“La cláusula Pacheco”. Una senadora la bautizó así, hace dos semanas, en una sesión de la comisión de Minería y Energía de la que no forma parte, pero a la que asistió para escuchar y preguntar por la alianza que afinan Codelco y SQM.

La senadora Paulina Vodanovic habló ese día de la “cláusula Pacheco” para hacer un paralelo con otro nombre informal, que mencionó poco antes, en la misma sesión, otra senadora, Yasna Provoste, para recordar uno de los asuntos más controversiales de la negociación de 2018 que permitió a SQM aumentar su cuota de producción de litio en el salar de Atacama y al Fisco obtener mayores rentas de arrendamiento: la prohibición para Julio Ponce y sus familiares de participar en SQM hasta 2030.

Provoste la llamó la “cláusula Bitran”, en referencia a Eduardo Bitran, el entonces vicepresidente de Corfo que forzó a Ponce a SQM a suscribir el acuerdo. Provoste pidió a Máximo Pacheco, presidente de Codelco, presente en la sesión del 8 de mayo, extender esa restricción más allá de 2030 en la negociación entre la estatal y SQM para aliarse en el mismo yacimiento hasta 2060. Su petición fue secundada de manera entusiasta por Vodanovic: “El tema de Ponce Lerou también es una preocupación para nosotros”. Y añadió: “Me parece fundamental, porque uno de los problemas que hay de aceptación de este acuerdo es que la familia Ponce Lerou quede excluida de la administración…”. “Necesitamos tener la ‘cláusula Pacheco’”, cerró la presidenta del PS, como se presentó también ese día. El mismo partido del timonel de Codelco.

Provoste preguntó directamente a Pacheco: “¿Se va a mantener la restricción, pensando en la segunda línea de consanguinidad, que fue largamente discutida en la cláusula Bitran?”, dijo.

Y Pacheco respondió dos veces. Primero dijo que la restricción pactada en 2018 sigue plenamente vigente hasta el último día de 2030. “No hemos discutido su validez porque es un acuerdo que está plenamente vigente, por lo tanto, no ha sido tema en la negociación”. Luego, para referirse a la ampliación de la prohibición, fue un poco más sugerente: “Lo que me está preguntando es un tema que no lo hemos tratado, pero la negociación está en pleno desarrollo. Por lo tanto, la única respuesta que le puedo dar, presidenta, es esa”, dijo a Provoste, ese día presidenta de la comisión en reemplazo de Juan Luis Castro.

La negociación iniciada hace justo un año entre SQM y Codelco no ha tratado oficialmente el tema del expresidente de SQM entre 1987 y 2015. Sin embargo, el nombre y apellidos de Julio Ponce Lerou asomaron esta semana.

Según más de una fuente, Pacheco planteó informalmente el tema a ejecutivos de SQM, a quienes habría dicho que existe mucha presión política y que necesitaba tratar la restricción a la participación de Ponce y sus hijos más allá de 2030. Aquello fue discutido al más alto nivel en SQM esta semana, donde se comentó el planteamiento del presidente de Codelco. En la empresa creen que este no es un tema que corresponda ser tratado por SQM, sino que directamente por Julio Ponce. El miércoles y jueves, el directorio de SQM se reunió para aprobar los estados financieros de la minera a marzo de 2024 y debatir sobre los avances de la negociación. “El tema de Julio Ponce está flotando en el ambiente”, dice una persona ligada a las partes. “Lo están planteando”, asegura un cercano a Ponce. Pese a ello, Pacheco ha negado en privado haber planteado a SQM ampliar esa restricción y que no será un tema de los contratos finales. Tras el memorando de entendimiento (MoU, por sus sigla en inglés) firmado entre ambas partes el 27 de diciembre de 2023, Codelco y SQM se dieron plazo hasta el 31 de marzo para acordar el detalle de los documentos de un acuerdo políticamente esencial para el gobierno de Gabriel Boric. Pero 10 días antes decidieron extender ese plazo hasta el 31 de mayo. El próximo viernes. Así, desde este domingo quedan cinco días para saber si habrá o no una “cláusula Pacheco”.

El domingo 17 de diciembre de 2017, Sebastián Piñera volvió a convertirse en Presidente electo, tras vencer a Alejandro Guillier. Un día después, Corfo y SQM anunciaron un acuerdo para elevar la cuota de producción de litio en el salar de Atacama y una nueva escala de pagos al Fisco que supera el 40% del precio cuando la tonelada de carbonato de litio supera los US$ 10 mil. SQM sabía que políticamente era difícil conseguir un acuerdo con Piñera y la Corfo sabía que cerrar ese flanco garantizaba una continuidad productiva que no dañara las arcas fiscales.

