“Proponemos la creación de un sistema sin AFP que permita aumentar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, y que materialice el derecho a la seguridad social. Un sistema moderno, tripartito, solidario, público y suficiente”, contenía la propuesta del programa de Apruebo Dignidad de 2021.

La idea se materializó en un proyecto enviado en 2022, donde se planteó una cotización extra de 6% para un seguro social (reparto) y un nuevo modelo de gestión pública de recursos, lo que despertó el portazo opositor y sentenció la inviabilidad de la idea que reestructuraba por completo el modelo de las AFP.

Pero luego del respiro que significó el resultado del plebiscito para el oficialismo, el gobierno arremetió con una nueva fórmula para su estancada reforma: un 2% de la cotización extra para capitalización individual. Si bien el intento fue rechazado por la oposición, quienes buscan destinar todo el 6% extra a capitalización individual y evitar una reestructuración mayor, en RN se han abierto a negociar con el gobierno.

“Es difícil pensar que, en un escenario de elecciones, como el que viene en los próximos dos años, se pueda gestar un acuerdo. Estoy pesimista con esta reforma”, afirma el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, quien cree que un avance de un acuerdo de pensiones sólo es posible hasta el primer semestre de 2024, dada la llegada de las elecciones. “Es fundamental que los distintos sectores políticos y el gobierno tengan conciencia que sólo tienen unos meses para un acuerdo; es un deber que nadie se reste a esta discusión”, dice Bravo.

Para el coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sebastián Izquierdo, la viabilidad del proyecto se hace difícil si se incluye el reparto financiado con impuestos al trabajo. “En cambio, un aumento en la PGU (otra propuesta del proyecto), con impuestos generales, podría recibir apoyo político (...) Cualquier proyecto que no fortalezca la capitalización individual y la capacidad de elección siempre careció de respaldo ciudadano”, sentencia el economista del think tank liberal.

Considerado el primer logro del gobierno, el alza gradual del salario mínimo hasta $500 mil -lo que se materializará en julio de este año- también estaba dentro de las promesas del programa. El aumento se realizó de modo progresivo e incluyó subsidios a las pymes.

Sin embargo, algunos economistas creen que es un logro “incómodo” para el gobierno, teniendo en cuenta el estancamiento y las altas tasas de desempleo. La economista jefe de Dominus Capital, Michèle Labbé, cree que el escenario económico y el difícil panorama laboral no se compatibiliza con un aumento del sueldo mínimo. “Hay menos empleo y los salarios no se han recuperado de la fuerte caída”, alerta la economista, quien recuerda que la tasa de desempleo lleva meses subiendo. La cifra alcanzó 8,7% en septiembre-noviembre.

Si bien David Bravo reconoce que es un logro del gobierno, estima que la medida complicará la recuperación de los empleos perdidos en pandemia. “Lamentablemente es un logro que va a seguir generando un rezago en la recuperación de los empleos, porque en la práctica va a mermar las oportunidades de trabajo”, concluye el experto.

En lo que es uno de los logros políticos de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, la rebaja gradual de la jornada laboral a 40 horas fue consensuada con el mundo privado, lo que se tradujo en la incorporación de medidas de adaptabilidad y una gradualidad de 5 años.

En general, los economistas valoran la flexibilidad y el consenso logrado con la medida, aunque también advierten sobre el impacto que pueda tener sobre el deteriorado mercado del trabajo.

“El aumento del salario mínimo a $500 mil, en promedio implicaría una disminución del empleo en cerca de un tercio de un punto porcentual y otros cuantos más por la jornada de 40 horas. En un contexto de nulo crecimiento, el gobierno está obligado a priorizar sus acciones. Dado que ya se ha comprometido con un salario mínimo y una reducción de la jornada laboral, se vuelve difícil considerar aumentos en las cotizaciones laborales u otros impuestos que podrían ejercer una presión adicional sobre el mercado laboral”, cuestiona Sebastián Izquierdo, del CEP.

Convertida en una de las propuestas emblemáticas de Apruebo Dignidad, la medida ha sido reflotada en las últimas semanas por sectores oficialistas.

“Proponemos la condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras y no por las personas endeudadas. Pondremos fin al CAE y crearemos un nuevo sistema único de créditos que será transitorio, hasta alcanzar la gratuidad universal. Será público, solidario, sin interés, sin participación de los bancos y no reproducirá los abusos del CAE”, describía el programa.

