El espacio fiscal del gobierno para nuevas ayudas sin salirse del Presupuesto

La próxima semana será clave para conocer las nuevas ayudas que anunciará el gobierno. Un foco de atención estará puesto en el acuerdo que logren Hacienda y Trabajo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en relación a la canasta básica protegida.

Para aquello, el Ejecutivo explora entregar un tipo de subsidio ya sea a través de una transferencia directa (bono), o bien facilitando una tarjeta para que se pueda cubrir el costo de los alimentos. “Estamos trabajando en un mecanismo que se anunciará pronto para generar subsidios a los productos de la canasta básica que han ido aumentando, a quienes más lo necesitan”, enfatizó nuevamente este viernes el Presidente Gabriel Boric, en una entrevista en radio Guayacán de La Serena.

Otras de las medidas comprometidas para ser anunciadas la próxima semana son el proyecto de ley para controlar el precio de la parafina, inyectándole recursos al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP), y otro para introducir una mayor supervisión a la competencia del mercado del gas. Así lo señaló el ministro de Energía, Claudio Huepe, este viernes a radio ADN.

Con esas acciones el Ejecutivo quiere complementar el plan Chile Apoya y dejar atrás, de alguna manera, el fallido proyecto de retiro acotado de los fondos de pensiones.

Desde el gobierno han recalcado que los recursos utilizados, hasta el momento, están dentro del marco presupuestario, por lo que no tienen incidencia en el cuadro fiscal. Pero ¿cuánto espacio le queda a Hacienda para financiar medidas extraordinarias y que eso siga siendo así? Es decir, sin excederse del Presupuestos 2022.

De acuerdo con un análisis realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP), los recursos que dejó el Presupuesto 2022 en el Fondo de Emergencia Transitorio fueron del orden de US$ 4.264 millones, mientras que en la llamada glosa republicana o fondos de libre disposición quedaron US$ 720 millones. Así, en total, la administración Boric cuando ingresó a La Moneda contaba con US$ 4.984 millones para poder hacer frente a cualquier emergencia este año, manteniéndose en el marco del erario fiscal.

De ese total, el plan Chile Apoya tuvo un costo de US$ 3.726 millones, por lo que, en base a los cálculos del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, al Ejecutivo le queda un margen de unos US$ 1.200 millones disponibles -ya que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que algo de reasignaciones tenía el financiamiento de ese paquete- para poder gastar en nuevas ayudas fiscales.

Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico, sostuvo que “hay que recordar que el Fondo de Emergencia Transitorio tiene una asignación predefinida, donde los mayores montos están predestinados a temas específicos. Uno de ellos es refuerzo sanitario con US$ 836 millones, e inversión pública, con US$ 2.340 millones”. En ese sentido, los expertos añadieron que “aún no se sabe el detalle sobre qué proyectos se dejarán de hacer por estos nuevos planes contingentes”.

Ahora, en caso que estos recursos se acaben, el siguiente paso que podría dar el gobierno es echar mano a las reasignaciones.

“Si es que el gobierno ya está identificando fuentes de subejecución, puede ser una alternativa, aunque lo que posiblemente sea contra subejecución de inversión pública, iría en el sentido contrario de la recuperación económica y la generación de empleos”, puntualiza Ortiz

Pero esta opción no es fácil, puesto que el margen para mover recursos que ya están predestinados es acotado. De hecho, quienes trabajaron en la administración anterior afirman que para el año que azotó con mayor fuerza la crisis del Covid-19, el 2020, se lograron reasignar unos US$ 2.500 millones, pero eso incluyó varios miles de millones que estaba destinados para inversión, y que por las cuarentenas era muy poco probable que se ejecutaran. Además, hubo varios instructivos de austeridad.

Tal escenario es muy distinto al que existen hoy, puesto que desde la UDP creen que es poco probable que se puedan redestinar recursos de inversión pública, porque lo que se necesita ahora es impulsar la economía, y además no estarán presentes los problemas de restricciones sanitarias. Plantean que, en un año normal, los montos por reasignación bordean los US$ 800 millones.

La opción de utilizar los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), o bien emitir deuda, si bien es válida, implicaría salirse del marco presupuestario 2022 -de US$ 82.000 millones-, haciendo uso de un mayor gasto fiscal al que se determinó y, por ende, la caída del erario ya no sería del 22,5% comprometido, advierten desde la UDP.