El gobierno finalmente anunció la agenda social con la que espera destrabar las movilizaciones y descomprimir el ambiente de descontento social. Para lograrlo, el plan de medidas anunciadas tiene un costo fiscal de US$1.200 millones.
El anuncio fue bien recibido tanto por los economistas como por el sector empresarial. Los primeros valoraron la apertura del gobierno a sintonizar con las demandas de la ciudadanía, especialmente en pensiones y el aumento del ingreso mínimo a $350 mil.
Ricardo Paredes, economista y rector del Duoc UC comentó que "se trata de un paquete de medidas muy potentes, con fuerte acento distributivo. En primer lugar, la mejora de la pensión básica solidaria con efecto inmediato, y la definición de un mecanismo de aumento de ingresos a quienes ganan menos de 350.000 sin que ello implique costo empresa y por ende, efecto empleo, es muy importante".
El experto aseveró que "la redistribución de ingresos entre municipios me parece de enorme importancia. Se privilegia la distribución posiblemente por sobre un análisis eficientista".
Paredes también sostuvo que "hay una mirada correcta, que por cierto requiere aterrizar, sobre la institucionalidad que esperamos de mayor legitimidad a la labor del parlamento".
Hernán Frigolett, académico de la Universidad de Los Lagos puntualizó que "se está atendiendo por la vía de ingresos las demandas de las familias. La tasa es significativa, pero son apenas $22 mil. Hay que fijarse en un estándar donde las personas que reciben pensiones solidarias queden por sobre la línea de pobreza y eso implica al menos $150 mil al menos. Estamos a mitad de camino de los mínimos: hay que ser más exigentes. En APS el ajuste también se queda corto.
Respecto del nuevo tramo, el economista dijo que "quiero entender que esto significa que no hay reintegración, por si se mantiene, esto significa que la tasa del 40% es muy marginal lo que va a recaudar".
Macarena García, economista de LyD indicó que "el escenario era exigente, y una política más restringida en gasto habría sido imposible. Son medidas buenas, son medidas caras, son necesarias y probablemente en otras condiciones se habrían tomado en un mayor plazo".
Para García, "claramente va a venir por uno o dos años del cumplimiento de la meta fiscal, lo que importa es que se vuelva a buscar nuevamente un ancla en la meta".
Desde Hacienda señalan que la idea es incluir la creación de este nuevo tramo como indicación en el proyecto de reforma tributaria en discusión, pero que eso se terminará de afinar en el corto plazo.
El sector empresarial valoró el anuncio
En ese sentido, el presidente de la CPC, Alfonso Swett, valoro la agenda social presentada por el gobierno: "Se ha presentado un paquete profundo de medidas, habiendo escuchado con atención cada una de las demandas de la ciudadanía. Apoyaremos todo lo que vaya por el camino de soluciones concretas para los que han estado postergados y para la clase media". Mientras que el timonel de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, acotó "que esta agenda aborda diversos aspectos que son del mayor interés para las familias chilenas, como es el caso de las pensiones, la salud, el precio de los medicamentos y los servicios básicos, las contribuciones, etc., y que debiera permitir encauzar el debate que existe en nuestra sociedad por las vías institucionales".