Educación superior da un nuevo paso para ser más sustentable

Trimestralmente, estudiantes, funcionarios y académicos de instituciones de educación superior deberán ponerse de acuerdo sobre las políticas sustentables de su propia entidad de estudios. Esa es una de las metas del segundo Acuerdo de Producción Limpia, APL para la educación superior, que fue firmado esta semana por la Red Campus Sustentable y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC).

Denominado como “Instituciones de Educación Superior Sustentable”, consiste en una serie de metas y objetivos que van desde la diversidad de género y reciclaje en los campus, así como la incorporación de materias relacionadas a temas como cambio climático y economía circular, tanto en la malla curricular como en la formación de académicos. Es una especie de evolución del primer APL de este tipo, en el cual se certificaron 14 universidades.

Para el lanzamiento del nuevo acuerdo, que se realizó este jueves, fueron 10 entidades de educación las que se comprometieron en un principio, ya que la convocatoria quedará abierta hasta el 31 de diciembre de 2021. Desde la ASCC esperan que al menos 25 entidades se sumen a este APL. Y justamente una de las grandes diferencias con el primer acuerdo es que, esta vez, no solo está supeditado a universidades, sino también a institutos profesionales y centros de formación técnica, lo que amplía bastante el alcance. Para hacerse una idea de los 10 participantes iniciales, hay ocho universidades (PUC, UTEM, U. de Chile, UNAB, UBO, UFRO, UACH y UCV), un centro de formación técnica (ENAC) y un instituto profesional (IACC).

Para hacerse una idea, el primer APL logró ahorros en energía por $ 300 millones y en consumo de agua por $170 millones. Además, las instituciones reciclaron 230 toneladas de residuos sólidos, invirtieron más de $ 600 millones en eficiencia energética e hídrica y disminuyeron un total de 7.438 toneladas de emisiones de CO2 equivalente.

¿Cuáles son, entonces, las metas para este segundo APL? Según Giovanni Calderón, director ejecutivo de la ASCC, “ahora se están sentando las bases de gobernanza, con definiciones de políticas que van de manera integrada con otros aspectos de la sustentabilidad, como la inclusión y el género, y además las instituciones se comprometen a avanzar hacia la carbono neutralidad de manera gradual, con medidas concretas de mitigación y compensación de carbono”.

Al ir a los detalles de las 116 metas divididas en cinco categorías, se encuentran temas como la creación de políticas, gobernanza y reportes anuales de sustentabilidad, además de la “vinculación con el medio”, elementos muy similares a lo que está haciendo el sector privado. Incluso, contempla la creación de una unidad especializada a cargo.

Así, el documento de adhesión indica que las instituciones “deberán contar con unidades o personas encargadas del cumplimiento de la política institucional de inclusión y diversidad (…) y elaborarán una política de género y diversidad sexual, definiendo una unidad o encargado dedicado al cumplimiento de la política”.

En cuanto a lo que es formación, por ejemplo, el APL señala que los adherentes diseñarán e impartirán anualmente al menos un curso (presencial o virtual) optativo introductorio de sustentabilidad. Para el caso de los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP), el curso será de carácter extracurricular. Además, la Red Campus Sustentable, con el apoyo técnico de los ministerios del Medio Ambiente, de Educación, de Energía, de Salud y la Agencia de Sostenibilidad Energética, “propondrán el contenido mínimo del programa de formación de docentes para la educación en sustentabilidad, dirigido a todo el personal académico existente, independiente del tipo de contrato”, señala el texto.

Adicionalmente, las instituciones implementarán un fondo concursable, que tendrá como objetivo poner a disposición recursos para el fomento de la investigación y/o innovación enfocada en la sustentabilidad.

Con respecto a lo que se denomina como “Gestión de Campus”, se detallan temas como el registro de uso y gestión del agua, además de instalación de medidores de flujo, entre otros elementos. También deben crear un Programa de Consumo Responsable que incorpore un sistema y metas de reducción de consumo, valorización y reciclaje. “Las instituciones de educación superior incorporarán criterios de sustentabilidad y/o de inclusión en al menos el 5% del número total de licitaciones realizadas”, puntualiza el APL.

Para las entidades que se adhieran, el plazo para cumplir las metas va desde los 4 meses hasta los 3 años.