Restan siete semanas para que el gobierno ingrese el proyecto de Presupuestos 2024, la ley más importante que se discute anualmente entre octubre y diciembre, y que fija los ingresos y gastos que tendrá el Fisco al año siguiente. Debido a su trascendencia, su discusión es ardua y a veces el debate entre los parlamentarios y el gobierno sube de tono. Pero este año, en particular, el proceso desde ya se anticipa más complejo a nivel político, ya que la seguidilla de investigaciones por el uso de recursos en convenios que los gobiernos regionales y las seremis han firmado con fundaciones, puede tensionar adicionalmente este álgido debate, e incluso, entramparlo.
Un anticipo de esa discusión se tuvo en el Congreso esta semana que termina. El miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, expusieron en las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
“Fue importante la sesión que tuvimos el miércoles, porque ayudó a aclarar ciertos conceptos e ideas que estaban instaladas que no eran correctas, lo que no quiere decir que la oposición haya quedado satisfecha, pero sí ayudó”, dice el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD).
Y su par, pero de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (Convergencia Social), señala que “ya vimos un anticipo de lo que será el debate. Hacienda nos presentó el criterio que usará para poder agudizar la fiscalización y acotar los traspasos directos”.
Ambos se refieren a las exposiciones de Marcel y Martínez, quienes respondieron versiones que apuntaban a que este gobierno había flexibilizado normas presupuestarias o realizado modificaciones al erario fiscal que hicieron acelerar la ejecución de los gobiernos regionales en la última parte del año pasado, lo que derivó en el mal uso de los recursos.
Según enfatizaron las autoridades en ambas citas, nada de eso fue así. ¿Por qué? Primero, porque la mayoría de los casos investigados en el caso de los gobiernos regionales corresponde a 2022, con la vigencia de la Ley de Presupuestos tramitada en 2021, cuando la administración actual no estaba en el gobierno. Lo segundo, es que ni Hacienda ni la Dirección de Presupuestos (Dipres) pueden hacer cambios presupuestarios a través de decretos o modificaciones.
Asimismo, se aclaró que en la glosa que regula las transferencias presupuestarias de 2022 se establecía que, en el caso de las asignaciones concursables, debían existir dos años de requisito mínimo. Sin embargo, en el inciso posterior (de asignación directa) se excluía toda regulación, lo que en la práctica facilitaba la asignación directa de recursos. Aquello, según se detalló, fue corregido en la Ley de Presupuestos 2023, con el objetivo de aumentar la concursabilidad, y disminuir y regular más robustamente las asignaciones directas.
De esta forma, argumentaron que en la actual ley se incrementó el porcentaje concursable y se eliminó la mención a los dos años. Esto último, porque dicha asignación se encuentra dentro del ámbito de regulación de las transferencias corrientes, las que son normadas mediante el artículo 23 de la Ley de Presupuestos, que obliga a realizar concursos para ejecutar dichas transferencias a instituciones privadas. Por lo tanto, en el Presupuesto 2023 los gobiernos regionales no podían transferir recursos a fundaciones con menos de dos años de experiencia, sin realizar un concurso público.
“La dinámica de este episodio es similar a otros que hemos tenido, que es en el fondo cuando uno tiene una regla de carácter general, se toma una excepción y esa excepción se transforma en la regla y ahí hay abuso”, sostuvo Marcel en dichas instancias.
Si bien los senadores y diputados valoraron esta exposición, consideran que todavía faltan más detalles para entender lo que ha sucedido con el mal uso de los recursos y, por ende, esperan nuevas sesiones con Hacienda antes de que comience la discusión del Presupuesto 2024 propiamente tal.
Los cambios que trabaja el Ejecutivo
Desde el gobierno anticipan ya algunos cambios para la ley de Presupuestos 2024. Desde la Dipres afirman que en el erario fiscal del próximo año “se continuará reduciendo glosas presupuestarias que establecen excepciones respecto de normas generales e introducen normas y/o requerimientos de información redundantes”. También indicaron que se revisará el artículo 23 para reforzar los requerimientos de procesos competitivos para suscribir convenios y, en general, la exigencia de concurso público a todas las transferencias corrientes y de capital a instituciones privadas.
Otro eje es que “se asemejarán las regulaciones de los contratos a la Ley de Compras, se establecerá expresamente la prohibición de fraccionar procesos concursales relacionados con transferencias cuando éstas tengan el mismo objeto y provengan del mismo organismo público, se aumentará la exigencia de antigüedad a las instituciones, se aumentará la injerencia del Consejo Regional en la mayoría de los proyectos, y se exigirá rendir cuentas usando la plataforma de la Contraloría General de la República, entre otras medidas”.
Si bien en La Moneda comentan que en el Presupuesto 2023, que les tocó diseñar, se avanzó en reducir los forados que tenían las leyes anteriores, consideran que se debe seguir cerrando esas “ventanas”, originadas principalmente por excepciones permitidas por glosas acumuladas a través de los años.
En cuanto a la elaboración del proyecto, en el gobierno recuerdan que una vez que los comités de expertos del PIB tendencial y precio del cobre de largo plazo entreguen sus proyecciones, se realizará el cálculo de los ingresos estructurales y se podrá estimar el espacio existente para financiar los mayores gastos. Todo esto, manteniendo la meta de balance estructural. Con eso ya definido se podrán determinar las prioridades de los ministerios, los que ya entregaron sus objetivos presupuestarios.
