El camino constitucional del empresariado tras el plebiscito

Los cambios que pueda sufrir nuestra actual Constitución es el tema que más preocupa a Juan Sutil. Por eso cuando llegó a la presidencia de la CPC lo primero que hizo fue crear un grupo constitucional conformado por Fernando Alvear, gerente general del gremio, los presidentes de las seis ramas -Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Sonami, Asociación de Bancos, Sofofa y Cámara Nacional de Comercio (CNC)- los expresidentes y algunos empresarios, como el presidente de Ultramar, Richard von Appen.

Desde marzo han estado escuchado a connotados expertos constitucionalistas, como el abogado de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, y la actual decana de la facultad de Derecho de la UAI, Isabel Aninat, entre otros expertos. La idea es “para conversar, discutir y analizar todos los aspectos que podría llegar a tener una constitución”, recalca Sutil.

Entre los temas que preocupan, destaca la necesidad de buscar la paz social y también los equilibrios necesarios que permitan la creación de un terreno fértil para que el país siga avanzando, dice. “El objetivo es estar preparados, porque lo que sucederá, una vez concluida esta etapa de plebiscito -que a mi juicio se ha realizado de una mala forma porque ha generado mucha división en el país-, es que los empresarios tenemos que entrar en la discusión de los contenidos, pensando en la importancia de la democracia, la institucionalidad y el respeto a la declaración universal al respeto a los derechos humanos. También el respeto a los tratados internacionales y a los tratados de protección de la inversión extranjera y muchos otros aspectos que son fundamentales, incluyendo los derechos y deberes sociales que son también muy importantes”, enumera. Aunque destaca que, a su juicio, “la Constitución tampoco va a resolver todos los problemas”.

Por ahora, recalca, el gremio empresarial solo ha estado “dibujando” diferentes aspectos para el análisis, por lo que descarta, por ahora, emitir algún documento con propuestas. “Creemos que hoy no es el momento para hacerlo mientras no estén arriba de la mesa los grandes lineamientos de los grandes temas y acuerdos que este proceso tiene que tener”, sostiene (ver entrevista en página 4).

Un rol un poco más activo en el debate quiere tener la Cámara Nacional de Comercio. La CNC ya diseñó un primer documento con propuestas para el futuro proceso constituyente, el que fue socializado hace unos días y que contiene siete puntos, donde el foco principal está en el control de la autoridad, el ejercicio abusivo del poder (accountability) y el principio de certeza jurídica. Además, el principio de subsidiariedad del Estado en la Constitución y de solidaridad.

En relación a los temas económicos, el gremio que lidera Manuel Melero destacó la relevancia de mantener la autonomía constitucional del Banco Central y de avanzar en un mismo sentido con las superintendencias, consolidando un Estado con competencias suficientes para servir de garante y protector del mercado. También, la mantención de la defensa del derecho de propiedad en la Constitución, mejorando su regulación respecto de las hipótesis que permitan su restricción o privación. La concepción del derecho a la libertad económica y al libre emprendimiento como aspecto fundamental dentro de la sociedad, debiendo protegerse su ejercicio, así como la autonomía adecuada de los cuerpos intermedios que la invoquen. Y, la importancia de crear (o mejorar) un entramado normativo de carácter constitucional que permita proteger acorde a los nuevos tiempos el derecho al medio ambiente libre de contaminación, sin que ello implique una conclusión arbitraria o abusiva a los demás derechos fundamentales.

“Gane el Apruebo o el Rechazo este domingo, ambas opciones están propiciando reformas a la Constitución, y nosotros como gremio nos hemos hecho cargo del tema. Vienen reformas y vienen cambios y nosotros queremos participar en ellos”, cuenta Melero.

Pero los análisis continuarán en la CNC, pues ya están diseñando un nuevo documento enfocado al reglamento que tendrá la futura convención mixta o constituyente y luego vendrán otros capítulos que abordarán las temáticas relacionadas con la digitalización, los pueblos originarios y el tipo de Estado que se quiere para el futuro.

“Este es un gremio que tiene mucho que decir en este ámbito. Somos muy representativos ya que somos más del 20% del PIB, somos el primer empleador y tenemos presencia en todo el territorio. Además, porque ha sido el sector más afectado y por eso mismo, podemos ser un aporte”, indica Melero. Por eso, el comercio está propiciando que haya gente de la CNC que quiera ser constituyente. “No han surgido nombres aún, pero podría ser bueno que hubiese candidatos de nuestro gremio a constituyentes, porque tenemos muchos dirigentes regionales o de gremios especializados que podrían ser un aporte al proceso constituyente, ya que tienen un buen conocimiento de la actividad económica y del mundo del comercio y de las regiones”, señala.

