El empresariado redefine su rol y participación de cara al nuevo proceso constituyente

“Si me preguntas si estoy feliz con haber tomado este desafío, claramente no, porque es un tremendo esfuerzo, es un trabajo que va a ser duro, es volver a ser fuente de críticas. Ahora, por qué lo hago, porque tengo un sentido de responsabilidad con colaborar a construir una buena Constitución que sea estable, correcta, moderna, que permita que el país avance en paz”, afirma Juan Sutil Servoin.

El padre del extimonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y presidente de Empresas Sutil-Juan Sutil Alcalde- fue uno de los fundadores de Renovación Nacional (RN). Dado ello, Sutil y su familia tuvieron una relación natural con RN, una que ahora jugó a favor de esa colectividad para que el empresario de 61 años aceptara ir en su lista para ser candidato a consejero constitucional por la VI Región de O’Higgins. “Muchas personas de Amarillos, de Demócratas, de Evópoli, de RN y la UDI me contactaron, porque consideraron que podía ser un aporte”, revela. Y agrega: “Al final, consideré que ir por el cupo de Renovación Nacional era lo mejor”. “Además, está más al centro de la discusión. Y creo que eso es importante a la hora de tratar de construir acuerdos”, subraya.

Los partidos tienen hasta este lunes 6 de febrero para inscribir sus candidatos a consejeros constitucionales. La mayoría ha contactado a varios empresarios y emprendedores para que se sumen a ellas; dirigentes políticos ven como positivo que nombres destacados del mundo privado y sindical aporten. Sin embargo, ese trabajo de convencimiento ha sido complejo y, por lo tanto, lo de Juan Sutil es una excepción.

Hoy el mundo privado -concuerdan varios consultados- mantiene el ánimo de participar, sin embargo, ese ímpetu está lejos del que se vio en el proceso anterior: no quieren que el nuevo debate constitucional monopolice la discusión y el quehacer del país, ni tampoco que mientras ello se desarrolle se dejen de lado las respuestas a las demandas ciudadanas que urgen; varias de ellas que estuvieron en el foco del estallido de octubre de 2019 y cuya situación hoy es peor que entonces, dicen.

“No cometamos el error que se cometió la vez anterior, de suponer que todo era Constitución. Y que se congele el debate de políticas públicas, se congelen las decisiones privadas porque tenemos que estar todos pendientes y esperando que salga un nuevo texto; eso es un profundo error, hay que avanzar en paralelo”, resume el vicepresidente de Colbún y presidente de Pivotes, Bernardo Larraín. “El año pasado, no sólo el país estuvo un poco detenido, sino que la única conversación era la Constitución. Y hay una crisis económica, hay inflación, hay muchas cosas que hacer para reactivar Chile y salir adelante”, añade en la misma línea la expresidenta de Asech y emprendedora, Alejandra Mustakis.

Por lo mismo, hoy muchos miran su aporte desde otra vereda.

“Es urgente que se llegue a un acuerdo respecto del proceso constituyente. Para reactivar la economía y volver a crecer se necesitan certezas. Chile está perdiendo inversiones externas e internas mientras no se despeje esa incógnita. Vamos por una nueva Constitución, bien hecha!”, tuiteó Andrónico Luksic a comienzos de diciembre. A mediados de ese mes se aprobó finalmente el Acuerdo por Chile; tras el aplastante rechazo del primer texto constitucional -un 62% dijo no a la propuesta-, todo el espectro político acordó la forma y tiempos para el desarrollo de un nuevo proceso. Se determinó la conformación de un Comité de Expertos de 24 miembros; un Comité Técnico de Admisibilidad con 14 integrantes, y un único órgano de elección popular: el Consejo Constitucional integrado por 50 consejeros, instancia a la que los partidos podían convocar a distintas personas que el 7 de mayo se someterán al escrutinio de la ciudadanía.

Todas esas instancias y la arquitectura del actual proceso dan desde ya ciertas garantías al sector privado. De hecho, se diseñaron 12 bases institucionales para evitar intentos refundacionales: se consagró la autonomía del Banco Central, el derecho de propiedad, el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas, entre otros.

