El gobierno definió, en las indicaciones que ingresó este viernes a la ley corta de isapres que se tramita en la Comisión de Salud del Senado, una nueva fórmula para poner en marcha el fallo que dictó hace casi un año la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Estos cambios implican que la deuda de las isapres con sus afiliados quedaría en cerca de US$1.000 millones. Esto es más del doble que los US$451 millones que habían propuesto los expertos, y es menor que los US$1.400 millones que había calculado la Superintendencia de Salud.
La razón principal por la cual el tamaño de la deuda es más del doble que lo calculado por los técnicos, es porque el gobierno no acogió la llamada mutualización que propusieron los expertos, medida que apuntaba a que, para calcular los pagos hechos en exceso por el no uso de la tabla única de factores, se consideren los efectos que habría tenido su uso sobre el total del sistema, y no los efectos individuales.
Esa idea de aplicar el fallo con mutualización, si bien fue propuesta por el comité de expertos que trabajó al alero de la Comisión de Salud del Senado surgió antes, cuando en mayo Espacio Público publicó una propuesta titulada “Crisis de las isapres: vías de solución para un problema crónico”.
Uno de los autores de esa iniciativa fue el ingeniero civil industrial Eduardo Bitran, quien es director de Espacio Público. El también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez apoya la propuesta de los técnicos, donde Espacio Público fue representado por su presidenta, Paula Benavides, y no está de acuerdo con las indicaciones que ingresó el gobierno este viernes, que no acogieron la idea de mutualización, según argumentó el ministro de Justicia, Luis Cordero, por una razón que “es estrictamente jurídica (...) Los efectos de mutualización podrían provocar el incumplimiento de la sentencia”, dijo.
Para Bitran, esto es un error. “El concepto de la mutualización o mutualidad, es intrínseco a cualquier sistema de seguros. Y desafortunadamente en la propuesta que envía el Ejecutivo se excluyó este concepto”, señala. Reconoce que el sistema de isapres no funciona bien, y que “la industria ha dejado pasar muchos años sin corregir temas fundamentales (...) Pero es una mala solución hacer quebrar el sistema de isapres, que es lo que ocurriría con este proyecto, porque esto genera un efecto en cadena a los prestadores de salud (...) Eso tendría un impacto sobre todo el sistema de salud”.
Bitran sostiene que “es de la esencia de cualquier sistema de seguros que existe un mecanismo de compensación de riesgo entre aquellos que tienen situaciones de siniestros o que son más riesgosos, versus aquellos que no las tienen y que tienen mejores condiciones de salud. Al incorporar ese concepto de mutualidad (...) se genera una reducción de la compensación que tendrían que hacer las isapres, del orden de US$700 millones”.
Agrega que “si uno toma el periodo 2021-2022, el sistema tiene pérdidas de $300.000 millones. Entonces, ¿dónde están las utilidades en ese periodo sobrenormales o excesivas? Lo que va a ocurrir, es que si se aprueba este proyecto que envió el Ejecutivo, como buena parte de las inversiones son extranjeras, van a recurrir al Ciadi, y el Estado de Chile va a ser sancionado severamente, porque efectivamente aquí se ha incorporado un elemento que de alguna manera lleva a la quiebra al sistema”.
A juicio de Bitran, el ajuste de precios base que el gobierno permite hacer a las isapres mediante estas indicaciones, sigue sin hacer sostenible el sistema. “Básicamente lo que está haciendo es corregir esta asimetría que introdujo la Corte Suprema hacia adelante (para los planes de salud, dado que solo pueden bajar los precios y no subir). Y por lo tanto, queda pendiente el pago de deuda sobre US$1.000 millones”, concluye.
El académico agrega: ”En el fondo, nos estamos engañando. Vas a devolver platas que después se las vas a cobrar subiendo excesivamente las primas. Eso es una pésima solución. Además, ha generado un argumento político populista, en mi opinión. Que de alguna manera fue el síndrome que tuvimos con el tema de los retiros de las AFP. Se generó esta idea de que hay una cantidad de plata, de dinero, que los chilenos van a recibir. La quiebra del sistema significa que no van a recibir nada, cero. Y lo que va a ocurrir, más bien, es que vamos a enfrentar un juicio en la Corte Internacional, en el Ciadi, que va a obligar al gobierno chileno a hacer pagos muy grandes. Esto es una pésima solución”.
Respecto de lo que argumenta el gobierno, que jurídicamente no se estaría cumpliendo con el fallo si es que se incorpora la mutualización, Bitran retruca: “El fallo no dice absolutamente nada respecto a la mutualización (hacia atrás, para calcular las devoluciones). Sí lo dice hacia adelante, porque el ajuste de lo que propone hacia adelante, es que se bajan las primas a un grupo de la población, y a quienes se les debería subir las primas, no permite hacer el ajuste. Entonces, hace una propuesta que es asimétrica y que destruye el equilibrio que debe tener un seguro”.
