El Estado de Chile gasta anualmente alrededor de US$627 millones en al menos cinco subsidios que van directamente a cubrir el pago de servicios básicos, entre ellos, el agua potable a nivel nacional o el gas en determinadas regiones, de acuerdo a antecedentes solicitados por Pulso La Tercera al Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) y a la Dirección de Presupuestos (Dipres).

La Ley de Presupuestos 2024 define 18 programas de subsidios del Estado y la Red de Protección Social, que gestiona el Mideso, e identifica 71 subsidios destinados a áreas tan disímiles como educación, empleo, pensiones o personas mayores. Entre todos ellos, las reparticiones consultadas relevaron cinco que, a su juicio, son considerados como de ayuda para servicios públicos, definidos como los servicios esenciales que requiere una familia y su hogar (agua, electricidad, gas, y teléfono, aunque algunos expertos incluirían vivienda y transporte).

En las últimas semanas se ha puesto de relieve el peso que tienen las subvenciones estatales para el pago de servicios básicos, a raíz del subsidio que pretende amortiguar el impacto de las alzas de las tarifas eléctricas que están teniendo lugar en este segundo semestre. El mes pasado, el gobierno presentó un proyecto que consideraba un subsidio para los 1,5 millones de hogares más vulnerables, al que se debe acceder a través de un proceso de postulación que acaba este domingo 14 de julio. Sin embargo, el pasado 1 de julio la autoridad anunció que a más tardar el 15 de agosto presentaría una nueva iniciativa legal para triplicar el alcance de ese subsidio hasta 4,7 millones de hogares. Con este fin, planteó una recaudación tributaria adicional del orden de los US$350 millones proveniente de un alza temporal del impuesto al carbono, un aporte fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado al alza tarifaria y un aumento temporal del valor adicional del Cargo por Servicio Público de los mayores consumidores industriales. Esto permitiría un descuento mensual del orden del 7% en las cuentas de los beneficiados por un semestre en los años 2024, 2025 y 2026.

De ser aprobada por el Congreso, esta ayuda se sumaría a la acotada lista de subvenciones que el Estado considera como subsidios a servicios básicos.

1 ⊕. El listado de Mideso lo encabeza el Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y Alcantarillado, que es definido como un apoyo económico para hogares vulnerables urbanos o rurales que permite que, mediante el municipio, se pague una parte de la cuenta de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, que va desde el 25% al 85% dependiendo del nivel socioeconómico de las familias. Para aquellas beneficiarias de “Chile Solidario” y “Chile Seguridades y Oportunidades”, el subsidio financia el 100%. Para ser beneficiario/a, la familia debe destinar más del 5% de sus ingresos mensuales a costear el agua potable. Tiene cobertura nacional y el año pasado el Fisco gastó $106.541 millones (US$121 millones al dólar del cierre de 2023) en él, siendo financiado con dinero del Tesoro Público, de acuerdo a la información de Dipres.

“En términos estrictos, este sería el único subsidio para un servicio público, contingente al ingreso de cada hogar, que entrega el Estado a nivel nacional”, dice Sergio Granados, exdirector de Presupuestos de la segunda administración Bachelet. Paulina Henoch, coordinadora del Programa Pobreza, Vivienda y Ciudad de LyD, coincide en que junto a los programas regionales de subsidio al combustible, éste sería el único destinado a un servicio público.

2 ⊕. Subsidio para mejorar el Acondicionamiento Térmico y Eficiencia de la Vivienda. Permite mejorar la eficiencia energética de dos maneras: con un proyecto de acondicionamiento térmico que reduzca la fuga de calor (de hasta 143 UF), o con un proyecto de eficiencia energética e hídrica, que contribuya a mejorar los servicios básicos mediante un uso eficiente de los recursos naturales disponibles (hasta 50 UF). Pueden postular de manera individual o grupal los propietarios o asignatarios de viviendas con subsidio habitacional o cuyo avalúo fiscal no supere las 1.375 UF. En 2023, el Estado gastó $223.723 millones (U$255 millones) en este subsidio que es de carácter nacional y que se ejecuta a través de la partida presupuestaria del Ministerio de Vivienda.

3 ⊕. Bono Invierno: es un aporte económico de cobertura nacional para jubilados cuyas pensiones sean bajas, para enfrentar los gastos de la época invernal. El monto en 2024 es de $77.982 adicionales a la pensión. Se entrega de manera automática en mayo de cada año. El año pasado, el desembolso total del Estado para esta ayuda fue de $217.395 millones (US$247 millones) y provino de la partida del Ministerio del Trabajo.

Y existen dos subsidios destinados a servicios básicos que son sólo de carácter regional.

4 ⊕. Subsidio a la Calefacción: es una transferencia monetaria directa de $100 mil por familia que se paga el primer día hábil de enero y que va destinada sólo a hogares de la Región de Aysén que pertenezcan al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares, para aliviar los gastos de calefacción durante el invierno. El año pasado, esta ayuda representó un gasto total de $3.423 millones (US$3,9 millones) de la partida del Ministerio de Desarrollo Social.

5 ⊕. Programa Subsidio de Gas Magallanes: es una ayuda monetaria directa destinada sólo a los hogares de la Región de Magallanes, al cual se debe postular. Su alcance este año llegará a unas 2.400 familias pertenecientes al 60% más vulnerable según el Registro Nacional de Hogares. El monto varía dependiendo de la época del año: es de $26 mil entre agosto y septiembre, $12 mil entre octubre y diciembre, $12 mil entre abril y julio y $5.600 en verano. Es gestionado y ejecutado del presupuesto de la Delegación Presidencial de Magallanes desde 2023, y este año debiera significar un desembolso del orden de los $400 millones (US$456 mil), según esa repartición.

Sin embargo, el ex Dipres Granados recuerda que existen otros subsidios a servicios públicos como el transporte, en el caso por ejemplo de la Red de Transporte Público de la capital (que este año llega a US$1.057 millones) y el subsidio espejo que va a regiones, o la subvención para los ferrocarriles o las barcazas de las islas del sur. La diferencia, claro, es que no están asociados directamente a los hogares beneficiados. “Pero el transporte es un servicio público”, advierte.

Por su parte, Henoch, de LyD, cree que al menos también debiera sumarse el programa de subsidio del copago de arriendo, que es por un total de 170 UF que se entrega con un tope de 4,9 UF por mes por hasta ocho años, al 70% de los hogares más vulnerables con un ingreso familiar mensual de entre 7 UF y 25 UF.

Pero en el Presupuesto 2024 aún se paga otro subsidio, llamado de Servicios Básicos Domiciliarios, que corresponde a la Ley 21.423 de 2022, que busca contribuir al pago de la deuda con los servicios sanitarios, electricidad y gas de red acumulada por usuarios finales durante la pandemia, entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. La glosa correspondiente para este año otorga recursos por $19.554 millones (US$22 millones).