Era parte de la agenda del plan Chile Apoya: enviar un proyecto de ley para estabilizar el precio de las cuentas de la luz. Y así fue. El Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados la iniciativa que este miércoles comenzará su trámite legislativo en la comisión de Energía y Minería. Ese día se espera la presentación de los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Energía, Claudio Huepe.
La iniciativa explica que de no existir ninguna medida especial como la que propone, era esperable que a partir del 1 de julio próximo se decrete un alza en torno al 40% en las cuentas de electricidad, que responde, justamente, a los incrementos en el precio de la energía.
Asimismo, se menciona que “producto de la crisis climática, nos hemos visto enfrentados a situaciones de emergencia energética que probablemente se repitan cada vez con mayor frecuencia en el futuro. Estas situaciones generan shocks de precios que se traducen en sobrecostos inesperados para el sistema eléctrico -de difícil financiamiento dada su imprevisibilidad — y que obligan a tomar medidas operacionales extraordinarias, tales como la reserva hídrica o eventualmente los costos de diésel de seguridad”.
Por esta razón el gobierno establecerá un sistema de estabilización del precio de las cuentas de la luz. En concreto se creará un fondo de hasta US$2.000 millones el cual se financiará de manera “solidaria”, es decir, quienes consumen más, pagarán más. “Se establecerá de forma permanente, aunque progresiva, un cobro adicional que permita financiar un fondo de Estabilización y Emergencia Energética, el cual será soportado por todos los usuarios del sistema, libres y regulados, y seguirá criterios de solidaridad entre clientes y proporcionalidad, de acuerdo a tramos de consumo, con un tramo exento para quienes se ubiquen en el umbral más bajo de consumo”, dice el proyecto.
Así, la iniciativa incorpora en la misma Ley General de Servicios Eléctricos un cargo adicional unitario por kilowatt hora (kWh) para solventar el Fondo de Estabilización y Emergencia Energética, determinado con criterios de solidaridad y proporcionalidad de acuerdo a tramos de consumo de kWh mensuales, fijando un tramo exento del cargo para clientes que registren consumos inferiores a 250 kWh.
Al mismo tiempo, menciona que “para generar incentivos al ahorro eléctrico, se establece un sistema de descuentos sobre este mismo cargo a quienes ahorren electricidad, de fácil medición e implementación, que será efectivo durante periodos en que se produzca o proyecte un déficit de generación en el sistema eléctrico, que den origen a la dictación de decretos de racionamiento”.
La administración de este fondo quedará en manos del Coordinador Eléctrico Nacional, quien lo destinará exclusivamente a la estabilización de tarifas de clientes regulados y/o al financiamiento de sobrecostos sistémicos originados por medidas de racionamiento que se traspasen a clientes finales. “Las reglas específicas que permitan la operación de este fondo serán determinadas por un reglamento que fijará la forma de distribución y priorización de los recursos, y un procedimiento interno del Coordinador establecerá los requerimientos de detalle. En cualquier caso, el Coordinador deberá resguardar el uso eficiente de los recursos, justificar y transparentar los costos de la o las medidas a financiar. Asimismo, la información y metodologías de cálculo deberán ser trazables y replicables”, se especifica.
De acuerdo al proyecto, el Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente Regulado, o “MPC”, tendrá por objetivo impedir el alza de las cuentas eléctricas durante el año 2022 y permitir únicamente alzas graduales durante la próxima década.
En ese contexto, según la propuesta, para 2022, las cuentas se mantendrán estabilizadas para todos aquellos clientes cuyos consumos sean inferiores a 250 kWh mensuales, grupo que equivale aproximadamente al 80% de los clientes regulados, permitiendo a su respecto únicamente ajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en relación al último periodo tarifario.
Para los clientes cuyos consumos mensuales estén entre 250 y 500 kWh, se considerará un ajuste máximo de 10% respecto al periodo anterior sobre IPC; y para los clientes con consumos sobre 500 kWh se permitirá un alza máxima de 15% respecto de la tarifa actualmente vigente, reajustada.
Por su parte, para 2023 y hasta el término de la vigencia de este mecanismo, se permitirán alzas para clientes cuyos consumos sean inferiores a 250 kWh de hasta 5% sobre la variación del IPC en cada fijación tarifaria. Para los clientes cuyos consumos mensuales estén entre 250 y 500 kWh, se considerará un ajuste máximo de 15% sobre IPC; y para los clientes con consumos sobre 500 kWh se cobrará el precio de nudo promedio de la energía de la fijación tarifaria que corresponda.
Según se detalla, “el sentido de esta segmentación entre clientes es proteger a todos los usuarios regulados, priorizando a aquellos de menores consumos”, y “a modo de incentivo al ahorro a los consumos eléctricos durante periodos en que rijan medidas de racionamiento, se entregan premios o rebajas en la determinación de los montos que se suman al Cargo por Servicio Público”. Mientras, se enfatiza que “es razonable que los usuarios con consumos más elevados paguen el precio real, más aun considerando el contexto de estrechez energética que vive el país producto de la sequía prolongada y las alzas en el costo de la vida, en general”.
Luis Gonzales,coordinador Económico de Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de Clapes-UC, sostuvo que el proyecto “recoge algunos elementos interesantes sobre la forma de recapitalizaciónn los recursos y presenta una visión de manejo sostenible en el tiempo. El desafío es la transparencia en su administración, donde la CNE, Ministerio de Energía y Coordinador eléctrico deben trabajar”.
