A las 15:50 del jueves 30 de enero tres funcionarios de la PDI cruzaron las puertas de la Clínica Pocuro, en Vitacura. Al frente de ellos el comisario Francisco Valenzuela, de la Brigada de Delitos Económicos, llevaba una orden de detención en la mano. Su objetivo: verificar si el empresario de origen indio, Sunil Rajesh Nandwani Vaswani, seguía internado en psiquiatría.

La administradora del recinto no tardó en responder. Nandwani había ingresado el 28 de enero, pero al día siguiente pidió el alta y se marchó. La visita policial era solo un capítulo más en el conflicto tributario que sacude a una de las familias más acaudaladas de Punta Arenas y que ahora escala a la Corte Suprema.

Desde entonces, la defensa del empresario, encabezada por el penalista Juan Carlos Manríquez, ha argumentado que la orden de arresto vulnera su derecho al debido proceso y que su estado de salud le impide enfrentar la causa con normalidad. El jueves último, la Corte Suprema acogió su solicitud y concedió una orden de no innovar, suspendiendo la orden de detención dictada por el Tribunal de Garantía de Punta Arenas.

Sunil y su hermana Laju faltaron a dos audiencias de formalización en enero por presuntos delitos tributarios. Él argumentó no estar en condiciones mentales para enfrentar el proceso, mientras que ella viajó a India pocos días antes de la audiencia para asistir al matrimonio de una de sus hijas. Sin embargo, regresó en cuanto supo del problema de salud de su hermano y hoy lidera los negocios familiares.

“Si bien yo no conducía a esa fecha la representación legal del Sr. Nandwani, los serios antecedentes médicos y personales acompañados a la causa dicen que, en medio de un cuadro de profunda aflicción y angustia, acudió a su familia y apoyo en Santiago. No buscaba evadir ninguna acción. Hoy la Corte Suprema ha suspendido la detención de Nandwani y el tribunal de Punta Arenas la dejó sin efecto, entre otros puntos, en razón de esos datos médicos”, explicó el abogado Manríquez a Pulso.

Los problemas para la familia comenzaron el 16 de agosto de 2022, cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra Laju Nandwani Vaswani, representante legal de Sociedad Real y Compañía Limitada. La acusó de declarar ventas exentas de IVA en la Zona Franca de Extensión (Punta Arenas), sin cumplir los requisitos legales. Entre 2015 y 2020, según el SII, la empresa habría evitado el pago de impuestos, causando un perjuicio fiscal de $1.833 millones.

El 30 de octubre de 2024 el SII amplió la querella, tras detectar que la firma mantuvo la misma práctica entre 2020 y 2023, sumando un nuevo perjuicio de $896 millones. La denuncia incluyó más pruebas, como la venta de vehículos sin facturas en Coyhaique y quejas de clientes.

De acuerdo a los antecedentes aportados por el SII el esquema funcionaba así: Sociedad Real importaba vehículos nuevos exentos de IVA como usuario de la Zona Franca en Punta Arenas. Luego, los trasladaba a Coyhaique, en la Región de Aysén, donde los vendía sin aplicar el impuesto. Para evitar pagarlo, la empresa utilizó dos estrategias: primero, emitió facturas exentas, lo que el SII consideró ilegal; luego, desde 2018, dejó de emitir facturas y formalizó las ventas con contratos de compraventa ante notario, ocultando así las transacciones.

El fraude fue detectado tras una fiscalización del SII en abril de 2022. Inspectores descubrieron que la empresa tenía bodegas en Coyhaique con vehículos en stock y que seguía operando sin declarar el IVA correspondiente. Con estos antecedentes, el SII pidió investigar no solo a Laju Nandwani, sino también a otros posibles responsables.

La familia Nandwani, de origen indio, se estableció en Punta Arenas a principios del siglo XX. Bhojraj Hotchand Nandwani, el patriarca, llegó a la ciudad en 1912 y a los 16 años ya comenzó en el comercio de importación.

Su hijo, Dwarkadas Nandwani, continuó con los negocios y tuvo cinco hijos: Sunil, Sergio, Mónica, Rita y Laju Nandwani Vaswani. Hoy, los hermanos manejan diversas inversiones. Sunil, ingeniero comercial, ha liderado proyectos inmobiliarios, entre ellos la construcción del “Palacio Taj Mahal” en Las Condes, una mansión inspirada en el monumento indio, que ha servido como punto de encuentro para la comunidad india en Chile. Laju, en tanto, ha dirigido Sociedad Real y Compañía Limitada, empresa de venta de vehículos en Magallanes. Mónica maneja tiendas en la Zona Franca, mientras que Rita y Sergio han mantenido actividades empresariales más discretas.

La familia ha diversificado sus inversiones en retail, el mercado automotriz y desarrollo inmobiliario, consolidándose como un grupo económico influyente en la región austral. Sin embargo, su historial financiero no ha estado exento de polémicas. En 2014, a través de Inversiones ENE, la familia presentó una querella por estafa contra la corredora de bolsa FIT Research-Invertir Online, tras enfrentar una deuda impaga de $4.200 millones.

El diagnóstico psiquiátrico de Sunil Nandwani ha sido un punto clave en su defensa. Según su abogado, los antecedentes médicos presentados indican que el empresario atraviesa un cuadro de angustia severa que justificaría su ausencia en las audiencias de formalización. Esto llevó a la Corte Suprema a conceder la orden de no innovar, suspendiendo la detención y reconfigurando el escenario judicial.

A través de un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la defensa de Sunil Nandwani adjuntó un informe médico elaborado por el psiquiatra Juan Vukusich Covacic. En el documento, el especialista certifica que el empresario padece un trastorno ansioso depresivo, con episodios de crisis de pánico y pérdida de conciencia ante situaciones de estrés. Además, señala que se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico, con licencia médica y bajo medicación. Según el informe, su estado de salud le impide enfrentar situaciones de presión, como el proceso judicial en su contra, y su evolución será reevaluada en un plazo de 15 días.

Mientras tanto, la causa sigue avanzando. El SII sostiene que hay pruebas suficientes para continuar adelante con la acusación, mientras que la defensa busca frenar el proceso apelando al debido proceso y al estado de salud del empresario.

El conflicto tributario que sacude a la familia Nandwani aún no está cerrado. La Corte Suprema deberá pronunciarse en los próximos meses sobre el fondo del recurso, mientras el SII continúa su ofensiva para probar el fraude fiscal.