La crisis sanitaria puso de manifiesto un conflicto interno entre los diputados y senadores a la hora de figurar con las autorías de los proyectos que llegó a su punto máximo con la moción que prohíbe la suspensión de servicios básicos en medio de la pandemia y establece formas de cobro posterior en cuotas.
Pese al amplio respaldo que esta iniciativa concita entre los congresales, lo cierto es que aún no ha sido despachada porque textos de espíritu similar se presentaron tanto en la Cámara como en el Senado.
El primer proyecto de la diputada Joanna Pérez (DC) fue iniciado a tramitación el 23 de marzo y despachado por la sala de la Cámara a segundo trámite al Senado con una amplia aprobación, el 15 de abril, pero quedó en pausa en este estamento.
Y, ese mismo día, la Comisión de Economía del Senado iniciaba el análisis de un proyecto de similar intención, pero de autoría de varios senadores, que fue votado en la sala y enviado a la Cámara de Diputados a segundo trámite el 29 de abril.
Esto provocó la molestia de los diputados que con discursos más o menos vehementes, solicitaron a la mesa de la Cámara que enviara una queja al Senado. “Basta de que los senadores nos copien los proyectos. Estamos sentando una nueva jurisprudencia y es que los proyectos de los senadores estarán por encima de los de diputados. ¡Pónganse los pantalones!”, señaló el diputado Jaime Naranjo (PS).
Los diputados acordaron reemplazar el texto del Senado con el proyecto original de ellos, y lo enviaron a tercer trámite, donde esperan que finalmente vaya a Comisión Mixta para dirimir.
“Nosotros hablamos con el presidente de la Comisión de Economía para destrabar nuestro proyecto que estaba más avanzado, pero ellos privilegiaron el suyo”, reconoció la diputada Pérez.
En tanto en el Senado aprobaron en comisión la semana pasada el texto de los diputados y está listo para ser visto en Sala, para volver a cruzarse entre cámaras.
Los diputados señalan que este mismo problema ha ocurrido con otras iniciativas como el de permisos de circulación y la prórroga el mandato de los dirigentes de juntas de vecinos.