La CChC también está impulsando una conversación interna, cuenta el presidente de los constructores, Antonio Errázuriz, con el fin de diseñar un plan de acción para los próximos meses. “Hace años que el tema constitucional ha sido de interés para nuestro gremio. De hecho, el 2016 identificamos los principios que, a juicio de nuestros socios, deben estar presentes en la Constitución. Ahora, esta labor está siendo continuada por un grupo de trabajo de reciente formación que nos propondrá estrategias y planes de acción ante el debate constitucional”, indica.

Y si bien en estos años ya han conversado con muchos abogados constitucionalistas, hoy en específico no cuentan con una asesoría externa, sino más bien el gremio ha recurrido a la institucionalidad propia de la CChC, como la Comisión de Legislación y la gerencia de Asuntos Regulatorios.

Dentro de los temas que preocupan en el sector, Errázuriz indica que lo principal es que el debate constitucional se dé un ambiente de paz social y tolerancia, “que contribuya a que todos puedan expresarse libremente, sin temores de ningún tipo, y a la generación de acuerdos”, recalca. También les preocupa que el texto final sea un “todo coherente”. Y, “por cierto, que se proteja y promueva la iniciativa privada, que debe seguir siendo un aliado estratégico del sector público para resolver las necesidades de las personas”, destaca el líder de la CChC.

En la minería son varios los aspectos que preocupan, cuenta el presidente de la Sonami, Diego Hernández, quien realza que el desarrollo del sector se impulsó gracias a “un marco regulatorio cierto y estable y a un ambiente de equilibrio y respeto al Estado de derecho”.

Añade que este marco tiene tres bases fundamentales: “Primero, un conjunto de garantías constitucionales generales que promueven y protegen la actividad empresarial en general; segundo, un conjunto de normas generales y propias para la actividad minera en la misma Constitución y una regulación específica a través de una Ley Orgánica Constitucional, que requiere de un quórum superior para su modificación; y en tercer lugar, un compromiso de estabilidad tributaria y de poder retornar los ingresos generados, a través de alguno de los mecanismos contemplados en el derogado DL 600”, enumera.

Por otro lado, destaca Hernández, en la industria existen tres pilares productivos que son importantes de mantener. “Esto es, el pilar estatal conformado por Codelco; el de las empresas privadas de la gran minería, conformada por inversionistas nacionales y extranjeros; y el pilar de los inversionistas privados nacionales de la pequeña y mediana minería”, detalla.

Por eso, el gremio en enero creó un comité especial para abordar el tema constitucional y que tiene como finalidad actualizar el documento interno llamado “Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero”, hoja de ruta que presentaron a las candidaturas presidenciales, en el año 2017. “A través de este comité, consultamos a abogados especialistas en minería sobre las bases que han permitido el desarrollo que ha tenido el sector en nuestro país, con las positivas consecuencias en términos de ingresos fiscales, producto interno bruto, exportaciones, entre otros”, puntualiza Hernández, quien destaca el rol del sector en el crecimiento de país: “El aporte a los ingresos fiscales ha sido de 13% en promedio en los últimos 20 años, e incluso llegó al 34% el año 2006”.

La Sofofa fue el primer gremio que dio a conocer un documento que contenía una “hoja de ruta” para el debate constitucional, el que enumeraba siete pilares. Se trata de la propiedad privada, libertad económica y de asociación, y principio de no discriminación; responsabilidad fiscal, estabilidad macroeconómica y la autonomía del Banco Central; los derechos sociales, sus mecanismos de exigibilidad y la provisión mixta; modernización del Estado; proceso político-legislativo con mayores estándares técnicos, de transparencia y accountability; descentralización inteligente y reconocimiento de pueblos originarios e igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Hoy, el gremio se encuentra actualizando la información y en los próximos días darán a conocer un nuevo texto, el que ahora contará con 10 pilares, cuenta un conocedor del trabajo. Entre los temas que se están analizando se encuentra el pilar de la descentralización, en relación a cómo la Carta Fundamental puede hacerse cargo de que está anhelo sea algo efectivo. Una fórmula para lograrlo es redistribuir las regiones del país con el fin de permitir dar las capacidades adecuadas para que cada una tenga mayor autonomía.

También analizan el pilar de modernización del Estado en relación a que exista una nueva reglamentación para el proceso legislativo. Esto se puede traducir en que el proceso de elaboración de una ley o de reglamentos, requieran de un proceso participativo, por ejemplo, cuenta la fuente.

Otro punto que hoy están revisando es el relacionado con la autonomía del Banco Central y la idea de replicar el modelo en otras instituciones del Estado, como las superintendencias, Servicio de Evaluación Ambiental o Dirección General de Aguas, por ejemplo.

Por su parte, la banca y el agro canalizarán el trabajo sobre la materia a través de la CPC.