Fue el jueves 22 de junio, en las oficinas de Luis Hermosilla Osorio (67), en el cuarto piso de un edificio de Alonso de Córdova, Las Condes. Cuando la abogada Leonarda Villalobos (51 años) llegó, ya estaba en el lugar el empresario Daniel Sauer (45). Poco después lo hizo el propio Hermosilla. La grabación de una hora y 48 minutos, registrada por Leonarda Villalobos, entrega pistas de la fecha. Según se desprende del audio, el día anterior era feriado y luego se avecinaba un fin de semana largo. Otros episodios lo confirman.

Hasta ese día, 22 de junio, habían pasado ya tres meses desde que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se había fijado en una de las empresas de los hermanos Daniel y Ariel Sauer. El 24 de marzo, la CMF suspendió a la corredora de Bolsa STF por inconsistencias en sus estados financieros de 2022, reportados por la empresa auditora. Pero los primeros días de abril había abierto otra investigación: alertada por el departamento de Supervisión Prudencial, la Unidad de Investigación CMF comenzó a indagar la existencia de transacciones ficticias.

Formalmente, los hermanos Ariel Isaac (50) y Daniel Amir Sauer Adlerstein, controladores de STF y Factop, firmaron el 18 de mayo un mandato judicial en la notaría de Valeria Ronchera para que los representaran los dos abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, conjuntamente o por separado, en todo juicio actual o futuro.

Pero la asesoría había comenzado antes. “Yo a ti te conozco hace 10 años”, decía Sauer a Hermosilla en el audio liberado esta semana. El encargo del caso STF, dice una fuente, comenzó en marzo, cuando la corredora fue suspendida. El 26 de abril, Hermosilla y Villalobos acompañaron a Ariel Sauer en su única declaración en la CMF. En junio, Leonarda recordó que ese día le mostró al mayor de los Sauer, ingeniero comercial de la UC, la oficina del SII. “Yo paso metida ahí. El Ari sabe, porque cuando lo llevamos a declarar fuimos al Blue Jar: (le dije) ‘este es Grandes Contribuyentes, aquí vengo todos los días’”. En el audio indiscreto, diría algo peor: era mejor no involucrarlo en lo que discutían. “Es un tarado”, lo describía la abogada Villalobos.

Un mes después, el jueves 25 de mayo, Hermosilla y Villalobos volvieron al centro de Santiago, al piso 8 de la Torre I de Alameda 1449, donde está la Unidad de Investigaciones de la CMF. Entre las 17 horas y las 18.50, acompañaron a Daniel Sauer en la única declaración que prestó para la investigación. Lo hizo delante de Andrés Montes y dos funcionarios de la CMF. “Cuenten con mi colaboración para lo que necesiten”, se despidió Sauer esa tarde. El caso estaba casi armado para la CMF. El día previo, el 24 de mayo, la CMF había aceptado una autodenuncia ingresada por STF y 15 personas dos semanas antes.

En la investigación, los otros ejecutivos de STF que declararon en la CMF fueron asistidos por abogados de otro estudio que trabajó para la corredora: Giroux Vial Asociados. La asociada Rosario Jiménez acompañó a varios. Y el socio Salvador Vial Purcell acompañaba al gerente general, Luis Flores, y representaba a la corredora STF. Con él, Hermosilla tenía un trabajo activo. El 22 de junio, Hermosilla contó a sus interlocutores que había hablado con Vial el día previo, al menos una hora.

Una semana después de la declaración de Sauer, el miércoles 31 de mayo, Hermosilla y Villalobos volvieron a la CMF, a una reunión con Andrés Montes, inscrita por ley de lobby. Leonarda Villalobos -”La Leo”, como le dicen en el audio- registra en la plataforma Infolobby otras dos citas, con otros funcionarios de la CMF, el 28 de marzo y el 13 de abril.

El último día de mayo la CMF formuló cargos contra la corredora, los Sauer y Luis Flores, en el oficio reservado 710/2023 contenido en el expediente del caso. La formulación de cargos la firma Montes, pero en su última página tiene iniciales que, en estos casos identifican a los funcionarios de la Unidad que revisaron el caso. En STF, fueron: la abogada María Luz Schachtebeck, con 20 años en el organismo; el también abogado Carlos Isensee, la contadora Carmen Fernández Chávez y el ingeniero comercial de la Usach Nelson Paz.

