Chile: ¿Qué viene ahora?, es la pregunta que el Council of the Americas abordó este lunes en un foro con distintos expertos. El principal desafío que viene para el gobierno entrante de Gabriel Boric, el crecimiento económico y la inflación para este 2022, así como la Convención Constitucional (CC), fueron algunos de los temas desarrollados por Diego Pereira, economista jefe para el Cono Sur y Perú de JP Morgan, la exalcaldesa y exministra, Carolina Tohá, y la decana de la Facultad de Derecho de la UAI, Isabel Aninat.

“Chile tuvo una capacidad de adaptación bastante mejor que la mayoría de los países de la región. El shock del Covid encontró a Chile con la capacidad de responder en forma muy agresiva. Podemos discutir la rapidez con la que el Ministerio de Hacienda respondió. Pudo responder en forma masiva porque se había generado un stock de ahorros muy importante. En 2021 tuvimos la doble contribución por el lado fiscal, y a su vez los retiros de fondos de pensiones, ahorro de los trabajadores. Esto generó una recuperación económica mucho más fuerte de lo que se preveía. Una recuperación económica que no es sostenible, porque puso el nivel de actividad muy por sobre el nivel potencial. Los factores que llevaron al sobrecalentamiento es básicamente el consumo. Entrando 2022 tenemos una consolidación fiscal, el fisco no está gastando lo que gastó y no hay más retiros de los fondos de pensiones. Vamos a tener una desaceleración económica fuerte este año, tengo una recesión técnica. Un crecimiento anual que va a terminar cercano al 2,9% este año, lo que implica una contracción diciembre/diciembre”, dijo Pereira.

Y agregó que “la inflación muy alta es la contracara de esa expansión del consumo. Una inflación que cerró el año pasado sobre el 7%. La inflación va a ser persistente, el Banco Central va a tener que seguir subiendo tasas y el shock negativo de oferta que estamos viendo sobre los precios, devenido de precios de la invasión rusa a Ucrania, no va a sino que reforzar estas presiones inflacionarias, así que es muy probable que veamos la tan temida estanflación en Chile este año”.

Y no es el único que ha puesto el tema sobre la mesa. Klaus Schmidt-Hebbel y Alejandro Foxley también han planteado la posibilidad de una estanflación en el país.

Isabel Aninat, por su parte, dijo que “creo que la CC complica un poco más el panorama. La base es que todo cambio constitucional es siempre es un escenario de preguntas, de horizontes abiertos. No hay ningún cambio constitucional que no tenga aparejada inestabilidad y distintas transformaciones. Estamos en un periodo en que se está conformando un primer borrador que va a poder leerse más o menos completo a fines de abril. Ha sido un proceso bien frenético el de presentación de propuestas y votaciones. Semana tras semana pasamos de un tema a otro con muchas preguntas y configuraciones. Tiene que haber un primer borrador a fin de abril, porque después empieza el trabajo de la comisión de armonización”.

“Creo que el principal desafío es construir una estrategia de transformación que sea efectiva, realizable, pragmática y convocante para la sociedad chilena. Guardando las distancias con otros países, diría que ha estado en disputa en la coalición de gobierno la idea de hacer un proyecto político en que las mayorías operen en la institucionalidad, para fijar un rumbo nuevo, versus la posibilidad de hacer una transformación en que nuevos pactos se generen en la sociedad chilena, bajo la hegemonía de una mayoría progresista. En el primer caso estamos en el modelo de los socialismos del siglo XXI: Ecuador y Bolivia, no diría Venezuela, porque es un caso de catástrofe total. Las experiencias de la socialdemocracia europea dan cuenta de sectores políticos que lograron convocar a toda la sociedad a un pacto futuro que se prolongó por varias décadas. El gobierno de Boric tiene que decidir entre estos esquemas u otros. Hay que decidir un modelo de transformación dada esta realidad de la sociedad chilena. Lo más importante donde se juega el éxito del gobierno y la CC es que no se mareen con la mayoría que hoy tienen, porque son mayorías frágiles. Pueden cambiar en cualquier momento, pueden dar lugar a la mayoría contraria en poco tiempo más. Lo relevante es encontrar una forma inteligente para que esa mayoría que se expresó logre convocar al país en su conjunto a un pacto de desarrollo distinto”, indicó, a su turno, Tohá.

La Convención Constitucional trabaja a contrarreloj para presentar una propuesta el próximo 4 de julio. Así, el plebiscito de salida sería en el mes de septiembre, a menos que haya una prórroga del plazo. El trabajo de la Convención ha generado dudas en algunos sectores, e incluso se plantea que podría frenar la inversión hasta tener claridad sobre las nuevas reglas del juego. El derecho de propiedad es uno de los temas que es seguido de cerca por muchos actores del mundo privado y público.

Al respecto, Diego Pereira sostuvo que “en una economía abierta como la chilena, no puedo no asociar la respuesta a los desafíos de corto plazo sin tocar la evolución de lo que va a pasar con el precio de las materias primas. La inflación va a ser más alta, pero hasta ahora los precios del cobre también han reaccionado al alza. Hasta ahora el aumento del precio del cobre ha sido inferior al del petróleo, pero ha compensando este diferencial de cantidades. Esto no es menor porque tiene que ver con crecimiento, cuentas fiscales, posibilidades de acomodar el impacto del alza de precios de los combustibles y eventualmente alimentos. Va a ser muy importante para los próximos meses es donde converge el precio del petróleo. Vamos a tener inflación alta, crecimiento desacelerando. El primer desafío a largo plazo tiene que ver con la inversión. Para el inversor no es solo entender en qué va a terminar esta nueva Constitución, sino que después viene un proceso de legislación que puede extenderse por meses o años, y eso puede dilatar las decisiones de inversión. Hay cierto debilitamiento del derecho de propiedad, entre los artículos conocidos. No creo que se vaya a aprobar la renacionalización de la minería, pero sí la inversión privada va a tener menos garantías de las que tiene hasta hoy”.

