El Banco Central ha señalado que nuestra economía se encuentra este año 2021 en una trayectoria de cierre de brechas de actividad económica. Es decir, se está reduciendo significativamente la diferencia entre lo que la economía produce y lo que puede producir sin generar presiones inflacionarias. Tanto así que el Banco Central ya comenzó a incrementar su tasa de interés de política monetaria. Este cierre de brechas de actividad contrasta con la situación del empleo y con las bajas perspectivas de crecimiento hacia adelante. En este contexto es natural llevar las miradas al papel que la política fiscal puede y debe jugar.

A pesar de la recuperación de la actividad económica, el número de ocupados hoy está cerca de 10% por debajo de los niveles de empleo previos a la pandemia, equivalente a 900 mil puestos de trabajo menos. Para tener un punto de comparación, en el caso de EEUU y la Zona Euro, los niveles de empleo están hoy 3,5% y 1,2% por debajo de los niveles pre pandemia respectivamente. Un mayor crecimiento económico es un elemento clave para fortalecer la generación de empleos. Pero un crecimiento promedio de 1,8% por año, que es la medida tendencial esperada para los próximos años, no sería suficiente para recobrar los empleos perdidos. Tampoco sería suficiente para enfrentar nuestros desafíos sociales. Todo lo anterior apunta a que se requiere una agenda estructural de recuperación del empleo y de crecimiento inclusivo y sostenible.

Una agenda que potencie la generación de empleos de calidad exige un importante aumento en la inversión local y en la inversión extranjera. Pero para que esa inversión se concrete se requieren varios factores. No solo reglas del juego claras y estables, sino también una fuerte inversión del Estado en bienes públicos para una economía moderna. Inversión en ciencia y tecnología, en educación, que nos permita generar una matriz productiva medioambientalmente sostenible, sofisticada e innovadora. Requiere además apoyar el emprendimiento y la competitividad de las PYMES. Y dado el escenario laboral que enfrentamos, necesitamos políticas activas de empleo y de participación femenina y también apoyos a las familias afectadas de manera más persistente por el Covid-19. Y todo esto requiere recursos fiscales.

Está la política fiscal en condiciones de enfrentar este desafío? En el último Informe de Finanzas Públicas, la Dirección de Presupuestos delineó el escenario fiscal para el período 2022-2025. Este informe indica que hacia el 2025 el déficit fiscal estructural, la diferencia entre el gasto público y los recursos permanentes que el Fisco recibe, sería de 0.9% del PIB y en una trayectoria decreciente. Pero los supuestos utilizados para esta proyección son, como su nombre lo indica supuestos. Esta proyección asume que el gasto público, como porcentaje del PIB, caerá a un nivel similar al que teníamos el 2014. Lo anterior implica un importante ajuste en materia de trayectoria de gasto público. Si hiciéramos un supuesto distinto y consideráramos que el gasto público vuelve a un nivel como el que exhibía el 2018, el déficit fiscal permanente sería de cerca de 2,5% del PIB.

Una trayectoria fiscal como ésta, en un contexto de bajo crecimiento y de potenciales condiciones financieras externas menos favorables, plantea un escenario complejo. Hay que tener cuidado con las visiones extremas en materia del papel de Estado, que solo complejizan el escenario. Los que señalan que estamos frente a un problema de voluntad política y que un aumento en la carga tributaria sería suficiente para enfrentar todos nuestros males, se olvidan de que, si esa política no viene acompañada de mayor crecimiento, no generará un bienestar permanente.

Con una carga tributaria similar, el PIB per cápita de Nueva Zelanda casi duplica y triplica al de Argentina y Brasil respectivamente. Y Nueva Zelanda es un país mucho menos desigual. Y frente al Covid-19, los apoyos a las familias en Nueva Zelanda, un país de marcada preocupación por el crecimiento y la solidez fiscal, fueron significativamente mayores que en Argentina y Brasil.

El crecimiento y una política fiscal responsable no son un dato. Por otro lado, los que dicen que bajando los impuestos y el gasto público se solucionarán todos los problemas, se olvidan de que los países que han logrado alcanzar el desarrollo lo han hecho sobre la base de economías de mercado competitivas y de aumentos significativos en la capacidad del Estado para proveer mayores grados de protección social y de bienes públicos productivos como educación, salud, inversión en ciencia y tecnología y capacitación. Y nuestras brechas en estas materias son evidentes.

Todo lo anterior revela que necesitaremos aumentar la carga tributaria y potenciar el crecimiento económico. Para balancear estos objetivos se requiere alcanzar acuerdos amplios. Partir por reducir las exenciones tributarias que no se justifican y por entregar mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para reducir la elusión y evasión, debiese ser natural. El gobierno debiese priorizar esta agenda. Las comisiones que ha formado el gobierno para proponer agendas en materia de empleo y crecimiento son bienvenidas.

Pero gran parte de la discusión se jugará en las elecciones presidenciales y en el trabajo de la Convención Constitucional. Para que se materialicen las transformaciones sociales que gran parte de nuestra sociedad anhela, se requiere dinamismo económico, inclusivo y sostenible. Una economía anémica podría terminar frustrando las promesas de cambio.