El complejo escenario del factoring, la industria “termómetro” de las pymes

Los factoring son entidades que reciben una comisión por el servicio que le permite a las empresas, sobre todo Pymes, convertir en dinero efectivo inmediato sus cuentas por cobrar. Más tarde, estas compañías financieras cobran las facturas a la contraparte al plazo estipulado en un inicio.

Al financiar a alrededor de un tercio de las Pymes de mayor actividad del país, se suele decir que los factoring son un termómetro de la actividad comercial del país, y lo cierto, es que ese termómetro está mostrando que la economía local está con indicios de fiebre.

Antes, algunas cifras de contexto de esta industria. Hoy hay más de 150 empresas de este rubro en el país, que se distribuyen en cuatro grupos. Las 10 que son parte de la Asociación Chilena de Empresas de Factoring (Achef), donde hay cuatro filiales bancarias y seis no bancarias reguladas y de mayor tamaño; las 24 firmas no bancarias que son parte de la Asociación de Factoring de Chile (EFA); los factoring de los grandes bancos que se salieron de la Achef; y las decenas de empresas de este tipo que son más pequeñas, con estados financieros cerrados y que no pertenecen a ningún gremio.

Los asociados a la Achef cuentan con alrededor de 18.000 clientes, un stock aproximado de US$ 1.900 millones y un volumen de transacciones de unos US$ 9.000 millones por año, mientras que la EFA sumó un stock de colocaciones al cierre de 2019 de unos US$ 873 millones, atendiendo a más de 15.000 clientes y 30.000 deudores, con foco en las Pymes.

Jaime Vargas es el pionero del factoring en Chile. Aprendió de esta industria mientras trabajó en EEUU y luego trajo la idea a nuestro país en los ochenta. A inicios de los noventa se independizó y junto con su socio Sergio Benavente crearon Incofactor e Incofin, donde esta última firma prevalece hasta el día de hoy y tienen como socios al holding Norte Sur.

El presidente de Incofin puntualiza que si a los 10 socios de la Achef se le sumaran las participaciones de las filiales de algunos bancos que se salieron del gremio, cubren alrededor del 85% del factoring de Chile. Estima que sumando el stock de las seis filiales bancarias que ahora no pertenecen al gremio, junto a los asociados de la Achef, suman un stock de US$ 6.000 millones, ventas por más de US$ 22 mil millones y alrededor de 20 mil clientes. Indica que más de la mitad de las empresas de factoring no pertenecen a ningún gremio y son de un tamaño pequeño, y que no tendrían más del 5% del mercado.

El estallido social del último trimestre del año pasado “indiscutiblemente impactó fuertemente en la economía nacional, provocando un escenario de gran inestabilidad lo que vimos reflejado en menos operaciones”, reconoce Ignacio Prado, presidente de la Achef. En tanto, su par de la EFA, Marcelo Lazen, puntualiza que a partir del 18 de octubre pasado, la industria vio una disminución en el volumen mensual de negocios, en torno a 15%.

Con todo, Vargas aclara que pese a la desaceleración que significaron los hechos del último trimestre del año pasado, el stock de colocaciones de las firmas de la Achef crecieron un 7% en 2019, lo que dista del 29% de 2018 y de las proyecciones de dos dígitos que tenían para el reciente año. Agrega que el último trimestre del año pasado aumentó la morosidad de las carteras, de la mano de la falta de liquidez.

Fuentes de la industria calculan que la cartera deteriorada o que no paga se mueve en esta industria entre 3% y 5% del total de los montos prestados. La tasa de retorno sobre patrimonio se mueve entre 15% y 18%, aunque en 2019 estuvo entre 12% y 16%. En tanto, el retorno sobre activos se mueve entre 3% y 4%.

Pero los impactos del coronavirus están siendo más fuertes que los del estallido social del año pasado. El presidente de Incofin relata que “enero, febrero y la primera mitad de marzo el negocio venía bien, pero después vino un impacto importante en las ventas y en el nivel de morosidad”. Además, a diferencia del estallido social, menciona que está viendo a empresas “con un riesgo estructural importante, que llevan más de un mes sin abrir y que no le han podido pagar a sus clientes. Son empresas con riesgo vital”. Ejemplifica que los análisis de riesgo que están haciendo son más estrictos. “Una factura de Latam Airlines hace tres meses todo el mundo se la peleaba, porque era un súper pagador, pero hoy día no todo el mundo está dispuesto a tomarlas, porque si bien las están pagando, sabemos que es una empresa que está con un nivel de estrés financiero y operacional no menor”, reconoce.

Lazen explica que con la llegada del Covid-19 “cambió en forma relevante el ritmo de los negocios en todos los aspectos. Se estima que las operaciones han caído en un 40% o 50%, la cadena de pago se ha relentizado casi en un 90% y en estos días la mora de 10 a 30 días está cediendo pasó a un aumento de la mora entre 30 a 45 días y, obviamente, pronto se desplazará sobre los 60 días”.

La EFA realizó por estos días una encuesta a sus asociados, cuyos resultados son reveladores. Se mantiene la tendencia al alza la percepción de que la cadena de pagos está alterada -un 87,5% reconoce que ha aumentado la morosidad-, la mora sigue aumentando en los tramos superiores a los 30 días y las operaciones de factoring para el 80% de los encuestados están disminuyendo entre 10% y 40% respecto a marzo del año pasado, mientras que para un 16,7% de los encuestados las operaciones están desplomándose entre 40% y 60%.

