Exenciones tributarias en recta final: renta presunta y reintegro del diésel asoman como favoritos a eliminar

Quizá sea lo último que deje revisado como ministro de Hacienda, Ignacio Briones: el informe que la Comisión Tributaria presidida por Rodrigo Vergara entregará hacia fines de la próxima semana.

Si bien en el grupo de expertos afirman que los plazos no han cambiado por la eventual salida del ministro, ya están redactando el documento final que se entregará. La fecha inicial es el viernes 29 de enero, pero podría adelantarse.

En concreto, el trabajo que ha realizado esta comisión se ha centrado en analizar las recomendaciones que realizaron los expertos de la OCDE y el FMI. Dicho documento abordó el régimen de renta presunta, la aplicación del IVA diferenciado a distintos servicios como salud, educación. También el crédito especial para la construcción y la estructura que se aplica para la ganancia de capital. Otro foco de atención es el reitegro del impuesto específico del diésel que se les entrega a los transportistas.

Con esa lista en la mano, lo que hizo la comisión fue ir analizando uno por uno ese gasto tributario. En el documento que se entregará a Hacienda cada una de las exenciones tendrá una recomendación: se justifica mantener, se debe reducir o bien eliminar. Cada una de ellas tendrá sus respectivos cálculos del costo que significa para el fisco.

Se define como gasto tributario el monto de ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria. Por lo general, se traduce en el otorgamiento de exenciones o deducciones tributarias, alícuotas diferenciales, diferimientos y amortizaciones aceleradas, entre otros mecanismos.

Para 2020, el SII estimó que las exenciones en Chile alcanzan los US $9.333 millones, y básicamente estas afectan al Impuesto a la Renta (US$ 6.700 millones) y al IVA (casi US$ 2.600 millones).

Quienes conocen este proceso afirman que los expertos en ningún caso le dirán al gobierno cuáles eliminar, pero que en su informe implícitamente se entregará cuál es la opinión que tienen los expertos sobre cada una de las exenciones, su rendimiento y la cantidad de personas beneficiadas.

En el proceso de redacción está siendo realizado por cada uno de los subgrupos quienes tienen temática especiales. Luego de ello viene una revisión final de los 18 economistas para dejarlo listo para su entrega.

Con ese documento en mano, la siguiente etapa es la definición política. Y si bien lo más probable es que Briones ya no esté en Teatinos 120, en Hacienda cuentan que los temas que tienen más viabilidad de avanzar en un proyecto de ley son el régimen de renta presunta, la devolución de parte del pago del impuesto específico al diésel, ganancia de capital, e IVA a la construcción. El conjunto de estas exenciones, bordeaba los US $2.000 millones.

De este grupo, el gasto tributario más importante es el que arroja la ganancia de capital. Si bien en el SII no hay datos desagregados, la última estimación conocida es la que realizó en octubre de 2019, el economista Claudio Agostini quien estimó en torno a US $900 millones.

La renta presunta implica unos US$ 200 millones al año. Este es un tipo de contabilidad especial a la que se pueden acoger agricultores, camioneros, transportistas escolares, taxis, colectivos y buses.

La devolución del impuesto específico del diésel asoma también con uno de los que se puede modificar. Esto porque a nivel técnico no existe una justificación a su mantención considerando además que el gravamen es mejor al que se fija para la gasolina.

Sobre el IVA a la construcción -que se acerca a los US$ 700 millones, hay posiciones divididas, ya que si bien es un beneficio importante, se ha ido acotando en el tiempo, y ahora afecta a viviendas más de clase media.

Sobre este último punto, conocedores de este proceso afirman que por el escenario de crisis puede que no sea buen momento, ya que podría frenar la reactivación de ese sector.

No obstante, desde Hacienda anticipan que cualquier cambio que se quiera realizar tiene que ser con gradualidad por lo que más allá de los temas que contendrá el proyecto de ley no será de un año para otro. Esto con el objetivo de evitar impactos indeseados en la economía.

El candidato habitual de los expertos ha sido la renta presunta. Se argumentan que ya no se justifica, puesto que hay regímenes pymes que tiene contabilidad simplificado.

La renta presunta en la Ley sobre Impuesto a la Renta se presume a partir de ciertos hechos conocidos como lo son: avalúo fiscal de los inmuebles agrícolas y no agrícolas; valor de tasación de los vehículos; y. valor anual de las ventas de productos mineros.

Uno de los sectores que se verían afectados si es que se llega a eliminar o reducir es la agricultura y por ello, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) plantea sus reparos en caso de que esto llegara a concretarse. “Si bien todos los sistemas tributarios son perfectibles, y recordando que en los últimos años se ha acotado considerablemente el acceso a la renta presunta, creemos que se debe mantener o que se deje abierta la posibilidad a que la microempresa y agricultura familiar campesina opte por el sistema tributario que les convenga y que, por otro lado, se incentive a migrar a renta efectiva”.

Afirman que actualmente alrededor de 82 mil empresas agrícolas son contribuyentes. De ellas, el 79% son microempresas y el 51% está en renta presunta. “La eliminación de este sistema tendría un impacto relevante en la micro y la agricultura familiar campesina”.

Otro de los sectores que se podrían ver afectados es la construcción, esto porque dentro de las opciones está el eliminar o reducir el crédito especial para este sector que se materializa a través de una franquicia tributaria o descuento de impuesto por la construcción de toda clase de viviendas, hasta un valor máximo de 2.000 UF. Ésta corresponde a la exención del 65% del IVA.

“El IVA a la construcción o crédito especial favorece a los compradores de vivienda, ya que las constructoras que lo aplican traspasan este beneficio directamente al precio final de las viviendas, con lo cual las hacen algo más accesibles, en un contexto en que su precio ha aumentado sostenidamente en la última década por las crecientes restricciones para la construcción de proyectos habitacionales”, afirman desde la Cámara Chilena de la Construcción.

En ese sentido, añaden que “los principales afectados con un cambio poco estudiado o carente de fundamentos técnicos no serán las empresas del sector, sino todas las personas que aspiran a una casa propia”.

La CChC subraya que han realizado propuestas que focalizan los esfuerzos de la política pública exclusivamente en los grupos de interés social como sectores vulnerables, emergentes y medio. “Estos consideran, por una parte, exceptuar del pago de IVA a la compraventa de toda vivienda subsidiable, y no solo a las personas que adquieren una vivienda con el apoyo de un subsidio como es en la actualidad”.

Los transportistas que utilizan petróleo como combustible tienen derecho al reintegro por tramos del impuesto específico que pagan. Actualmente el porcentaje de devolución depende de los ingresos anuales que tenga. La escala va desde el 80% al 31% de reintegro.

Ante la opción de que esto se pueda eliminar o reducir, los gremios que representan a los camioneros entregan distintas visión. Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) afirma que se está discutiendo con Hacienda, pero anticipa que “significaría subir las tarifas lo que rápidamente repercutirá en el IPC, por lo tanto, nosotros creemos que no están las condiciones”. Además recuerda que hay una ley que expira en 2022.

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile mostró una postura un poco más abierta. “Hoy está vigente la ley 21.139 que establece el mecanismo de reintegro (que en su mayoría es 31% $22.5 por litro) de acuerdo a escala de facturación y prácticamente todas la demás actividades están exentas de pagar este impuesto específico”. En ese contexto agrega que “la política pública de impuesto específico a los combustibles requiere un cambio radical en que todos los usuarios paguemos sin excepciones y finalmente transformarlo en un impuesto verde”.