El interminable conflicto del exdueño de Cruz Verde y la mexicana Femsa

Con la llegada de 2022, el fundador de Cruz Verde y su matriz Socofar, Guillermo Harding, vuelve a la carga en contra de la gigante mexicana Femsa, dueña de la cadena de farmacias y de las tiendas de conveniencia OXXO en Chile, y que adquirió recientemente Ok Market -ligada a SMU- en una operación valorada en unos US$55 millones.

A través de cinco de sus sociedades, Harding presentó, a inicios de enero, tres recursos de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago a fin de revocar las sentencias que rechazaron, en octubre del año pasado, igual número de demandas por supuestos incumplimientos del pacto de accionistas del conglomerado, en el período en que fue socio de Femsa, entre 2015 y 2020.

En su arremetida, el empresario viñamarino insiste en que se condene a Femsa al pago de US$150 millones. Harding acusa a la mexicana de haber vulnerado los acuerdos internos en la administración de Socofar, los que terminaron por mermar el precio remanente de sus acciones. El holding no solo opera en el mercado mayorista y minorista de fármacos, sino que también en el rubro de los cosméticos, con la cadena Maicao.

Los litigios se rigieron bajo el reglamento de Arbitraje Comercial Internacional y se ventilaron en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Tres fueron los jueces arbitrales: Nicolás Cubillos, Alberto Lyon y Enrique Barros.

La relación entre Guillermo Harding y Femsa comenzó cuando el empresario acordó, el 23 de septiembre de 2015, la venta del 60% de las acciones de Socofar S.A.; Difarma S.A.; SAE Agencia de Negocios SpA y Socofar Logística Limitada. La compraventa, dada a conocer por Pulso en agosto de ese año, apuntaba a una operación por US$1.000 millones.

Su objetivo era internacionalizar Cruz Verde, una cadena que había fundado en 1984 como una farmacia independiente en el centro de la ciudad de Viña del Mar. Por lo mismo, vio como una oportunidad atractiva lograr una alianza con Femsa, conglomerado con sede en Monterrey, México, que además es uno de los mayores embotelladores de Coca-Cola en el mundo.

Al acordar la venta, las partes firmaron un pacto de accionistas que, entre otras cosas, buscaba resguardar y proteger los secretos industriales del Grupo Socofar, su propiedad intelectual e industrial y su know how, los cuales resultan ser clave para su éxito comercial. Ese acuerdo regulaba la relación entre el socio principal y los ejecutivos del holding y, además, obligaba a las partes a mantener reserva y confidencialidad.

Hoy la cadena de farmacias Cruz Verde está presente a lo largo de todo Chile, desde Tocopilla a Porvenir en el extremo austral; mientras Socofar presta servicios de apoyo a diversas empresas en Colombia, Ecuador, Chile y México, todas parte de la estructura de elaboración, distribución y comercialización de productos farmacéuticos, de belleza y cuidado personal. Además, entrega asesorías especializadas a diversas empresas en distintas materias, tales como reclutamiento y selección, donde hay empresas de distintos rubros con presencia nacional; Cruz Verde, Maicao, Intercarry Logística, Laboratorio Milab, Solventa, entre otras.

Hoy Socofar es encabezado por el director general de Femsa División Salud, Daniel Belaunde, quien antes se desempeñaba como gerente general de Ripley Perú.

Los conflictos

La primera de las divergencias surgió el 5 de junio de 2019, cuando Guillermo Harding solicitó a través de sus sociedades al 11° Juzgado Civil de Santiago acoger una medida prejudicial precautoria y posteriormente interpuso la primera de las tres demandas ante el tribunal arbitral.

Para el empresario viñamarino, Femsa incumplió el pacto de accionistas cuando, “en forma reiterada y sistemática, y abusando de su calidad de controlador y accionista mayoritario del grupo Cruz Verde, prefirió contactar y exigir colaboración, reportes y presentaciones de ejecutivos y de la administración del grupo Cruz Verde en forma directa”.

Esto, pese a que el pacto -según uno de los recursos de nulidad- obligaba a los mexicanos a negociar cualquier “interacción, colaboración y coordinación” que mantuviera la mexicana con los ejecutivos de la cadena de farmacias chilena.