El gobierno busca presentar un proyecto para terminar con este sistema de financiamiento en la primera parte de 2025, el que incluirá un “plan de condonación”. Pero el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha aclarado que los recursos no saldrán del pacto fiscal que hoy se dialoga con la oposición.

El tema ha generado conflicto entre el Socialismo Democrático y el resto de la coalición, dado que una eventual condonación universal implica recursos por más de US$11 mil millones que hoy el Fisco no tiene.

“La promesa de condonación universal siempre se consideró una promesa vacía. Hoy nos encontramos en un nivel de indefinición que es altamente irresponsable pero no accidental. La morosidad sigue en aumento, y esta incertidumbre sólo la agrava”, opina Sebastián Izquierdo. El investigador del CEP agrega: “Ahora que entramos en meses sin elecciones, el gobierno debe ser honesto y reconocer que es imposible financiar toda la educación superior con fondos públicos. Además, si es que existieran los recursos, habría que preguntarse si antes no es prioridad la educación primaria o disminuir las listas de espera en salud. Gobernar es priorizar. El Ejecutivo debe enfrentar la realidad y desilusionar a quienes confiaron en promesas. Pero eso no impide buscar necesarias mejoras en el CAE, pero sin crear falsas expectativas”.

La polémica propuesta de campaña se estrelló con una dura realidad política y económica y mutó en su contenido y en su fórmula de recaudación. El plan original de campaña era un pacto fiscal de 8% del PIB -pero en un período de seis a ocho años- y planteaba un nuevo régimen de impuesto a la renta para las grandes empresas, eliminación de exenciones, un impuesto a los “súper ricos”, medidas contra la evasión y la elusión y un tributo a las utilidades retenidas de sociedades de inversión.

Si bien gran parte de esos ejes ya quedaron atrás y se incorporaron medidas procrecimiento, el pacto fiscal hoy sigue sin piso, en medio de la polarización del ambiente político posplebiscito. Hacienda ha insistido en incluir en la “diluida” reforma un alza al impuesto a la renta a personas de mayores ingresos.

“No vemos margen para que el gobierno lleve adelante su ambiciosa reforma tributaria y fiscal, pero sí se podría asegurar mayores aportes para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU)”, sentenció un reciente informe de LarrainVial en el marco de un análisis sobre el resultado del referéndum.

“Es evidente que (la reforma original) fracasó. Hacienda está haciendo el esfuerzo por darle el título y el contenido y está pendiente si se podrá llegar a algo. Es un área donde los titulares grandilocuentes de las propuestas originales se toparon con el muro de la realidad”, añade David Bravo.

Más punzante, el economista Sebastián Edwards estimó que las reformas seguirán tan trabadas como antes del plebiscito. “Para las reformas no hay mayor cambio. Acá no cambia nada. Luego del plebiscito, las reformas van a seguir estancadas y no van a ver la luz”, dijo hace dos semanas a Pulso.

Sin embargo, el royalty a la gran minería, uno los ejes de la reforma tributaria original que caminó como un proyecto separado, se aprobó en 2023 y se configura como uno de los logros de Mario Marcel en su segundo año.

Mientras David Bravo cree que el royalty “es un punto a favor” para el gobierno, Michèle Labbé estima que la iniciativa aprobada es una “perlita” de Marcel. Sin embargo, la economista sostiene que la iniciativa tiene un efecto negativo en la inversión minera.

La idea original del proyecto apuntaba a un 1% del PIB de recaudación en régimen, pero finalmente se logró menos de la mitad de ese objetivo.

“Generaremos un sistema único de salud a través de un Fondo Universal de Salud, pasando las isapres a ser seguros complementarios voluntarios regulados por la Superintendencia de Salud”, declaraba el programa de gobierno.

Sin embargo, la aguda crisis por la que atraviesan las isapres, que pone en riesgo a 2,7 millones de afiliados, ha volcado al gobierno y al mundo político a buscar soluciones para evitar el colapso. Bajo este escenario, la creación de un sistema único de salud es complejo, concuerdan expertos.

“Es evidente que no es soportable una quiebra de las isapres, porque eso va a traer otras consecuencias y nos va a generar otra emergencia. Es difícil hablar de una verdadera reforma al sistema de salud si no se es capaz de enfrentar las emergencias que tenemos. Hay suficientes crisis sectoriales en el país como para añadir incertidumbres con megarreformas cuando además no tiene una mayoría política”, afirma el economista David Bravo, quien estima que el gobierno deberá prontamente renunciar y hacer “un duelo” con sus reformas para gestionar las crisis que tiene.