Además, en esta encuesta se les consulta por primera vez a los factoring sobre el financiamiento de la banca a la industria, donde se destaca la alta solicitud de prepago de líneas de crédito (35%), renegociaciones desfavorables (14%) y cierre de líneas (14%). Concluyen que “esto es consistente con el temor y desconfianza que expresa el sector respecto de que las medidas económicas de la autoridad canalizadas a través de la banca lleguen efectivamente a las instituciones no bancarias para distribuirlas en forma eficiente y rápida entre las Pymes”.

Tanto en la EFA, como en Achef, coinciden en que los sectores más afectados que están viendo en esta crisis son los restoranes y sus proveedores, constructoras e inmobiliarias medianas y pequeñas, agencias de viajes, proveedores de mediana minería y de la construcción, comercios, transporte de pasajeros -líneas de buses interurbanas y también transporte de personal privado- y exportaciones forestales. (ver inforgrafía).

En cuanto a los plazos de pago de las facturas, en la industria de factoring coinciden en que están siendo más largos. “El Estado, que es muy mal pagador, especialmente Salud y municipios, ahora se debería poner al día en no más de 30 días”, opina Vargas.

Lazen comenta que la morosidad en el pago de las facturas está subiendo de los 37 días promedio que tenían hacia fines de 2019, a 60 días promedio. “Si la liquidez de las empresas sigue disminuyendo y la actividad económica no repunta o se reactiva, estos números van a seguir empeorando”, advierte.

El escenario podría cambiar radicalmente, dice Lazen, “si las medidas pro liquidez anunciadas por la autoridad llegan rápido a las empresas”. Enfatiza que “este es punto crucial y que no admite demoras. Todos los actores de la industria financiera tanto bancarios como no bancarios debemos estar presentes y ser vehículos válidos para el gobierno para inyectar liquidez en las empresas. Hasta aquí los anuncios se concentran en la banca como el gran actor que proveerá de liquidez a través de las líneas Covid-19, pero esta industria no tiene toda la capilaridad necesaria para llegar a todas las Pymes. Los actores no bancarios son el complemento necesario para tener un mayor éxito en ello, y en esto incluyo al factoring, leasing, cajas de compensación, fintech, etc., y lamentablemente no vemos medidas concretas y rápidas para nuestra industria”. En todo caso, el gobierno ya analiza las vías para apoyar a la industria.

Pese a estar de acuerdo con las medidas económicas del gobierno, en la EFA advierten que “mientras los anuncios de inyección de liquidez enunciados por el gobierno no comiencen a llegar ya a las empresas en general, la situación será crítica. Pese a ver la urgencia en el mensaje, en la práctica esta bajada no está sucediendo y no incluye a actores relevantes como nuestro sector que trabaja de lleno en el financiamiento de las Pymes”.

En tanto, en la Achef, sostienen que ven “con muy buenos ojos que la banca comercial, en su totalidad, pueda prestar en condiciones muy favorables para las empresas, hasta tres meses de sus ventas, ya que esto ayudará a pagar las facturas en tiempo y forma”.

De todos modos, el presidente de Incofin lamenta que no se haya incluido a los factoring para usarlos como un canal de distribución de medidas de liquidez que está implementando la autoridad, especialmente vía Banco Central. Agrega que últimamente el costo de financiamiento de los factoring ha subido, debido a que “el mercado de los efectos de comercio se secó”, asegura, por lo que comenta que han tenido que subirle las tasas de interés a sus clientes, que hoy se mueven entre 1% y 1,2% en las empresas de factoring más grandes y superior a 2% en las más pequeñas.

Ante el panorama de menores y más costosas alternativas de financiamiento a largo plazo, Vargas cuenta que, con la colaboración del economista Alexander Galetovic, trabajaron en una propuesta para la autoridad para que ciertos factoring puedan acceder a recursos en condiciones especiales, similares a los que está obteniendo hoy la banca. Se trataría de una propuesta extensiva solo a los factoring calificados, es decir, los que sean filiales de banco o emisores de títulos públicos, que son los que tienen información financiera pública, están regulados por la CMF, tienen clasificaciones de riesgo y estados de resultados auditados.

“Estos factoring deberían poder acceder a recursos más baratos para que se le puedan traspasar a las empresas”, propone. Como el Central no les puede proveer estas líneas de financiamiento, los factoring proponen poder acceder a fondos directos desde la Corfo. De hecho, desde la EFA indican que “con Corfo hemos estado en permanente contacto de tal forma de agilizar sus procesos internos para canalizar los recursos hacia nuestra industria, como agentes colocadores. También hemos contactado a Tesorería y al MOP sin mucho éxito, para regularizar la cadena de pago del sector público”.

Vargas indica que desde el gremio le han hecho llegar estas propuestas a Hacienda, al ministro de Economía y al Banco Central. “Ha habido buena receptividad y un reconocimiento a la cercanía que tiene nuestra industria con las Pymes”, confidencia. Agrega que si las medidas de liquidez no pueden ser implementadas de buena forma por los bancos, “sería letra muerta, al igual que el pago a 30 días, que es una ley que nació media muerta”.