El lunes 18 de diciembre de 2017, mientras la atención nacional se volcaba a Piñera, SQM y Corfo anunciaron el acuerdo que se firmó en enero de 2018. El último tema bajo negociación, el más complejo de pactar, no involucraba, sin embargo, a SQM como contraparte. Eduardo Bitran, hoy director de Codelco, nombrado por Gabriel Boric en 2023, exigió la exclusión de Julio Ponce del gobierno corporativo de la empresa. Pero aquello no podía ser resuelto por SQM: era, y sigue siendo, una facultad de sus accionistas.

El grupo Pampa, dueño del 26% de SQM, anunció ese día que tres sociedades, Calichera, Global Mining y Potasios, excluirían a su principal accionista, Julio Ponce, de la minera y de sus filiales, entre ellas la más relevante: SQM Salar (SQMS), la titular del contrato que permite arrendar 81 mil hectáreas en el salar de Atacama. Además de otras materias de gobierno corporativo, el grupo Pampa se comprometió “a no nominar ni votar como director de SQM ni de SQMS al señor Julio Ponce Lerou ni a ningún pariente suyo hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive”.

Entonces, Julio Ponce había cumplido recién los 73 años. Hoy tiene 78 y para el 31 de diciembre de 2030, cuando vence esa restricción, tendrá 85 años. La prohibición afectaba entonces a sus padres, sus hermanos -tiene tres, pero solo uno, Eugenio, ha participado en la empresa- y sus cuatro hijos: Julio César (54), Alejandro (52), Francisca (44) y Daniela Ponce Pinochet (40), cuya madre es Verónica Pinochet y cuyo abuelo fue Augusto Pinochet Ugarte.

Ninguno de los hijos de Ponce Lerou participa en SQM, pero este año asumieron un mayor protagonismo, tras largos años de ausencia. El 26 de abril, Alejandro, Francisca y Daniela Ponce entraron al mismo tiempo a las cinco cascadas: Norte Grande, Oro Blanco, Nitratos, Potasios y Pampa Calichera. Aquel episodio, cree alguien involucrado en el pacto, pudo ser un error del propio Ponce, al atraer nuevamente la atención hacia él y su familia.

Una de sus hijas, Francisca, exgerenta general de Inversiones SQYA, la sociedad que controla las cinco empresas, es la nueva vicepresidenta de las cascadas. El expresidente de la CPC, Rafael Guilisasti, es su presidente desde 2015, cuando Ponce dejó las empresas, presionado por el escándalo del financiamiento irregular de la política. Ponce nunca fue imputado por ese caso, pero su eterno brazo derecho, el exgerente general, Patricio Contesse González, enfrenta hoy un interminable juicio oral que lo tuvo durante años en arresto domiciliario. Desde 2015 que Ponce no es director de SQM ni ninguna de las cascadas.

A mediados de 2018, Julio Ponce intentó volver como asesor del directorio de SQM, pero su difusión generó un escándalo de proporciones -críticas empresariales incluidas- y finalmente desistió de hacerlo.

Pampa Calichera elige hoy a tres de los ocho directores de SQM -Patricio Contesse Fica, Hernán Büchi y Gina Ocqueteau- y su exaliado, la japonesa Kowa, designa a uno, su presidente, Gonzalo Guerrero. Tianqi, dueña del 22%, elige a otros tres y la serie B, minoritarios, al octavo. Pero en caso de empates, dirime Gonzalo Guerrero.

“No hay ningún escollo en particular”, dijo sobre la negociación con Codelco el vicepresidente de finanzas de SQM, Gerardo Illanes, este jueves en un conference call por los resultados a marzo, afectados por un efecto contable y una baja en el precio del litio, que promedió US$ 13 mil la tonelada de carbonato.Y es cierto: “la cláusula Pacheco” no ha sido pedida formalmente.

La alianza comenzó a ser tratada en mayo de 2023, luego que Boric anunciara como eje central de la estrategia nacional del litio la renegociación del contrato con SQM hasta 2030. Ocho meses después, las partes develaron el trato: el 1 de enero de 2025 ambas formarán una sociedad común, que nacerá de la fusión entre SQM Salar y Minera Tarar y designarán a tres directores cada una, pero SQM tendrá el control mediante una serie de acciones que le otorgará mayoría en las juntas de accionistas. También designará al gerente general. Codelco consiguió algo más: la utilidad completa de 201 mil toneladas de carbonato de litio, unas 33.500 por año.

