La tasa de ejecución del gasto presupuestario en 2023 fue de 100,0% respecto a la ley aprobada. Eso fue valorado por el gobierno, ya que se lograron contener las mayores presiones de gasto que estuvieron presentes durante el año pasado. Este porcentaje de avance es el mejor desde 2019 cuando fue 100,3%. Y se ubicó por debajo del peak de 2021 cuando se sobreejecutó el 135,4%, año de plena crisis del Covid.
En desglose de la ejecución presupuestaria, el gasto corriente presentó una tasa de avance de la Ley Aprobada de 103,6%. Esta sobreejecución está encabezada por los gastos del Ministerio de Salud.
Así, según se detalló en el informe de la Dirección de Presupuestos, en salud, la ejecución a diciembre fue de 118,3% lo que se traduce en una disminuyó 2% frente a 2022. Esto se explica principalmente por las menores ejecuciones en bienes y servicios de consumo y en transferencias corrientes, que disminuyen por un menor gasto relacionado a las medidas para combatir el Covid. El resultado también estuvo incidido por menor gasto en prestaciones de seguridad social, explicado por menores ejecuciones en Subsidios de incapacidad Laboral (SIL).
En Interior y Seguridad Pública, la ejecución a diciembre fue de 111,6%, lo que representa un aumento 3,6% real anual, principalmente por un mayor gasto en personal. Adicionalmente, aumentaron los gastos para atender situaciones de emergencia por catástrofes, lo que fue parcialmente compensado por una menor ejecución en gastos de los Gobiernos Regionales que, desde 2023, se imputan en la Partida 31.
En Defensa Nacional, la ejecución logró un 105,6%, lo que es un crecimiento real de 1,3%, explicado por un aumento en el gasto en personal en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
En Educación, la ejecución a diciembre llegó al 101,9%, debido al mayor gasto en distintas subvenciones escolares; en gratuidad en educación superior; y en el programa de alimentación escolar y programas de Becas de la JUNAEB. Y en Trabajo, logró el 100,7%, principalmente por la implementación de la Ley N°21.419 que creó la PGU a partir de febrero de 2022, lo cual se tradujo en un mayor número de beneficiarios y un mayor monto del beneficio respecto a lo que existía para el Pilar Solidario.
El otro gasto, el de capital presentó una tasa de avance de la ley aprobada a diciembre de 82,2%. Según se desprende el informe, este avance se basa en la ejecución de transferencias de capital, asociadas “al Plan de Emergencia Habitacional” y en menor medida, por los avances en la ejecución de iniciativas de inversión, principalmente aquellas relacionadas con infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos en el Ministerio del Deporte.
En Vivienda y Urbanismo, la ejecución a diciembre tuvo una disminución real de 3,1% debido a la menor ejecución en proyectos de inversión en desarrollo urbano, lo que no se alcanza a compensar con la mayor ejecución en transferencias de capital. De esta manera se logró un 98,6% de avance.
Por su parte, en Obras Públicas la ejecución a diciembre fue de 76,5%. Esto es un aumento de 0,2% respecto al mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por la mayor ejecución en transferencias de capital asociadas a pagos de IVA a las empresas concesionarias, y por la menor ejecución en proyectos de inversión.
En Educación, la ejecución tuvo una caída real de 8,7% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando el 74,7% debido a la menor ejecución en transferencias de capital, lo que no se alcanza a compensar con la mayor ejecución en iniciativas de inversión.
Por otra parte, la transferencia de recursos a los Gobiernos Regionales presenta un avance de la ejecución de 73,2% sobre la ley aprobada. Y, por último, en Salud, la ejecución a diciembre registró un aumento real de 17,1% respecto al mismo periodo de 2022, llegando a un avance de 63,3%.