En el mismo escrito añadió que Femsa contactó a ejecutivos del grupo Cruz Verde para invitarlos a reuniones anuales, actividades de carácter social. “Resulta evidente que estos ejecutivos no estaban en condiciones de rechazar la invitación que se les formulaba porque no querían enemistarse o generar animadversión con un accionista que tenía tal poder”, acotó el escrito.

“En el mes de abril del año 2019 se requirió que Gonzalo Durán, gerente de Cruz Verde Chile, y Jorge Schirmer, gerente de Cruz Verde Colombia, entre otros ejecutivos del grupo Cruz Verde, efectuaran presentaciones ante una audiencia conformada exclusivamente por ejecutivos de Femsa División Comercio, acerca de temas que constituyen indiscutibles secretos industriales o fórmulas de negocio del grupo Cruz Verde, tales como el plan de negocios, retail y distribución de Socofar, o la experiencia de compra en Cruz Verde”, acusaron las sociedades de Harding en una de sus presentaciones.

El acuerdo establecía que si uno de los socios incumplía el pacto, ésta debía indemnizar a la contraparte con una multa de US$50 millones, lo que fue exigido en la demanda arbitral.

Sin embargo, la acción fue desestimada por el tribunal arbitral, ya que “los protocolos no fueron concebidos para resguardar el know how de Socofar ni como un requisito habilitante para que se pudiera producir una interacción e intercambio de información entre los ejecutivos de Socofar y Femsa, sino más bien como el mecanismo que habría de acordarse para que dicha interacción e intercambio se condujesen de manera ordenada”.

Luego de lanzar su primera arremetida, el empresario viñamarino presentó otras dos demandas arbitrales el 12 de diciembre de 2019.

En una de esas acciones, alegó otro conflicto, surgido de la decisión de Femsa de adquirir la empresa ecuatoriana Corporación GPF a sus dueños, la familia Villamar.

Según Harding, aquella decisión no se acordó en las sesiones del directorio de Socofar ni en su Junta de Accionistas y su mayor molestia radicó en la concesión que entregó la mexicana para cerrar el acuerdo. Según el escrito de Harding, Femsa acordó con la familia Villamar que “Socofar al tomar control de GPF, no cambiaría el sistema de determinación y pago del IVA por el plazo de un año, como tampoco podría hacer una consulta de confirmación de criterio ante la autoridad tributaria del Ecuador, lo que habría sido lo más sano, lo más lógico y lo más ajustado al interés social de Socofar y a su compromiso con la legalidad y las buenas prácticas en las jurisdicciones donde desarrolla sus negocios”.

El tercer arbitraje reclama por cuidados que no habría implementado la mexicana al acompañar, en el litigio por la medida prejudicial, una carta que así quedó expuesta al público. La misiva corresponde a un escrito enviado por Harding el 11 de abril de 2019 al abogado Jorge Delpiano, socio de Guerrero Olivos y representante de Femsa.

Descargos de la mexicana

A través de una declaración por escrito, Femsa respondió a Pulso que “cuenta con una trayectoria de más de 131 años que avalan su forma de hacer empresa y que cuando, por excepción, se generan controversias, utiliza para resolverlas los canales institucionales habilitados en los países en los cuales operamos”.

El grupo explicó que desde 2015, al tomar el control de Farmacias Cruz Verde, y 2020, al asumir la plena propiedad, ha cumplido “rigurosamente con lo pactado con el excontrolador Guillermo Harding”.

Añadió que, “en su oportunidad, el señor Harding no dedujo ninguno de los recursos que procedían en contra de las tres sentencias arbitrales, por lo cual los procesos mencionados están a esta fecha terminados, reconociendo y amparando la posición de Femsa. Desconocemos el propósito de las acciones de nulidad que se han hecho públicas, lamentando cualquier instrumentalización que pretenda hacerse con ellas”.

“Femsa reitera su compromiso de seguir trabajando para ser un aporte en todos los países en los cuales opera, generando valor económico y social, y declarando que desde nuestra llegada a Chile hemos sido consistentes con ello, bregando por ser un real aporte en transparencia y confianza en un mercado tan importante para la vida y salud de las familias chilenas”, culminó.