Sobre ese punto, la exalcaldesa Tohá dijo que “no sabemos cuál va a ser la formulación que se va a acordar del derecho de propiedad. La Constitución que tiene y que ha gobernado la centroizquierda es muy desbalanceada en cuanto a la protección de la propiedad, versus la protección de los derechos sociales que es mucho más débil y que está matizado, porque en varios de esos derechos se protegen en amplia medida el derecho de los privados a participar para la provisión de los derechos sociales. El proceso constitucional va a tratar de achicar esa brecha, reducirla o revertirla de alguna manera. Creo que eso no necesariamente hay que transformarlo en que se debilita el derecho de propiedad, sino que se construye un balance más equilibrado, especialmente si logramos asimilarnos al equilibrio que tienen democracias más avanzadas. Ojalá que vayamos a un balance razonable, lo que tenemos hoy no es razonable. No sabemos cuánto margen va a tener la política fiscal, va a ser pequeño en cualquier caso. El margen que tengamos va a haber dos discusiones vitales que están abiertas. Una es de ese margen, cuánto se dedica a la convergencia fiscal y aquello que se dedique al gasto, cuánto va a estar dedicado a las grandes reformas sociales que el presidente Boric comprometió, versus la enorme presión que va a haber por subsidios al consumo privado”.

“Lo del derecho de propiedad está en discusión. Hay que diferenciar lo que está en discusión en las comisiones temáticas y lo que está en el pleno. Como por ejemplo lo que vimos de la propuesta muy maximalista de la Comisión de Medio Ambiente, que fue rechazada casi en su totalidad por el pleno. Hay temas que se están debatiendo por primera vez en una Convención, incluso a nivel comparado, como por ejemplo el cambio climático. No me gusta la Constitución vigente, pero me parece que las propuestas iniciales de la Convención tienen una mirada de algo que puede terminar siendo una oportunidad perdida. Ojalá avancemos a un país mucho más descentralizado, con mayor poder de las regiones, la pregunta es si lo que está proponiendo es lo mejor para ello o no”, manifestó Isabel Aninat.

Quedan solo días para que Gabriel Boric asuma la presidencia. Su programa incluye varias reformas, como la tributaria y la de pensiones. Los expertos coinciden en que el futuro gobierno debe bajar las expectativas, ante un escenario más complejo en materia económica.

“En lo fiscal sabemos que el ministro entrante va a querer presentar lo más rápido posible su estrategia para los 4 años, seguramente usando el Informe de Finanzas Públicas de abril. La duda que tengo en lo fiscal es cuál va a ser el impacto del precio de los commodities, eso puede contaminar la agenda que Marcel ha venido trabajando. Después, creo que desde el punto de vista del mercado, asumiendo que Boric va a tener una estrategia gradual, me gustaría ver no coordinación, pero un traspaso de información entre las nuevas autoridades y los convencionales, en temas que son relevantes para lo macrofinanciero. Sería muy positivo que el mismo gradualismo que esperamos de los primeros meses de la administración Boric, se pudiera traspasar a la Convención en temas claves”, planteó Pereira.

Otros apuntan a que la luna de miel será corta.

“Los gobiernos siempre han tenido un periodo de luna de miel, y creo que en este caso el periodo va a ser más corto, por las urgencias del norte y sur, y por el desafío interno de su propia coalición. Esa coalición tiene un Congreso dividido casi en partes iguales en el Senado. Las habilidades de buscar acuerdos políticos para esos proyectos de ley van a ser aún más necesarias. Varios ministros vienen del Congreso y saben como funciona la negociación. Tenemos un Congreso muy fragmentado, con partidos nuevos y eso hace que los primeros meses de negociación sean más intensos y difíciles de sortear. La luna de miel va a ser más corta y eso va a intensificar la velocidad de las reformas o las propuestas que se toman los primeros seis meses, y con la Convención en paralelo”, dijo Aninat.

Para Carolina Tohá, “el primer desafío es lograr conformar una mayoría de apoyo. En primera vuelta sacó un 25%, esa es la fuerza propia, y todo lo demás está por construirse. Hizo un gabinete que busca llegar a ese 55% que obtuvo en la segunda vuelta, pero no está para nada asegurado que esa mayoría opere en el Congreso. Dadas las primeras señales que hay una mayoría funcionante en el Congreso, es un factor importante para que la derecha fije su estrategia. Si la derecha ve que el gobierno no tiene mayoría, esto va a ser como un buitre que ve un animal agónico en tierra. Van a caer todas las fuerzas en contra del gobierno. Si en cambio se ve una mayoría funcionante, habrá más ánimo de acordar y negociar, y creo que es clave eso. Hay que sincerar el itinerario de los primeros dos años, las reformas con las que se va a empezar. Lo que es fundamental para ponderar las expectativas. Es fundamental convencer al FA de hacer cumplir su función como fuerza de gobierno en la Convención. No sería bueno que el Presidente empezara a influir directamente en la Convención, porque eso puede terminar muy mal, pero si es fundamental que su fuerza política asuma una responsabilidad especial que tiene en la Convención, y que hasta ahora no entiende plenamente”.