Didi es el más reciente de las grandes tecnológicas chinas que recibe sobre sus hombros el peso de un escrutinio más severo por parte de los reguladores chinos y seguramente no será la última. Beijing ha puesto sus ojos en el sector tanto por su actual protagonismo que ha conseguido en la economía del país como por sus planes estratégicos en la materia.
La economía digital, que de manera amplia incluye tanto la “industrialización de lo digital” (por ejemplo, el comercio electrónico) como la “digitalización de la industria” (por ejemplo, la fabricación inteligente), representa el 40% del PIB y crece rápidamente, contribuyendo con más del 60% del crecimiento del PIB en los últimos años, de acuerdo a los datos recopilados por Goldman Sachs.
Asimismo, la participación de Internet en la capitalización de los principales índices de China se ha disparado del 4% a más del 40% durante la última década, mientras que la proporción de solicitudes de patentes relacionadas con las Tecnologías de la Información de China es la más alta entre las principales economías.
Se estima que su crecimiento seguirá adelante, “especialmente en áreas donde la digitalización de los sectores tradicionales permite ganancias significativas de productividad”, señala el reporte del banco estadounidense que elaboró el equipo liderado por la economista para China, Hui Shan.
Este avance no es casual. Para la segunda economía mundial el desarrollo digital es una parte central de sus planes de cara al futuro próximo. Así quedó consagrado en Decimocuarto Plan Quinquenal, que contiene un capítulo titulado “Acelerar el desarrollo digital y construir la China digital”, donde se especifica la intención de digitalizar el transporte, energía, manufactura, agricultura, educación, atención médica, entretenimiento y el hogar, entre otras áreas.
Reguladores dan un paso al frente
Pero esta relevancia tiene sus costos. “Hasta hace unos años, el crecimiento de China con respecto a las empresas de tecnología se basaba en ‘el crecimiento a toda costa´, pero ahora el gobierno está cambiando a un enfoque de crecimiento más inclusivo y sostenible”, explica Pravakar Sahoo, investigador del Instituto de Crecimiento Económico. “Esto fue motivado por algunos factores importantes como el aumento de la disparidad de ingresos y el tratamiento/beneficios de los trabajadores”.
Del cambio en el foco sabe Jack Ma, cuyo imperio fue el primero en recibir la arremetida regulatoria china, que se interpuso en la OPI de Ant a fines del año pasado y que luego multó, en mayo de 2021, a Alibaba con US$ 2.750 millones de dólares, por prácticas monopólicas.
“La sanción emitida sirve como alerta y catalizador para empresas como la nuestra. Refleja las expectativas de los reguladores hacia el desarrollo de nuestra industria. Es una acción importante para salvaguardar la leal competencia de mercado y el desarrollo de calidad de las economías de las plataformas de Internet”, indicó la compañía cuando recibió la sanción.
La baja tensión en el tono de la respuesta de Alibaba está en concordancia con el análisis de Goldman Sachs. “Vemos los recientes desarrollos regulatorios en China (reglas antimonopolio, privacidad y protección de datos y restricciones a los préstamos en línea) como señales de que las regulaciones evolucionan con la economía”, indican en el banco de inversiones, donde agregan que si bien esto “puede generar problemas a corto plazo para los sectores específicos, deberían generar ganancias a largo plazo de competencia sostenida y riesgo reducido”.
De hecho, desde su punto de vista “China no es el único país que se enfrenta a nuevos desafíos sobre cómo regular la economía digital. En una encuesta realizada por la OCDE en 2019, 26 de los 29 países encuestados informaron que “ponerse al día con los desarrollos tecnológicos” era el principal desafío para sus marcos regulatorios, seguido de “modelos comerciales de plataformas en línea” y “necesidad de conocimientos técnicos”.
Bajo ese entendimiento, Tencent, Baidu y Meituan, se encuentran entre las otras grandes tecnológicas que han enfrentado a los reguladores. Didi fue la última en sumarse al grupo, que tras abrirse a bolsa en Nueva York fue retirada de las principales tiendas de aplicaciones que se utilizan en China, en el marco de una investigación sobre la seguridad de los datos. De esta manera, en su corto tiempo de vida, la acción de la compañía cae 15,3%.
Para Tuuli McCully, economista para el Asia Pacífico en Scotiabank, “la preocupación por la seguridad de los datos es probablemente una razón clave para la intervención del gobierno; cuando las empresas de tecnología chinas se conviertan en gigantes globales, el gobierno chino tendrá menos poder sobre ellas”.
Razones políticas
Según la experta, hay otros asuntos relevantes detrás de la ola regulatoria. “La presión del gobierno chino sobre las grandes empresas parece centrarse en la tecnología, en particular aquellas que están llegando a inversionistas internacionales y tienen vínculos con Estados Unidos”, justamente el caso de Didi.
Asimismo, McCully indica que al parecer “Beijing quiere que estas empresas crezcan en casa para que el gobierno pueda ser parte del proceso”, lo que a su juicio va en “consonancia con el plan quinquenal del gobierno que se centra en hacer que el país sea más independiente tecnológicamente”.
En tanto, Yun-han Chu, Investigador distinguido del Instituto de Ciencias Políticas y académico de la National Taiwan University, ahonda en la discusión política que hay detrás de esta arremetida. “Siempre he argumentado que para promover la economía digital, China debería desarrollar su propio modelo socialista y no debería permitir que estos gigantes digitales que monopolizan la plataforma obtengan ganancias gigantescas a través del juego del dinero de Wall Street, sin mencionar los riesgos potenciales para la seguridad nacional”.
Bajo esa perspectiva, el análisis respecto a los cuestionamientos que el gobierno chino ha realizado, particularmente a Didi, tienen razones que van más allá de el resguardo de los datos. Según explica a Pulso, Yun-Han lo que se ha planteado es que “el gobierno chino debería dar orientación obligatoria a estas plataformas digitales para hacer una transición a un modelo económico cooperativo, para hacer que el proveedor/vendedor (taxista) y el comprador (pasajeros) se beneficien de la prima de eficiencia resultante de la tecnología digital, al tiempo que permite que el equipo de administración de la plataforma reciba solo una compensación razonable por sus servicios (pero no dividendos de la propiedad de capital)”.
Se trata de alcances de la regulación que no suelen alcanzarse en los marcos legales de Occidente. “El gobierno/estado debe desempeñar un papel activo como mediador/coordinador de interés entre el proveedor/conductores y el consumidor/pasajeros. Al hacerlo, los conductores estarán mejor protegidos y adecuadamente compensados, mientras que los pasajeros también podrán disfrutar de tarifas más bajas (o al menos no ser extorsionados por el sistema)”, subraya el académico asiático.