A cambio de permitir el ingreso de Codelco al negocio antes de 2030 -lo que dependía de la voluntad de SQM-, la privada aseguró su permanencia en el negocio más allá de ese plazo. Codelco pactó con Corfo ser el arrendatario de sus pertenencias hasta 2060 y ese derecho será aportado a la alianza. A partir de 2030, Codelco será el controlador, tendrá el 51% efectivo de las acciones y elegirá a cuatro de siete directores. Pacheco ha dicho que, en esa segunda etapa, de 2030 a 2060, el Estado se llevará el 85% de la renta del litio, por cuatro vías: arrendamiento, royalty, impuesto a la renta y las utilidades de Codelco.

Si bien Codelco no puede exigir que SQM decida sobre la composición de su propio directorio, sí tendrá tuición sobre los tres directores de la sociedad -aun sin nombre- que la unirá con Codelco en el litio. Lo que habría sugerido a última hora Codelco es que SQM se comprometa a no designar a Ponce o sus hijos como uno de sus tres directores en esa firma a partir de 2030. “Es difícil que esto avance.Codelco no tiene margen”, dice un cercano a Ponce.

La primera dificultad es que este tema no fue incorporado en el memorando de diciembre de 2023. Y, aunque se pueden agregar temas, la contraparte podría oponerse a discutirlos. Y Codelco no va a arriesgar una alianza que considera estratégica por esto, cree alguien involucrado en el trato. Los detalles de todo ese meganegocio se están trabajando intensamente para cumplir la fecha del 31 de mayo, y ningún contrato ni anexo ni pacto contempla alguna cláusula que impida a Julio Ponce, o sus hijos, entrar a esa nueva sociedad después de 2030. “No es tema”, asegura alguien de Codelco. “Esto no estará en los contratos”, afirma.

La segunda dificultad es un convencimiento: SQM no puede vetar el nombre de una persona en particular, menos el de un accionista. “Legalmente no hay atribuciones para ello”, opina un abogado. Y Ponce podría reclamar con éxito, judicialmente, una cláusula de este tipo. Así, igual que en 2018, su exclusión solo depende de la voluntad y firma del propio Julio Ponce. ¿Cómo? Comprometiéndose a no ser director si lo designan. Algunos creen que Ponce podría acceder a aquello, solo en el caso de él, no para sus hijos, quienes no tienen por qué renunciar a disponer del patrimonio propio. Pero es muy difícil que Julio Ponce acepte algo como eso: Codelco, coinciden todos, no tiene cómo forzarlo.

Alguien propone una fórmula intermedia, que existe en otras empresas, de modo limitado: establecer en el pacto de accionistas la opción de vetos cruzados y que los dos socios puedan objetar a uno o más directores propuestos por la contraparte en la filial conjunta, a partir de 2030. Sería una cláusula innominada, sin nombre y apellido, pero vuela poco: aquello también daría un poder impesado a SQM para vetar a alguien estratégico de Codelco.

Las especulaciones sobre el futuro de la “cláusula Pacheco” tiene dos direcciones totalmente opuestas.

Una: que Codelco y su presidente se resignaron a no insistir en una restricción que tiene escasa viabilidad legal y práctica y que fue sondeada sin éxito; y que confína en que el cierre del negocio será más trascendente en términos políticos que la crítica al factor Ponce Lerou. “Esto no se puede aplicar y es irrelevante para el negocio”, dice alguien cercano a la compañía estatal.

Dos: que Codelco haga un último intento al filo del cierre de las tratativas. Ya están redactados los términos del acuerdo, los contratos están bajo revisión y solo restan detalles, pero la estatal podría volver a última hora con un ultimátum para establecer esta restricción como condición para la firma de una alianza que ligará a dos empresas hasta 2060. Pero parece desproporcionado poner en riesgo tamaño negocio por la presencia eventual, en seis años más, de alguien que tendrá entonces 85 años y que lleva casi una década fuera de SQM y las cascadas.

Faltan cinco días -incluso menos, el acuerdo podría sellarse antes del 31 de mayo, probablemente el miércoles 29- para saber qué responderá ahora el presidente de Codelco a las dos senadoras -y los partidos políticos del oficialismo- que piden la difícil y compleja “cláusula Pacheco”.