El complejo primer Presupuesto de Marcel: gasto contracíclico, pero manteniendo meta fiscal

El 25 de julio pasado Hacienda citó a los expertos del Comité del PIB tendencial y del precio del cobre para iniciar el proceso de cálculo de los ingresos estructurales. La primera reunión estuvo liderada por el coordinador macroeconómico, Andrés Sansone, quien por cerca de 30 minutos les expuso a los 21 economistas seleccionados la nueva metodología que se aplicará para calcular el crecimiento de largo plazo de la economía chilena.

Con este cambio se medirá el PIB potencial no minero, excluyendo el PIB minero. Esto, debido a las fuertes oscilaciones que muestra el producto minero, afectado por variables como el clima, y a las dificultades metodológicas para separar shocks transitorios de permanentes, por lo cual la recomendación es medir la brecha del PIB considerando sólo el PIB potencial no minero.

Esta nueva fórmula implicará un menor espacio para el crecimiento del gasto público el próximo año, pero los expertos afirman que es una modificación que se ajustará más a la realidad fiscal del país, e invita a una mayor responsabilidad fiscal.

La segunda reunión estuvo liderada por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien delineó los ejes generales para este cálculo. Para el precio del cobre de largo plazo no hubo cambios metodológicos, manteniéndose los criterios históricos.

Con ambos hitos, se dio inicio a la recta final de la elaboración del erario fiscal 2023, puesto que estas variables le entregarán a Hacienda los ingresos estructurales que le permitirán calcular el espacio que tendrá para el crecimiento del gasto público.

El escenario macroeconómico que tendrá el ministro de Hacienda Mario Marcel y su equipo para elaborar su primer Presupuesto no se anticipa auspicioso. Las proyecciones de consenso más optimistas para el Producto Interno Bruto (PIB) del próximo año se ubican en 0%, mientras que en Hacienda tienen un escenario base de -0,1% y el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria tiene un rango de 0% a -1%.

Según el cronograma de la Dirección de Presupuestos (Dipres), los expertos tienen hasta el viernes 19 de agosto para hacer llegar sus proyecciones, las que serán publicadas por Hacienda el 31 de agosto. Desde ya los economistas anticipan que el gasto público podría crecer en 2023 entre 1,5% y 2,5% si es que se quiere mantener la trayectoria de reducción del déficit fiscal estructural prevista para el próximo año, de -2,6%. Esa expansión se compara con la caída del gasto fiscal esperada para este año, de -24,1%.

Cristóbal Gamboni, economista senior del OCEC-UDP y excoordinador macroeconómico de Hacienda, sostiene que hasta ahora “el gasto compatible con una meta de déficit estructural de 2,6% del PIB permite un crecimiento del gasto sobre 4%. Estas cifras consideran la mejor base con la que terminaría 2022. Sin embargo, los ajustes metodológicos a los parámetros estructurales podrían restar espacio de gasto en cerca de US$2.000 millones, acotando el espacio de crecimiento del gasto a cerca de 2%”. Para Gamboni, “el tener un gasto creciendo en un escenario de déficit estructural, con un PIB efectivo cayendo o creciendo 0%, y con parámetros estructurales que reflejen mejor la situación de tendencia de la economía, sí se tratará de un gasto contracíclico”.

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, refuerza ese análisis, señalando que “la estimación del precio del cobre sería de alrededor de US$3,85 la libra y un PIB potencial no minero de entre 1% a 1,5%, lo que debería permitir que el gasto público pudiese crecer en torno a 1,5%- 2%. Como la economía se contraerá, será un Presupuesto contracícliclo y estará ayudando a la economía por la caída del PIB”.

Un conocedor de estas materias comenta que si la situación económica el próximo año se complejiza y en lugar de que la actividad se contraiga 0,1% o 0,5%, cae 1,5% o 2%, Hacienda puede aplicar una cláusula de escape y desviarse de la trayectoria prevista en el Informe de Finanzas Públicas de -2,6% para el déficit fiscal estructural. “Mientras más profunda sea la recesión, más presión habrá para que la política fiscal actúe”, sostiene la misma fuente.

