El legado socioeconómico del Frente Amplio uruguayo que sigue con atención la izquierda chilena

“En términos económicos, lo más cercano a lo que nosotros queremos implementar es lo que hizo el Frente Amplio uruguayo”, señaló recientemente el economista Nicolás Grau, uno de los referentes materia económica del Frente Amplio chileno, cuyo precandidato presidencial, Gabriel Boric, hizo lo propio, asegurando que mira “con mucha atención” el legado del conglomerado homónimo. La misma referencia han empleado los asesores del candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue. “Un país que ha sido exitoso es Uruguay con cómo ha ido incorporando los derechos sociales”, dijo hace dos semanas Fernando Carmona, jefe programático de Jadue. También su asesor, Ramón López: “Este va a ser un gobierno de izquierda progresista, muy parecido al gobierno de Portugal y al de Uruguay de Mujica”.

No es raro que sectores de izquierda y centro izquierda de la región citen la experiencia de 15 años de gobiernos frenteamplistas en Uruguay, sobre todo cuando intentan desmarcarse del chavismo en Venezuela o el kirchnerismo en Argentina, intentando así citar modelos más cercanos que Finlandia o Nueva Zelandia.

Perú es otro ejemplo de aquello. Pedro Francke, principal economista asesor de Pedro Castillo, quien aún corre con ventaja para convertirse en el próximo presidente, señaló en entrevista con Euro News que el modelo uruguayo es “muy interesante” y que pese a las diferencias de tamaño y población hay “algunas cosas podemos aprender”.

A Gabriel Odonne, académico de política económica de la Universidad de la República, no le sorprende la atención que concita la gestión de los gobiernos comprendidos entre 2005 y 2020 en su país. “Las políticas del Frente Amplio (FA) fueron lo suficientemente diferentes como para que la sociedad aceptara que efectivamente había un cambio en relación a lo que se hacía, pero al mismo tiempo lo suficientemente continuadores de ciertos consensos como para que la sociedad no se tensionara”, indica el también socio de Ferrere, una de las grandes consultoras uruguayas.

Es ese equilibrio, que se reconoce transversalmente y que muchos atribuyen a una trayectoria como alianza política de medio siglo, el que le permitió llevar adelante, en paz con los diversos sectores de la sociedad, transformaciones de marca mayor que mostraron su mayor ímpetu durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez entre 2005 y 2010.

“La reforma de la salud es sin duda un sello del FA. Hacia atrás veíamos un país con otras prioridades y ellos se animaron a meter los dientes en el asunto”, indica Nicolás Gómez, politólogo de la Universidad Católica de Valparaíso.

En régimen desde el 1 de enero de 2008, Uruguay creó el Fondo Nacional de Salud (FONASA), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Es a partir de toda una institucionalidad que las asociaciones mutuales de salud, como CSMU, vinculada al sindicato médico, u otras de gran envergadura como Asociación Española y Casa de Galicia, comenzaron a operar de manera conjunta con el sector público, permitiendo que los sectores más vulnerables accedieran a la misma salud de calidad que el resto de sus compatriotas.

Otro “sello” en esa línea fue el Plan Ceibal, que a partir de 2007 comenzó a llevar a cada uno de los estudiantes de primaria un notebook, lo que con los años se logró extender a los secundarios. Se trata de una alfabetización tecnológica temprana que ha sido especialmente valorada a nivel mundial, más aún en tiempos de pandemia.

Por otra parte, durante el primer gobierno frenteamplista, clave en políticas socioeconómicas, se restauraron los Consejos Salariales, una tradición de negociación ramal que fue reprimida en dictadura y que volvió a ser aplicado sin una oposición significativa de un empresariado familiarizado con esta metodología.

Adicionalmente, destaca Gómez, está la reforma tributaria que “ha tenido pocos críticos”. Implementada en 2007, aumentó de forma contundente la imposición directa sobre la renta personal (con tasas marginales crecientes) y disminuyó el IVA, lo que le valió halagos en términos de su progresividad.

Al mismo tiempo, la política implementada por Danilo Astori, ministro de economía en esos años y posteriormente vicepresidente, también disminuyó los impuestos directos sobre las empresas, uniformó la contribución de los empleadores a la seguridad social por sectores de actividad y eliminó algunos impuestos fuertemente distorsionadores.

Así como estos últimos elementos de la reforma tributaria fueron bien recibidos por el empresariado, el FA dio varias señales al sector privado y, por sobre todo, a la inversión internacional, a la cual le dio la bienvenida siguiendo la ruta de sus antecesores y consolidando el desarrollo de una industria que había criticado cuando no estaba en el poder: la celulosa.

“La imagen de la continuidad de las políticas uruguayas, más allá de gobiernos y de partidos, es el sector forestal”, recalca el consultor independiente uruguayo Javier de Haedo, quien relata que “desde que en el retorno a la democracia se aprobó la ley forestal, el país se ha seguido forestando. Ahora se está construyendo la tercera planta de celulosa, en el Rio Negro, y Uruguay es el cuarto país exportador de celulosa y probablemente pase a ser el tercero cuando esté operativa esa planta que fue firmada, justamente, en el gobierno del FA.

Es justamente eso lo que da cuenta del equilibrio al que apuntaba inicialmente Odonne. “Las políticas del FA fueron típicamente de inspiración socialdemócrata, algunas incluso de inspiración liberal económica, que lo que hicieron fue darle continuidad a ciertos consensos básicos que el país tenía, construidos de larga data, pero al mismo tiempo dándoles un sesgo diferente”.

Prueba de lo anterior fue la creación, dentro del ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Administración de la Deuda, que lleva adelante todas las colocaciones y pago de toda las obligaciones que contrae el fisco, rol desde el cual ha logrado de manera consistente la desdolarización de la deuda externa y ya en 2012 recuperar el grado de inversión que había perdido, por parte de las clasificadoras de riesgo, durante la crisis de 2002.

De esta manera, la versatilidad frenteamplista se transformó en un sello que resultó crucial en dos aspecto. Uno de ellos son las positivas cifras que ostentó, con un crecimiento promedio anual de 3,8% y un salto en su PIB per cápita desde US$ 14.473 a US$ 22.656 en sus 15 años de gobernanza hasta 2019 (ese año en Sudamérica sólo le supera Chile con US$ 23.956).

Por otra parte, esta habilidad que indudablemente se vio fortalecida en el marco del boom de los commodities, también terminó por convencer respecto a las reformas socioeconómicas que implementó, las cuales siguen intactas bajo la administración actual de la centro derecha liderada por Luis Lacalle Lapou.

“El FA es parte de los consensos que tienen que ver con una economía abierta al mundo, con libre movimiento de bienes, personas y capitales. Es una economía gestionada con prudencia macroeconómica, donde son claves la estabilidad fiscal, la baja inflación es importante y una vocación por comenzar a abrirse al mundo”, comenta Oddone.

Aunque respecto a este último punto hasta el propio FA reconoce que hubo falencias, por un apego excesivo al Mercosur, el economista de la Universidad de la Republica asegura que la coalición política a la que admiran sus vecinos gobernó y gobernaría en el futuro “reconociendo la importancia para el país de la estabilidad de las reglas del juego y de la previsibilidad del sistema política”.