Sebastián Izquierdo recuerda que la idea original era que todos los usuarios deberían cotizar su 7% en Fonasa, dejando a las isapres en un rol complementario y voluntario. “Sin embargo, la estrategia para lograrlo nunca ha sido clara. Primero se intentó incluirla en la propuesta constitucional fracasada. Ahora, mediante la inacción del Ejecutivo en la resolución de los fallos, prácticamente están llevando a las isapres a la quiebra, lo que dejaría a Fonasa como el único actor. Es decir, están legislando por secretaría”, cuestiona el investigador del CEP, quien pronostica la creación de una ley larga que permitiría la coexistencia de aseguradoras y proveedores, tanto estatales como privados.

En septiembre del 2022, el ministro de Economía, Nicolás Grau, reafirmaba el compromiso de campaña de llevar adelante la creación de una Banca Nacional de Desarrollo, cuya tarea clave es facilitar el financiamiento de proyectos de largo plazo y de interés estratégico para el país. “Este es un tema clave para nuestro ministerio y para el gobierno (...) Como Ministerio de Economía queremos presentar nuestro proyecto de ley durante el primer semestre del próximo año (2023)”, proyectaba entonces Grau.

Sin embargo, los plazos se han alargado y no hay indicios de un pronto envío del proyecto de ley. Alejandro Puente, coordinador de Mercado de Capitales de Hacienda, ha adelantado que la institución pasará a llamarse Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, que recogerá parte del trabajo que hoy realiza Corfo. También ha dicho que hay un grupo de trabajo liderado por el Ministerio Economía para analizar la arquitectura y gobernanza de la nueva institución.

“Tengo la impresión de que no hay mucho trabajo hecho ahí. Ni siquiera está incluido en el pacto fiscal que está proponiendo el ministro Marcel, en momentos que eso podría ser algo que permitiría generar crecimiento”, afirma Michèle Labbé, de Dominus Capital.

“La Banca Nacional de Desarrollo, una de las propuestas estrellas del programa de Boric, sorprende por la falta de detalles concretos a casi dos años de su llegada a La Moneda; hasta ahora, solo conocemos su nombre”, complementa Sebastián Izquierdo.

El programa de gobierno buscaba promover la creación de una Empresa Nacional de Litio que desarrolle una nueva industria del recurso.

Fue en abril pasado, en el marco del lanzamiento de la Estrategia del Litio, que el propio Boric reafirmó el interés del gobierno en crear esta institución. “Para que el Estado se involucre activamente en todo el ciclo del litio, el segundo semestre de este año, de manera posterior al diálogo que sostendremos con distintas comunidades que conviven con los salares, enviaremos al Congreso el proyecto de ley que crea la Empresa Nacional del Litio”, dijo el Mandatario entonces. Además de no cumplirse la promesa, aún no hay detalles de cuál es el diseño de la institución ni señales de un pronto envío de la iniciativa que la crea. El propio vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, reconoció esta semana que la discusión en el Congreso de este tema “se va a demorar mucho tiempo”.

“No hay posibilidades de concretarlo, no hay capacidad. Quieren pasársela a Codelco, quien ya tiene suficientes problemas”, alerta Michèle Labbé.

“Nuestro gobierno tendrá como prioridad recuperar una trayectoria de consolidación fiscal creíble, con una reducción gradual y sostenida del déficit fiscal estructural”, sostiene el programa de gobierno.

Transversalmente el mundo económico ha destacado la labor de Marcel por devolver la salud de las arcas fiscales en 2022, luego de fuerte déficit. Ayudado por los mayores ingresos del litio, el balance fiscal pasó de un déficit estructural de 10,8% del PIB el 2021, como consecuencia de la pandemia, a un 0,2% del producto en 2022. “El rol de Marcel era asegurarse que esto no se desbocara por el lado fiscal e inflacionario (...) Marcel ha logrado su objetivo de fondo”, dijo Sebastián Edwards, recientemente.

Sin embargo, Sebastián Izquierdo, del CEP, matiza y alerta por la expansión del gasto hacia futuro. “Tras lograr equilibrar las finanzas públicas, lo que no es poco, ahora la expansión del presupuesto para el 2024 resulta ambiciosa. Vuelve a surgir la preocupación sobre la capacidad de la política para contener el crecimiento constante de nuestros gastos y afrontar futuras adversidades. Hemos perdido margen en nuestras finanzas públicas y nuestra deuda ya estaría alcanzando el nivel prudencial”, concluye el economista.