Para la elaboración del Presupuesto 2024, la Dipres instruyó además a los ministerios límites y criterios restrictivos para que estos elaboren sus primeras propuestas de presupuestos. En ese documento, enviado en junio, se detalló que la priorización de la petición del gasto “deberá declararse explícitamente a nivel de cada partida, acorde con la desagregación y fundamentos solicitados por los sectores presupuestarios de Dipres, información que será considerada como insumo para la asignación de recursos en el proceso de formulación del proyecto de ley de presupuestos”.
También se establece que deberá prevalecer la incorporación de gastos que “aseguren el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones legales y contractuales vigentes de los servicios e instituciones, y los gastos que permitan su correcta operación y funcionamiento”.
Una de las innovaciones que traerá este Presupuesto es que habrá una restricción límite para la solicitud de recursos. Esta apunta a que el gasto del “estado de operaciones” de cada partida en la petición total no podrá exceder del 97,5% del gasto “estado de operaciones” contenido en la Ley de Presupuestos 2023 aprobada por el Congreso. Ese límite apunta a que los ministerios ordenen la formulación del proyecto y prioricen sus gastos. Durante esta semana ya se revisaron los presupuestos de cada uno de los ministerios con la Dipres.
Las transferencias con lupa
Los parlamentarios que integran la Comisión Especial Mixta de Presupuestos anticipan que el tema de los convenios con las fundaciones marcará el debate para mejorar y cerrar los espacios que permitieron estos abusos.
De los 26 parlamentarios que integran esta instancia especializada, Pulso contactó a diez -cinco de oposición y cinco del oficialismo-: todos sostienen que este tema será un factor relevante en esta discusión y, por ende, esperan un debate más álgido, pero a la vez anticipan que solicitarán una mayor cantidad de información sobre las transferencias a instituciones privadas. Por ello, esperan que se realice un buen trabajo previo y análisis de la ejecución presupuestaria de este año, para ir pavimentando el camino hacia el erario fiscal 2024.
Los legisladores coinciden en que el tema de cómo limitar o cerrar las asignaciones directas a privados marcará un eje en la discusión, junto con un mayor control del gasto público que hacen los gobiernos regionales.
Por lo mismo, Lagos Weber plantea que, para encaminar la discusión, “es importante que la Dipres pudiera ir avanzando más rápidamente en el contenido de cómo abordar el tema de transferencia de recursos a instituciones privadas, ya que será un tema en la discusión del Presupuesto. Por eso es clave avanzar en ir despejando las inquietudes y tener claridad de cómo se abordará en la ley, y de esa manera llegar con los temas lo más despejados posibles”.
Mientras que el presidente del Senado e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), ve que “será una discusión distinta: el eje central será la probidad, el cómo se asegura el buen uso de los recursos públicos y la capacidad de destinarla a objetivos determinados y no que sea un botín para sectores políticos o personas determinadas”.
A esas voces se suma el senador RN José García Ruminot, quien acota que “los hechos recientes, relativos a desvíos de recursos públicos, marcarán el análisis del Presupuesto. La ciudadanía exige a sus parlamentarios medidas eficaces de control, asegurar que no volverán a ocurrir las tristes y preocupantes situaciones que el país ha conocido”.
Y desde el oficialismo, José Miguel Insulza (PS) complementa que “estamos ahora en la etapa de revisión de la ejecución del Presupuesto 2023. Creo que esa revisión se centrará en la efectividad de las políticas y, más especialmente, de las transferencias a terceros. Se revisarán sobre todo las glosas que permiten esos traspasos. Todo eso nos dará una idea del tono en que se discutirá el Presupuesto 2024″.
Entre los diputados, la mirada es similar: las transferencias directas sin concursos se deben ir acotando, y en la oposición dicen que todo ese tipo de temas se irá mirando con “lupa”, pero también que haya un mayor control y fiscalización. En ese punto, para ellos, estará este año radicada la discusión presupuestaria.
“No va a ser un debate fácil. Desde la oposición vamos a estar muy atentos sobre todo a las glosas que indican cómo se hacen las transferencias: por ejemplo, los convenios con instituciones privadas y fundaciones, con énfasis en los mecanismos de control”, subraya la diputada RN Sofía Cid. Su par RN, Miguel Mellado, puntualizó que “se revisarán con lupa los forados que tiene el Presupuesto”, y por ello, prevé un trámite “más complejo que años anteriores”. Agustín Romero, del partido Republicano, menciona que “no se ve fácil la discusión. El gobierno deberá demostrar que el gasto público se está gastando eficientemente”. Y por lo mismo, ve poco espacio para que “se apruebe un proyecto expansivo, hasta que no demuestre medidas concretas de que habrá un mayor control de gasto”.
Jaime Naranjo, PS, acota que “estará cruzado por el escándalo de las fundaciones. Le hemos dicho al ministro que tiene que haber fiscalización y control, porque de no haber, difícilmente vamos a aceptar el Presupuesto 2024″. Yeomans espera que “exista disposición de la oposición, en lugar de trabar el debate”. No obstante, para Boris Barrera (PC), “sería ingenuo pensar que el tema político se cerró. La derecha seguirá trabando todo”.