“El escenario hoy es muy distinto, el eje político cambió y quedó claro que la gente quiere moderación. Además, esta vez, se cuenta con un acuerdo que contiene las bases para una nueva Constitución y con un grupo de expertos que redactará un anteproyecto, todo lo cual permite evitar nuevos intentos refundacionales”, asegura el presidente de la CPC, Ricardo Mewes.

Lo ideologizado del debate anterior -señalan en el sector- quedó reducido esta vez. Además, se “consensuó” al interior del empresariado el hecho de que el país quería y necesitaba una nueva Constitución, pero bien hecha, tal como lo refrendó Luksic en su tuit.

“Esta elección de consejeros no tiene el marcado tinte político que tenía la anterior, que fue una votación que se politizó y polarizó. Hoy hay una conciencia de que aquí se está buscando designar gente más apta”, sostiene el también expresidente de la CPC y de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz. “En el proceso anterior se pensaba que lo que se estaba jugando eran los programas políticos de las coaliciones”, agrega.

Y ese contexto ha hecho que empresarios y emprendedoras amplíen su mirada. En cierto sentido -estiman-, el marco constitucional en esta oportunidad se encuentra más asegurado que hace un año, y en paralelo hay materias a las que no se les puede quitar la atención y la ocupación, como las reformas tributaria y de pensiones que se están tramitando en el Congreso, y las demandas sociales que se multiplican en un ambiente de recesión económica.

En ese contexto entonces, el empresario y vicepresidente de RN, Luis Mayol, reconoce que ha contactado a un amplio número de empresarios para sumarlos a la lista de candidatos a consejeros, pero que le ha ido mal. “No han querido participar”, dice. “Hay muchos empresarios que pueden ser muy útiles en un proceso constitucional como éste por su preparación, por sus conocimientos, y porque también están preocupados de una actividad que necesita certezas jurídicas, pero lamentablemente, llegado el momento de los quiubos, como ha pasado con muchos personajes, no están disponibles”, manifiesta. El también exconvencional añade que “tienen otras urgencias, además creo que quedaron curados de espanto con el proceso anterior”. “Yo que estuve adentro, fue una cosa de locos”, enfatiza.

Dirigentes políticos precisan que han intentado explicarles a representantes privados que este proceso es distinto: que está sobre la base de principios, que habrá expertos, que son sólo 50 integrantes, que dura cinco meses... pero no.

“He llamado a algunos emprendedores regionales o empresarios para ver si están dispuestos a colaborar, que son gente que ha hecho bien las cosas, y bueno, no es fácil”, refuerza Sutil. “El hecho de estar más expuesto significa que eres flanco de ataques. Y a veces la gente no quiere verse expuesta a aquello y yo entiendo, porque lo he sufrido, pero creo que igual es necesario que la mayor cantidad de gente que puede aportar lo haga. Y de todos los ámbitos”, agrega.

El mismo Santa Cruz dice que no lo han llamado, “por suerte, porque contestaría que no”. “En esta etapa hay gente que tiene más condiciones que yo o más atributos para sentarse y redactar una Constitución”, señala.

Hasta último momento RN preveía sumar nuevos exponentes tanto empresariales como sindicales. Se estaba hablando con pymes del norte.

Una de las personas que ha sido sondeada por los partidos es Alejandra Mustakis. Reconoce que efectivamente la llamaron, y que dijo que no. “Estoy dedicada a emprendimientos sociales, tengo esas responsabilidades que también son para el país, es una manera de contribuir a lo público”, explica. De hecho, hoy está la mitad del tiempo en Bajos de Mena por un proyecto que tiene en ese lugar. “Dada la situación actual, uno le tiene que poner muchísimo más esfuerzo a lo que está haciendo y eso le pasa a muchos emprendedores, emprendedoras y también a los empresarios que están en el día a día de su negocio”, sostiene.

Otros empresarios contactados aseguran, justamente, que dedicarse a la Constitución requiere un tiempo exclusivo en instancias en que no pueden dejar de lado sus labores. “Nadie me ha contactado, pero estoy 150% abocado a empresas, vicepresidente de CMPC, de Colbún, y estoy emprendiendo en Pivotes, y creo que ese es el mejor aporte que puedo hacer al debate público y al desarrollo de Chile”, subraya Larraín.

