Eduardo Bitran: “El texto es un programa de gobierno que tiene una orientación extremadamente conservadora en lo valórico y neoliberal en lo económico”

“Soy economista y en el ámbito más político me autodefino como liberal progresista y hombre de la Concertación. Trabajé en todos esos gobiernos y, por lo tanto, soy de esos especímenes de los 30 años”, declara en forma lúdica el exministro de Obras Públicas del gobierno de Michelle Bachelet, Eduardo Bitran, quien el año pasado lanzó duras críticas y rechazó la propuesta de la Convención Constituyente, a contrapelo de muchos de sus aliados políticos.

Esta semana, el académico y hoy director también de Codelco adhirió a la declaración de 40 economistas de centroizquierda por el “En contra” de la propuesta de nueva Constitución. “El texto es un programa de gobierno que tiene una orientación extremadamente conservadora en lo valórico y extremadamente neoliberal en lo económico. Al mismo tiempo, implica riesgos fiscales que son importantes”, sentencia el economista.

Usted declaró su rechazo a la propuesta de la Convención Constituyente en 2022. ¿Qué lo motiva ahora a ir por el “En contra”?

-La propuesta constitucional que se hizo el año pasado implicaba grandes riesgos en términos fiscales. Esa es la base de cualquier política pública, porque fenómenos desatados de inflación hacen inviable la inversión y afectan a los trabajadores, especialmente a quienes viven de un salario. El haber eliminado y debilitado las iniciativas exclusivas del Ejecutivo también eran riesgos enormes. Además, desde el punto de vista regulatorio, imponía una carga al desarrollo de la actividad privada que podía realmente afectar muy gravemente la inversión. Esos son temas que a mí me complicaron de la propuesta del 2022.

Así como la anterior no concitaba acuerdos amplios, la actual propuesta constitucional es partisana, en el sentido que representa la visión de la sociedad de un segmento que no es mayoritario. Cuando se elabora una Constitución se tiene que estar pensando en el 70% o el 80% de la población. La propuesta de los expertos lograba altos grados de consenso. Si eso se hubiera mantenido, con perfeccionamientos en el sistema político, hubiera sido estupendo. Pero aquí un sector de derecha y de ultraderecha aprovechó la oportunidad de ir más allá de lo que se fue en algunos sentidos económicos en la Constitución del 80 para dejar escrito en piedra medidas de política que en realidad no corresponden.

¿Qué problemas detecta en el plano económico en esta propuesta constitucional?

-Establece un modelo que hace inviable establecer mecanismos de solidaridad dentro del sistema de seguridad social. En la práctica, deja de ser un sistema de seguridad social.

En materia de pensiones, lo que se señala sobre que los ahorros son de cada persona y la libertad total para definir la institución pública o privada en la cual pueda administrar sus fondos, impedirá cualquier mecanismo de solidaridad en el sistema de pensiones, como es propio en la mayor parte de los sistemas de pensiones del mundo. Es más, esta propuesta habría hecho inconstitucional el proyecto de ley de pensiones del expresidente Piñera, porque ese proyecto reconocía que había que apoyar a un segmento de la población que se estaba jubilando con tasas de reemplazo muy bajas y tenía, por lo tanto, un componente solidario.

Pero desde la oposición dicen que se podría ejercer esa solidaridad con las cotizaciones que son de cargo del empleador…

-Para los economistas ese argumento no tiene mucho sentido, porque cuando uno establece un impuesto o una carga, da lo mismo si lo paga el demandante o el oferente. El efecto en el equilibrio de mercado es el mismo y, por lo tanto, existe un enorme riesgo de interpretación en el Tribunal Constitucional de que esto no sea permitido. Pero, además, esto pone en jaque reformas que se hicieron en el sistema para mejorar las pensiones como el régimen de licitación de los pensionados. Se está entrando en un terreno en que ni siquiera se tiene claridad sobre las consecuencias que eso tiene respecto al conjunto de leyes que hemos armado durante muchos años para ir perfeccionando el funcionamiento del sistema de mercado.

¿Sus críticas apuntan a los excesivos detalles y temas técnicos que se incluyen y que van más allá de lo que debiera tratar en una Constitución?

-El texto es un programa de gobierno que tiene una orientación extremadamente conservadora en lo valórico y extremadamente neoliberal en lo económico. Al mismo tiempo, implica riesgos fiscales que son importantes. Hay una fe ciega en el funcionamiento de los mercados de la salud, de las pensiones, de la educación.

¿A qué se refiere con los riesgos fiscales que generaría la nueva Constitución?

Porque hay temas sujetos a interpretación por los tribunales de justicia. Por ejemplo, en materia educacional, las garantías que se dan a toda persona de elegir el establecimiento educacional de su preferencia podrían obligar al Estado a establecer un subsidio a la demanda de alto costo fiscal. Una situación similar se puede generar con el plan garantizado de salud: se podría interpretar que se debe permitir contratar cualquier isapre con un subsidio a la demanda.

También se impone un sistema de salud en que, por ejemplo, se hace imposible que el Estado perciba un porcentaje de la cotización para financiar bienes públicos que entrega a toda la población a través de los servicios de salud, como los programas de vacunación universal. Esta es una propuesta que se rigidiza en la Constitución. Estos son temas de política pública en cualquier parte del mundo..

En la carta que firmó junto a otros 40 economistas se dice que el texto “no da paso al Estado Social de Derecho que se acordó al iniciar esta etapa, pues no da herramientas para su satisfacción”. ¿Por qué en la práctica no se cumple?

-Es una declaración vacía en la propuesta constitucional. Es un concepto genérico que está ahí, pero que no está garantizado, y también implica serios riesgos fiscales.

