Jueces investigados por serias acusaciones de corrupción, un fiscal Regional sorpresivamente denunciado por faltas graves que podrían incluso ser constitutivas de delitos, todo en una trama que está en pleno desarrollo y que difícilmente sabemos cómo va a terminar. Podríamos aventurar vuelcos permanentes en la historia, donde los personajes saltan de héroes a villanos y viceversa. Ese es el panorama que se vive en estos días en lo que en la opinión pública se ha conocido como el "Desastre de Rancagua". Pero lo único que nos queda claro en todo este asunto es la evidencia palmaria de que todos, absolutamente todos los organismos públicos y privados deben ser objeto y sujeto de la más rigurosa fiscalización de sus actos.

La lucha contra la corrupción no permite omisiones ni espacios para laxitudes, menos aun cuando hablamos de asegurar el funcionamiento del estado de Derecho en un contexto en que lacras como el narcotráfico o tráfico de influencias, intentan corromper a servidores públicos. Ya se ha dicho hasta el cansancio: este combate debe darse en todos los ámbitos, incluyendo a las empresas y a las personas.

En el fondo, se trata de tomar conciencia de la vulnerabilidad que tienen todas las instituciones ante el poder corruptor que tiene el dinero obtenido en delitos altamente rentables. Y en ese proceso, lo que tampoco puede ocurrir es abrir espacios para la improvisación ni menos para abrazar soluciones que pueden parecer de mucho "sentido común", pero que a la larga supondrán debilidades al sistema de control y fiscalización.

Debemos resguardar la autonomía de organismos fiscalizadores y persecutores respecto del poder político que es por esencia volátil y variable, sin que ello signifique un descontrol o ingobernabilidad de quienes están llamados a hacer cumplir las leyes y las normativas.

No podemos olvidar que la trama de Rancagua está relacionada con delitos tremendamente graves, como el tráfico de influencia o enriquecimiento ilícito, lo que refuerza el hecho de que no somos ninguna excepción respecto de otros países que enfrentan este mismo flagelo. En vez de un "desastre", Rancagua debiera representar un desafío para el conjunto de actores de la sociedad. Lo que esperamos sinceramente es que se investigue todo, que esas investigaciones entreguen señales claras de transparencia y se asuman los costos, sean cuales sean, de modo de dar un solo mensaje: la corrupción, fuera.