Lo anterior, sin desmedro de que la mayoría aspira a que en el Consejo Constitucional exista la mayor diversidad posible. “Es destacable que quienes no estén en política, sin intereses políticos, asuman este desafío. Espero que más se sumen, porque este nuevo proceso tiene que resultar”, destaca la presidenta de la Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann. “Es superimportante que participe gente que conoce del hacer, emprendedores y empresarios”, apunta Mustakis. “Es entendible que a varios les cueste participar, pero los que pueden, quizás los que ya de alguna manera han hecho éxito, empresarios sobre los cuales ya no depende su negocio, tomen esta opción”, añaden.

Otros emprendedores admiten que también se les ofreció, pero que prefieren no participar; aunque el motivo es otro. “Desde el mundo gremial lo descartamos, porque creemos que este proceso va a ser más político y queremos dejarlo en la clase política”, puntualiza un dirigente. “Hay partes que no nos competen o por lo menos que no somos expertos para opinar, entonces creo que este proceso tiene que ser político y tiene que ir acompañado del mundo ciudadano, gremial, en las distintas instancias que ellos vean”, agrega.

Un empresario resume así esta postura: “Parte de lo que necesitamos es empoderar a las instituciones existentes, que fue exactamente lo que el proceso anterior trató de eliminar. Entonces estoy de acuerdo con que haya un proceso que sea político con participación de externos, pero no directamente con candidatos ciudadanos. Si queremos enderezar el país, la institución actual debe hacerse cargo de ese proceso con participación de todos, juntos, pero no revueltos”. “Los dirigentes gremiales no deberíamos cruzar la línea hacia la política, porque le hace mal a los gremios”, añade otro representante del sector privado.

Jünemann rebate ese planteamiento: “El Consejo Constitucional debe ser diverso, para reflejar las distintas necesidades y desafíos del país; con personas del sector empresarial, emprendedor, trabajadores y sociedad civil. Sería un error reducirlo a políticos. Que el proceso haya estado alojado en la política, es distinto a que las personas que integrarán el consejo sean sólo de la política. Eso lo empobrecería”. Y complementa: “Ya el Comité de Expertos está compuesto casi exclusivamente de abogados y abogadas, sin diversidad. Necesitamos lo contrario en el Consejo Constitucional: la mayor diversidad posible de personas con prestigio transversal y sentido del bien común”.

Durante el anterior proceso constituyente fueron varios los representantes del sector privado más económico y de políticas públicas que postularon a ser constitucionales: René Merino, Bernardo Fontaine, Sylvia Eyzaguirre, Guillermo Larraín, Ítalo Zunino, Arístides Benavente, Juan Moreno, entre otros. Los triunfos fueron escasos. De los nombrados, sólo Fontaine. Y hoy, por ejemplo, quienes conocen a Benavente precisan que no volvería a intentarlo. Está dedicado a sus emprendimientos, y considera que ahora es tiempo de los especialistas.

Bernardo Larraín le dedica actualmente una parte importante de su tiempo a Pivotes. El expresidente de Sofofa asegura que en la fundación que lidera se establecieron cuatro ejes para aportar en el nuevo proceso: Recursos Naturales, Gobierno y Administración Pública, Derecho a la Educación Escolar y Trabajo. Y si bien enfatiza que participarán activamente en el debate constitucional solicitando habilitantes constitucionales para ellos, propondrán en paralelo una política pública que sea discutida en el Congreso. “Esa es la señal que queremos dar”. Es que no todo es Constitución, dice. Y ejemplifica con el litio: “Esa discusión tiene una parte constitucional, que es determinar que el Estado puede entregar concesiones y derechos de uso; pero -en paralelo- tenemos que enfrentar una regulación tan obsoleta como que el litio sea inconcesionable. No necesitamos esperar a la Constitución para terminar con ese decreto del año 79 que es la razón de fondo de por qué Chile llegó tarde al boom del litio, siendo que es el país que tiene más reservas del mundo”. “Espero que los gremios empresariales participen activamente en este proceso constitucional, poniendo este punto de que no sólo la Constitución es lo relevante, sino las políticas públicas”, subraya.

Hoy, los gremios y dirigentes ven como una forma de participar la Iniciativa Popular de Normas (IPN). Este es un mecanismo -define el portal Chile Convención- de participación mediante el cual una persona o grupo de personas puede presentar una propuesta de norma sobre una materia de índole constitucional.

