde nuestra perspectiva, de que la deuda pública convergería hacia niveles más altos de los que se proyectaba y esto, por cierto, tendría costos, reconociendo una economía más vulnerable”. Para Lehmann, eso sí, es positivo que el gasto “se focalice en inversión pública. Ello permite hacer frente de mejor manera al escenario económico que depara 2023 y permite reforzar la infraestructura y competitividad de la economía”.
Otra visión entrega Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, quien argumenta que “se valora que en este contexto se busque reactivar la economía a través de la inversión pública y privada, es decir, habría preocupación por la composición del gasto, generando reasignaciones, controlando el gasto total de forma de no profundizar los desequilibrios macroeconómicos”. Sin embargo, pone el acento en los problemas que ha tenido la inversión pública para ejecutarse este año. “Es de esperar que puedan poner en ejecución lo presupuestado”, plantea.
Con todo, García asevera que “para una correcta evaluación del gasto total se requiere saber cuál es el balance estructural del próximo año y cómo se enmarca este en la trayectoria de consolidación fiscal a la cual este gobierno se comprometió hacia el 2026″.
Cristóbal Gamboni, economista senior del OCEC-UDP, comenta que “el gobierno decide mantenerse a medio camino entre avanzar más rápido en la convergencia fiscal, pero apuntalando la economía en un año que es recesivo”. En ese sentido, asegura que “el crecimiento de la inversión pública de 5,5% en comparación al Presupuesto 2022 es relevante, ya que lo más probable es que este año haya una subejecución importante, por lo tanto, ese crecimiento de 5,5% será mayor respecto al gasto ejecutado en inversión pública. Eso está bien dado que es un año recesivo”.
Por su parte, Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, manifiesta que “el próximo año se requeriría una ayuda importante de la inversión pública, por lo tanto, invertir en inversión pública permitirá apoyar la inversión privada, porque además está ligado a la creación de empleo”.