Desde el gobierno afirman que si bien se debe esperar el cálculo de los expertos del PIB tendencial y del precio del cobre, de manera preliminar suscriben la visión que tienen los economistas y por ello, mencionan que el gasto podría crecer el próximo año entre 2% y 2,5%. No obstante, refuerzan el mensaje de que hoy no está contemplado aplicar alguna cláusula de escape, ni desviarse de la trayectoria fijada en cuando a la reducción del déficit fiscal estructural. Es decir, el Presupuesto 2023, en su escenario base, mantendrá el -2,6% previsto como meta para el próximo año. Esto, considerando que el decreto fiscal publicado contempla una meta de balance estructural de -0,3% al 2026. “Vamos a seguir nuestra ruta fiscal comprometida en el Decreto de Política Fiscal donde están las metas para el periodo”, dicen desde la Dipres.

Donde existe plena coincidencia entre los economistas y el gobierno es que el próximo erario fiscal tendrá un fuerte componente en inversión pública. Y es por ello que el trabajo que está haciendo este año la Dirección de Presupuestos, junto al Ministerio de Desarrollo Social, para destrabar los problemas que ha tenido la ejecución de la inversión en regiones, pavimentará el camino para que no se repita el próximo año y la inversión pública avance sin rezagos.

El senador RN e integrante de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot, resalta este problema: “La inversión pública debe ser un pilar de desarrollo, para ello se deben revisar todos los obstáculos que impiden su ejecución. La inflación está causando que muchos contratos no se materialicen. En regiones como La Araucanía, las obras públicas tienen un costo superior por el mayor riesgo a causa de la violencia y el terrorismo”. El legislador añade que “una cosa es aumentar los presupuestos de inversión, otra distinta es que se ejecuten. Los gobiernos regionales tienen en esto un gran desafío, considerando que, al 30 de junio de este año, solo informan ejecución por un 25,7% de sus presupuestos de inversión”. Este mismo énfasis pone el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien sostiene que “hay un desafío de ejecutar, entendiendo que esta es una administración nueva que se está instalando, pero estamos atrasados en la inversión pública en regiones. No saco nada con inyectar más recursos si no somos capaces de ejecutarla. El desafío para reactivar es poder ejecutar el presupuesto”.

Desde el Ejecutivo sostienen que el componente de la inversión pública dentro del Presupuesto será relevante, pero también indican que se está haciendo un trabajo con el sector privado para generar un clima positivo para la inversión. “Es importante que se respete la regla que el mismo gobierno se impuso, ya que tiene un valor en sí mismo. Eso no quita que ese gasto se pueda reorientar hacia áreas más necesitadas y prioritarias, dentro de las cuales la inversión pública es una de las importantes”, puntualiza la economista de LyD, Macarena García.

Gamboni complementa mencionando que “el próximo año es clave la composición del gasto en al menos tres materias: inversión pública, tanto al presupuestar un monto considerable como en cuidar su ejecución durante el año; planes proempleo para apoyar la creación de puestos de trabajo, y medidas que aumenten la productividad”.

El trabajo presupuestario interno de Hacienda comenzó el 23 de mayo con el envío de instrucciones para la formulación presupuestaria 2023 a los ministerios y servicios del sector público. Luego se avanza a un primer piso de importancia, que es la etapa en que los distintos organismos de la administración central realizan un análisis interno de su propia necesidad de gastos. Ese trabajo se efectúo entre el 23 de mayo y el 24 de junio. Luego se dio paso a la revisión y discusión de las propuestas sectoriales por parte de los servicios y la Dipres.

Actualmente la Dirección de Presupuestos está en el proceso de análisis y elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos 2023, etapa que se extiende hasta el 24 de agosto. Luego vienen las reuniones entre Hacienda y el Presidente Gabriel Boric para ir definiendo los ejes del erario fiscal y se realizarán citas de Marcel con los distintos ministros. Ese proceso irá entre el 25 de agosto y el 15 de septiembre. El 30 de ese mes se ingresará el proyecto al Congreso para que los diputados y senadores lo analicen y despachen a ley en un plazo de 60 días.