El proceso anterior reunió 2.496 IPN, de las cuales 77 consiguieron más de 15 mil apoyos, superando el umbral que permitía ser parte de la discusión de las comisiones. Una de ellas fue ‘Emprende Libre’, que logró más de 18 mil firmas y que había sido impulsada por Sofofa para otorgar garantía constitucional a la libertad de emprender. La entonces Convención la rechazó. “Como gremio estamos en total desacuerdo y consideramos inaceptable el rechazo”, dijo Sofofa en su momento.

Más allá de que dicho mecanismo haya chocado de frente con la anterior Convención, el sentir de varios partícipes del mundo gremial apunta a que las garantías de este proceso permiten mantener la confianza en torno a las discusiones de las IPN. Además, si antes se requerían 15 mil firmas para que la propuesta fuera vista, hoy se necesitan 10 mil.

“En el proceso constitucional del año 2022 los empresarios tratamos de aportar muy activamente, de manera concreta y constructiva, participando en todas las instancias que la propia Convención diseñó. Se nos escuchó poco, porque entre los propios convencionales había mayoritariamente un espíritu muy poco dialogante”, precisa Mewes. “Hoy, en esta segunda etapa, el espíritu que nos mueve como mundo empresarial es el mismo, es decir, colaborar con mucho compromiso y energía para que logremos tener la mejor Constitución para los próximos 40 años. Vamos a participar en todas las instancias, ya sea a través de las IPN, reuniones con expertos y miembros del Consejo Constitucional, aportando con nuestra mirada desde nuestro rol como empresarios y ciudadanos”, añade.

Y de ahí, de cara a la ciudadanía: “Que la Constitución permita que el Estado entregue concesiones protegidas por el derecho de propiedad, no tiene incompatibilidad con que el Estado proteja el rol social y ambiental que tiene ese derecho de propiedad; eso hay que explicárselo a la ciudadanía”, dice Larraín.

Una visión similar tendría la nueva terna que aspira a liderar Sofofa. “Esta lista propone una presencia activa en el debate público, que acerque nuestras propuestas a la ciudadanía, colaborando de forma transparente en las instancias que debatan los nuevos pilares institucionales de la República”, se lee en la carta que hace algunas semanas la vicepresidenta de Sonda, Rosario Navarro; el gerente general de la CSAV, Óscar Hasbún, y el director de Embotelladora Andina y Scotiabank Chile, Gonzalo Said, remitieron al gremio. A través de ella se lanzó la candidatura de Navarro a la presidencia de los industriales.

En agosto de 2021, Hasbún había renunciado al comité ejecutivo del actual titular de Sofofa, Richard von Appen, por diferencias respecto del rol del gremio en la discusión pública. Von Appen estimaba en ese momento que la entidad no se debía inmiscuir en políticas públicas que no le atañerán directamente al sector empresarial y que las empresas debían enfocarse en la relación con sus colaboradores y clientes; mientras que Hasbún creía que el gremio debía participar activamente en la discusión pública. Hoy, esa visión primaría.

En la columna que escribió Gonzalo Said en Pulso el pasado 23 de enero ya entraba en el debate: “En la nueva Constitución se abre una ventana única para incorporar la modernización del Estado como un elemento estructurante y repensar el gasto público desde cero. Lejos de las consignas que marcaron el fracasado proceso anterior, es fundamental que los próximos consejeros constitucionales y, en particular la Comisión de Expertos, propongan un rediseño que incorpore elementos de eficiencia y modernidad a las reparticiones del Estado”, dijo.

Juan Sutil parte estos días a Israel, Jordania y Palestina. Participará en un programa de trabajo en robótica agrícola, agroindustrial, purificación de las aguas, hidrógeno verde y transformación digital. Será su último respiro antes de la campaña camino a las elecciones de mayo.

“Vuelvo y me abocaré como corresponde, de acuerdo a la ley, en marzo, a trabajar para armar una campaña adecuada y modesta que permita llegar a ser consejero”, señala. “Es el último empujón, un proceso que va a durar hasta septiembre. El bien de Chile vale este sacrificio personal de seis meses”, concluye.