Esa reunión es la última registrada entre Luis Hermosilla y Andrés Montes.

En el audio divulgado por Ciper este martes, Hermosilla sugiere que el caso está bajo control. Dos días antes, la víspera del feriado del 21 de junio, Día de los Pueblos Indígenas, los Sauer se habían allanado a los cargos en un escrito firmado por sus dos abogados. “Está en su carril y está andando perfecto. Y no hay ninguna novedad. Salvo la novedad que nos dicen al final, que Montes nos dice: ‘cabros, ojo, no debería decírselo, pero se los digo. Estamos pidiendo información sobre esta otra huevada’, que es la que te contamos a ti y que nos juntamos… que ya no me acuerdo como se llama…”, dice Hermosilla. “Corredora de Bolsa de Productos, Factop”, complementa la Leo. Lo que les dijo Montes se cumplió. Recién esta semana la CMF terminó de anular el registro de la filial que operaba en la Bolsa de Productos, donde se transaban facturas fraudulentas. La presidenta del Consejo de la CMF, Solange Berstein, dijo ayer que la alusión a Montes en el audio era “confusa”, pero que sería analizada en la investigación interna que dirigirá el consejero Bertrán de Ramón. “Tenemos una institución tremendamente importante, y todos nuestros funcionarios, incluido Andrés Montes, tiene nuestra confianza para poder seguir llevando a cabo sus labores mientras está esto en investigación”, declaró en una entrevista radial.

El 22 de junio se dijeron muchas otras cosas: Hermosilla urgió por pagar $10 millones al día siguiente a un funcionario sobornado; festinaron con LarrainVial y sus ejecutivos; hablaron de otros empresarios con nombres y apellidos; comentaron el asalto que habría sufrido esa mañana Villalobos; y pasaron lista a diversas sociedades. También hablaron de Rodrigo Topelberg, el socio minoritario de los Sauer en STF y Factop. “A Topelberg hay que involucrarlo en esta huea”, dice ella en medio de la reunión. Sauer se opuso: “Hay que dejarlo fuera de esto (…) Está tan la cagá que no tiene que saber la chimuchina”.

Los Sauer tienen el 75% del factoring Factop y el 75% de Inversiones DAS, la sociedad que controlaba el 67% de STF. El restante 25% de Factop y de Inversiones DAS estaba en manos de la familia Topelberg Kleinkopf, formada por los hermanos Rodrigo, Eduardo, Nicole y Andrea. Quien representaba a la familia era el primero. Las familias Topelberg y Sauer se conocen hace más de 35 años, ya que vacacionaban en Concón y los hijos se hicieron amigos, dice una querella de Enrique Topelberg Dolber, el padre de los Topelberg Kleinkopf, contra los Sauer, quien reclama $500 millones que le adeuda Factop. “Además, todos eran alumnos del Instituto Hebreo. Eran visitantes asiduos, almorzaban y comían con frecuencia en el hogar de la familia Topelberg y, en el tiempo, obviamente, nacieron vínculos de amistad y confianza”, dice ese texto legal.

Los malos manejos de STF enturbiaron la relación, aunque el audio del 22 de junio insinúa que Topelberg no estaba al tanto de las operaciones con facturas. Según declaró esta semana Villalobos, ella grabó el audio para Rodrigo Topelberg. No está claro cuándo lo entregó, pero se puede deducir. Según personas ligadas al caso, a comienzos de julio se produjo el quiebre entre los ahora exsocios. La guerra se desató a fines de ese mes.

El lunes 31 de julio, Topelberg se querelló por entrega de información falsa al mercado y administración desleal. Tres días después, sus abogados, Alejandro Awad y Miguel Schürmann, presentaron un texto de 10 páginas pidiendo ampliar la querella. Topelberg tenían nuevos antecedentes. Y coincidían con la grabación del 22 de junio.

