A menos de un mes de la entrada en vigor de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso en Chile, la incertidumbre y preocupación se han apoderado del sector gastronómico. Esta normativa, que tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de los plásticos desechables, enfrenta un fuerte rechazo por parte de los empresarios gastronómicos, quienes argumentan que su implementación podría llevar a la inviabilidad de sus operaciones.

Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) entre sus socios revela que casi la mitad de las empresas (47%) no está en condiciones de cumplir con la fecha límite establecida para el 13 de agosto de 2024. El sondeo concluyó que un 15% de las empresas consideran imposible implementar los cambios necesarios, lo que pone en peligro la continuidad de sus negocios. Solo un 15% de las empresas ha logrado adaptarse a las nuevas exigencias, mientras que un 7% no se verá afectado por la normativa.

Los resultados más relevantes del sondeo corresponden a la imposibilidad de operar de manera viable en las nuevas circunstancias: un 21% estima que algunos de sus locales se harán inviables y un 11% considera que harán inviable su operación como empresa. Si bien no se trata de una muestra representativa del universo, al extrapolar estas cifras al total de la industria, es posible estimar que hasta unas 6.000 empresas podrían estar en peligro, junto con sus trabajadores.

De acuerdo a los registros del Servicio de Impuestos Internos, existen cerca de 60.000 empresas en el rubro gastronómico (a 2022, según el dato más reciente), que emplean a más de 500.000 trabajadores, el doble que 10 años atrás, siendo la mayoría mujeres (56%). La mayoría de los establecimientos entregan materiales desechables a sus clientes, siendo los más comunes los cubiertos (66%), vasos, tazas y similares (59%), y platos, platillos, pocillos y similares (54%). Aunque las servilletas de papel son el material más difundido, los textos legales interpretan que no estarían afectadas por la prohibición.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, sostuvo que si bien comparten los objetivos de la ley, consideran preocupantes estos resultados “porque ante la nueva prohibición total de entregar materiales de un solo uso dejan sin efecto los esfuerzos que han hecho las empresas para adecuarse a un escenario sustentable, con materiales reciclables o certificados. Gran parte queda en un escenario de incertidumbre, forzadas a emplear prácticas menos sustentables, como el consumo innecesario de cantidades industriales de agua, electricidad y detergentes. Tememos por la supervivencia de parte del sector y de sus fuentes de trabajo”.

Máximo Picallo, presidente de Achiga, dijo que “algunos locales no podrán adaptarse a la ley y tendrán que cambiar su modelo de negocio o dedicarse exclusivamente al delivery con dark kitchens. Esto causará un perjuicio significativo para las Pymes”. Añadió: “En ningún lugar del mundo existe una ley como esta. ¿Por qué debemos afectar al sector gastronómico y ser un conejillo de indias?”.

Actualmente en trámite se encuentra en el Congreso un proyecto de ley que busca la postergación de la normativa. El texto, aprobado en su primer trámite constitucional en el Senado, posterga la entrada en vigencia de la prohibición de entregar productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos hasta febrero de 2026 y otorga un plazo al Ministerio de MMA para que dicte el reglamento hasta diciembre de este año. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados, en la Comisión de Medio Ambiente, sin estar aún en tabla para su tramitación.

Un 29% de las empresas prevé un efecto negativo sobre la calidad de los servicios que recibirán los consumidores. Según el sondeo, el número de trabajadores involucrados en este riesgo, de acuerdo a estimaciones preliminares de la CCS y ACHIGA, podría llegar a unas 40.000 personas.

Al momento de sugerir cursos de acción, la gran mayoría de las empresas (80%) considera que se debería permitir la entrega de materiales reciclables o biodegradables de un solo uso, tal como consideraba originalmente el proyecto de Ley. Cerca de la mitad (49%) solicita aplazar la entrada en vigencia de los artículos que prohíben entregar todo tipo de materiales de un solo uso, y un 32% considera que se debiera prohibir solo la entrega de plásticos de un solo uso, nuevamente en línea con la propuesta inicial del proyecto.

La encuesta fue aplicada a 41 empresas del rubro de servicio de comidas socias de la CCS y de Achiga. En conjunto, estas empresas representan a más de 800 establecimientos de distintos segmentos.