Complejo, pero no imposible. Eso es lo que mencionan los economistas a la hora de analizar la evolución que deberá seguir el gasto público en la segunda parte del año si es que el gobierno quiere cumplir su propia estimación de crecimiento del erario fiscal que proyectó en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre presentado por Hacienda y la Dirección de Presupuestos ante el Senado.

En ese informe, que se conoció a mediados de la semana pasada, la proyección del gasto para 2023 fue de $70.793.747 millones lo que representa un aumento de $29.650 millones con respecto al gasto presentado en el informe anterior. Esto se traduce en un alza de 0,7% en lugar del 0,6% estimado en el informe anterior. Todo esto con respecto a la ejecución de 2022.

De acuerdo a ese texto, esta actualización es consecuencia de la implementación de medidas asociadas a gastos de emergencia del Ministerio del Interior, habitabilidad y vivienda, rehabilitación productiva y apoyo al gasto en emergencia a municipios producto de las emergencias producidas por las recientes lluvias que afectaron el país.

Dado este escenario, el informe de Hacienda resaltó que utilizando el nivel de gastos proyectados para 2023, junto con la actualización de las proyecciones de ingresos efectivos, y de acuerdo con el escenario macroeconómico actualizado, se estima un déficit efectivo de $5.303.501 millones, equivalente a 1,9% del PIB proyectado para este año, lo que es además un 0,3 punto porcentual del PIB mayor a lo estimado en el Informe previo.

¿Por qué es complejo? Primero porque a mayo se acumula un crecimiento real de 7,9% respecto del mismo período del año anterior, explicado por gasto corriente (gasto que afecta el patrimonio neto) y el gasto de capital (gasto presupuestario en activos no financieros) que aumentaron 7,7% y 9,7% real, respectivamente, y lo segundo se debe a que históricamente durante la segunda parte del año la ejecución del gasto, en promedio, es mayor que los primeros meses.

De esta manera, para lograr ese 0,7% de alza, en el segundo semestre la caída del gasto debería fluctuar entre 3% y 4,5%.

Macarena García, economista de LyD menciona que con el gasto total que se tiene presupuestado para este año sí se alcanza a cumplir la meta de crecimiento de 0,7% para este año, pero para ello “el gasto tendría que caer en torno a 3% en lo que queda del año”. Para la experta, “esto no sería difícil de lograr, ya que el gasto del año pasado fue acelerándose a medida que transcurría el año, alcanzando una gran ejecución en diciembre pasado (14,1% del presupuesto total), por tanto, hay una gran base de comparación para lo que queda de este año.”.

Alejandro Fernández, economista de Gemines consultores puntualiza que se deben mencionar dos aspectos: por una parte, menciona que está el efecto de “la extensión de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que está agregando gasto de manera importante respecto al año pasado. Ese efecto desaparece en agosto, ya que en ese mes del año pasado se expandió al resto de la población beneficiaria”.

El otro factor que menciona Fernández es que “se ha ejecutado un porcentaje mayor del gasto este año que en 2022. Entonces, si bien es cierto que el gasto debe caer entre junio y diciembre respecto a igual período del año pasado, ello es teóricamente factible con un gasto cayendo alrededor de 3,5% en los siete meses que faltan”.

El investigador de Clapes UC, Luis Gonzales, subraya que “considerando que a mayo tenemos un crecimiento real del gasto de 7,9% y que la meta anual es 0,7% en términos reales, es necesario una contracción de 4,5% de gasto total, eso quiere decir gasto corriente e Inversión, en lo que queda del año para cumplir la meta”.

Impacto acotado en la actividad

La desaceleración del gasto público en lo que resta del 2023 no tendría un impacto mayor en la actividad económica, dicen los expertos. No obstante, ponen una nota de cautela en cuanto a qué tipo de gasto es el que se frenará en mayor medida. Esto porque indican que el gasto corriente es el que se debe contraer más fuertemente en relación al gasto de capital, que se relaciona con la inversión.

Ese es precisamente el argumento que levanta García quien sostiene que el impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) “dependerá de cómo se concentre el gasto en lo que queda del año, pero no debiera afectar mucho ya que esta caída que se espera en el gasto se explica por el nivel elevado del año pasado”. No obstante, apunta que “siempre es mejor una política fiscal cuya trayectoria no tenga saltos importantes para efectivamente no afectar la actividad económica por lo que esperamos que la ejecución siga aumentando suavemente hasta completar el presupuesto”.

Juan Ortiz, economista senior del OCEC-UDP asevera que la desaceleración del gasto para la segunda mitad del año, tendría un impacto acotado en el escenario macro. “Esta dinámica está internalizada en las proyecciones de crecimiento anual del PIB trimestral por parte de los agentes económicos”. En ese sentido, añade que “la incidencia del consumo público es acotada, dado que representa cerca de un 15% del PIB, mientras que la inversión pública asciende aproximadamente a un 20% o 25% del total de inversión”. Por lo tanto, enfatiza que “lo fundamental es cumplir con una ejecución eficiente del gasto, especialmente lo concerniente al gasto de capital para apoyar el dinamismo de la inversión de la economía, dado el deterioro de las proyecciones de inversión privada para este año”.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, comenta que “la actividad económica en lo que viene seguirá siendo débil y las perspectivas en materia fiscal están incorporadas. De cualquier manera, la recuperación económica hacia los próximos trimestres vendrá del lado de la política monetaria, con recortes importantes de la tasa de referencia”.