La acción legal decía entonces que Topelberg “recientemente tomó conocimiento” que Ariel y Daniel Sauer usaron STF y otras sociedades en las que eran socios, accionistas o representantes para “crear un mecanismo ilegal de financiamiento en favor de personas naturales y jurídicas”. A continuación, Topelberg entró en detalles. Por ejemplo, que una sociedad de Sauer, Inversiones Guayasamín, había emitido 1.200 facturas por servicios no prestados.

Segundo ejemplo: en la reunión filtrada, Hermosilla preguntó quién sería el Hugo Bravo, el exejecutivo de Penta que desató ese escándalo en 2014, de STF y Factop. “La Cote es clave”, respondió la Leo. Hablaron entonces de María José, cuyo marido era un oficial de Ejército y que había estado en Puerto Varas. La querella que Topelberg presentó 40 días después repara en ella. La identifica como María José Cáceres, “encargada de emitir estos documentos bajo las órdenes o supervigilancia de los querellados”. Muchas de esas facturas, dice la querella, fueron emitidas desde Puerto Natales, ciudad en la que Cáceres residía en esa época.

La última coincidencia es la alusión a los negocios de los Sauer con la familia Jalaff, fundadores de Grupo Patio. A partir de las facturas falsas, explica la querella, se obtienen recursos al transarlas en Bolsa, básicamente a través de la plataforma Puerto X. Dice la querella de Topelberg: “Daniel Sauer se ha referido a estas facturas como las ‘facturas favor’, dando a entender que las emite para hacerle un favor a los receptores de los fondos”. En la grabación conocida esta semana, Sauer lo dice dos veces. Repasando sociedades ligadas a la emisión de facturas, dice sobre una serie de RUT que las autoridades indagaban: “Están bien en los Jalaff, dónde está el favor”. Hermosilla le pregunta qué significa aquello. “Las facturas de favor que yo les hago a ellos, a través de Guayasamín y DAS”, respondió Sauer. El involucramiento de los Jalaff en el caso Factop ha tenido ya varias consecuencias. Su fundador y gestor durante dos décadas, Álvaro Jalaff Sanz, dejó el cargo de CEO el 25 de septiembre, salpicado por el caso. Su hermana Marioli Jalaff y su madre María Dolores Sanz Crespo, dejaron el directorio del grupo Patio esta semana, informó ayer la empresa donde participan Eduardo Elberg y las hermanas Luksic Fontbona. El nombre Patio apareció varias veces en la conversación del 22 de junio. “Queremos aclarar que esas referencias no son alusivas a Grupo Patio SpA, sino a sociedades de inversión en las cuales participa la familia Jalaff ‘aguas arriba’ de nuestra compañía”, declaró el directorio del holding este viernes.

La empresa de factoring Factop cumplía 20 años de vida este 2023. Pero tras el escándalo de STF, los inversionistas que aportaban fondos a Factop comenzaron a escapar. Lo dijo Sauer ese día, al referirse a “todos los inversionistas que han sacado la plata desde que quedó la zorra, que son 2.000″ millones de pesos.

Ese día, con ingresos y egresos, Sauer decía que Factop se sostenía. Pero el 29 de septiembre, dos meses después, Factop se acogió a una reorganización judicial en tribunales, con deudas por $59 mil millones con diversos acreedores. La tramitación de esta causa sigue en los juzgados civiles. Lo mismo que una decena de querellas contra los Sauer en el Cuarto Juzgado de Garantía.

Lo otro que pasó es que el estudio que trabajó con STF en la causa en la CMF ahora reclama que los clientes no pagaron la cuenta. A inicios de noviembre, presentaron una demanda de, paradojas del caso, cobro de facturas contra STF Corredores de Bolsa, por $49 millones. El estudio Giroux Vial afirma que su interacción ocurrió con el exgerente y exfiscal de la empresa y luego con Topelberg. Y reclaman que STF y sus socios se comprometieron a, en caso de que la corredora no tuviese flujos, asumir las deudas. “Hasta la fecha ni STF ni sus socios se han hecho cargo de las sumas adeudadas”, dice la demanda presentada el 3 de noviembre.