En materia tributaria, el tema de las contribuciones es un absurdo. Vivo en Las Condes, he pagado toda mi vida contribuciones, y en mi primera vivienda existe la posibilidad de que yo no pague contribuciones. Me parece una locura de inequidad. Por una parte, está el fondo común municipal que reasigna los recursos y, por otra, hay una experiencia mundial que señala que este tipo de impuestos son de fácil recaudación y administración. Por lo tanto, se está generando un impacto a las finanzas públicas, que ya están bastante alicaídas, que puede ser de consecuencias muy complicadas.

De todas formas, el texto acotó el efecto de las contribuciones para que no beneficiara a los sectores de mayores ingresos…

-Sí, pero es ambiguo. Se va a judicializar el tema, nuevamente. Esas son materias de ley, no son temas de Constitución. Cualquier economista de todos lados estaría de acuerdo que esto no debería estar nunca en una Constitución.

Se habla también de este deducible de los gastos familiares. ¿Qué es eso? ¿Es la vivienda, la salud, la educación? Eso puede ser un baúl sin fondo. Es de una ambigüedad total. Eso no se puede poner en una Constitución. Eso puede tener una implicancia de forados tributarios enorme. No estamos diciendo que no puede existir, pero tiene que ser fruto de una ley y tiene que haber acuerdos.

Pero también hay temas fiscales que pasan más desapercibidos, pero que son importantes. Se extiende la imputabilidad del Estado. Hoy el Estado es imputable si es incapaz de ofrecer ciertos servicios básicos. Está establecido así en las leyes, pero aquí se pone en la Constitución que el Estado es imputable si hay falta o carencia de servicios adecuados, si hay creación de riesgos y desigualdad en las cargas públicas. Eso es un pasivo contingente para el Estado enorme, en que queda a la interpretación de los tribunales. Sectores de derecha están llegando, dado el interés de proteger al ciudadano del ‘Leviatán’, del Estado, a un extremo tal que puede generar la quiebra del Estado.

Como un economista liberal progresista, creo que el texto va a afectar la estabilidad fiscal, va a afectar la posibilidad de tener políticas públicas que generen elementos de solidaridad en muchos ámbitos, va a impedir regular el mercado en aquellos temas que sabemos que el mercado no funciona bien. Se puede tener discusión sobre estos temas, pero si se pone ‘en piedra’ en la Constitución, se acabó la discusión.

¿Una Constitución de este tipo limita mucho el ámbito de acción de eventuales gobiernos de centro-izquierda a futuro?

-Estoy absolutamente convencido. Acá se trató de ir más allá de lo que fue Jaime Guzmán, al dejar incluso más limitadas las posibilidades de políticas públicas propias de países capitalistas, pero que tienen estados de bienestar un poco más desarrollados, países europeos. Esto significa que la socialdemocracia tipo europea no tendría cabida en Chile. Me parece muy poco democrático establecerlo en la Constitución.

¿Rescata algo positivo de esta propuesta?

-Hay un avance en el sistema político, pero es un avance muy marginal. De lo que había propuesto la Comisión de Expertos de establecer un 5% como mínimo para generar partidos políticos, acá se baja a 4% con un periodo largo para que entre en efecto. Se requiere fortalecer los partidos políticos. Esta propuesta de Constitución avanza en ese sentido, pero es insuficiente, porque a través de pactos electorales puede eludir ese 4% sin problema. Los pactos no están prohibidos. Lo ideal sería que los partidos puedan tener listas cerradas.

Hemos llegado a una situación extrema, que lo vimos a propósito de los retiros, donde el populismo parlamentario individualista llegó a un extremo. Cada parlamentario estaba votando de acuerdo a su posibilidad de reelegirse personalmente, y no por lo que era mejor para la sociedad.

Todos estaban convencidos, probablemente, de que los retiros eran una pésima solución desde el punto de vista del colectivo, pero era buena para su posibilidad de reelección. Esa es una lección que tenemos que aprender, pero nos quedamos absolutamente cortos en avanzar en esa dirección.

Prefiero volver a lo que tenemos hoy día como Constitución, que no es la Constitución de los cuatro generales, porque solo mantiene el 20% del texto original. Esta Constitución la cambió sustancialmente el expresidente Lagos, y ha tenido muchísimas modificaciones, pero le falta especialmente en el perfeccionamiento del sistema político. Ese tema quedará pendiente, pero esta propuesta constitucional, en vez de generar más acuerdos, más cohesión social, lo que va a generar es más tensión en la sociedad chilena.

Por lo tanto, me parece falaz decir que aprobar esta Constitución nos va a dar más estabilidad y va a resolver el problema de inversión.

¿Si eventualmente se rechaza esta propuesta, le parece correcto avanzar en cambios al sistema político en la actual Carta Magna?

-Es perfectamente posible y razonable que se pueda establecer un cambio en el sistema político con reformas en el Congreso. No creo que sea el momento de reiniciar otro proceso como el que hemos tenido. La gente ya está cansada, no hay credibilidad. Reconozco que aquellos que tendrían el mandato para hacer un cambio de este estilo son los incumbentes, y puede ser que ellos quieran proteger sus intereses personales, por lo tanto, no es fácil que eso ocurra. Pero es un mal menor comparado con el daño que genera esta propuesta constitucional.

¿Sería un apoyo a la campaña del ‘En contra’ que el mundo político se comprometería a hacer cambios en el ámbito político a esta Constitución antes del plebiscito?

-Sería ideal que aquellos que están por el rechazo se comprometieran a acuerdos mínimos en materia de mejoramiento del sistema político.