El lento año del Caso Seguros

Un lento año ha tenido el llamado Caso Seguros. Se trata de la querella por estafa que Codelco presentó la tarde del 13 de enero del 2020 ante el juzgado de Garantía de Calama por los sobreprecios en las pólizas de los seguros de vida y accidente que los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata y Radomiro Tomic tuvieron con Chilena Consolidada durante 14 años, y donde Gestión y Servicios (GyS) operaba como intermediaria. El proceso aún no tiene a nadie formalizado y todavía se espera que el exgerente general de Chilena Consolidada, José Manuel Camposano, declare. Por lo menos eso es lo que se puede ver en la carpeta del caso, explican fuentes involucradas en el proceso. La demora de Camposano sorprende, pues hace varios meses el exejecutivo de la aseguradora ya le había confirmado al fiscal Cristián Aliaga su voluntad de colaborar en la causa y, de hecho, sus palabras sobre cómo sucedieron los hechos se esperaban para inicios de este mes.

Y mientras eso sucede, el fiscal -hoy con licencia- avanza con las diligencias que ya estaban en curso e iniciará las solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), nuevo querellante que se sumó a la causa en diciembre pasado. El martes 22 de ese mes, el organismo que preside Juan Antonio Peribonio presentó una querella en contra de todos los que resulten responsables “en calidad de autores, cómplices o encubridores” por el delito de fraude al fisco, cohecho y soborno. Pero el CDE fue más allá y en el mismo escrito solicitó la salida de Codelco del proceso, apoyado por la facultad que le otorga el artículo sexto de su Ley Orgánica. “La interposición de la querella importa el cese inmediato de la representación en este procedimiento de quienes han concurrido por Codelco ejerciendo acciones penales por delitos cometidos en perjuicio de esa corporación respecto de los mismos hechos que motivan esta querella”, indica el CDE en la querella que fue acogida el 23 de diciembre.

Tres días después, Codelco apeló la solicitud, indicando que lo que el CDE pretende con la medida es privar “a la empresa de su derecho constitucional a ejercer las acciones legales y seguir las estrategias judiciales de la forma que estime conveniente”. Finalmente, la corte accedió a lo solicitado por Codelco y, por ahora, las dos entidades estarán presentes en el proceso. Pero el CDE quiere insistir en el patrocinio. “Al momento de interponer su querella, el CDE solicitó de forma expresa al Tribunal dicha exclusión, práctica que generalmente se utiliza cuando existe una eventual participación de funcionarios públicos en los hechos. Por ahora, el Tribunal no accedió a ello, sin embargo, el Consejo insistirá en dicha exclusión si se verifica potencialmente la existencia de funcionarios involucrados”, indica el organismo al ser consultado.

Para Codelco, el ingreso del CDE es valorado positivamente. “Se trata de un querellante que, no obstante tener intereses distintos, puede colaborar con la investigación, apoyando a Codelco para que la fiscalía encuentre y sancione a los responsables de los delitos investigados a la brevedad posible”, señala la compañía.

Sin embargo, el tema preocupa al interior de la estatal. Es que, según cuentan fuentes de la compañía, la empresa quiere resguardar el acuerdo que cerró con la actual administración de Chilena Consolidada, a fines de agosto, y donde la aseguradora acordó pagar US$ 22 millones y, por su parte, Codelco se desistió de presentar una querella contra los actuales ejecutivos de la firma. También preocupa el alcance que podría tener la acción del Consejo contra los propios ejecutivos y trabajadores de Codelco, dicen los consultados.

Desde agosto que se rumoreaba que el CDE se haría parte del proceso, luego de haber recibido los antecedentes tanto de Cochilco -que realizó una auditoría por las irregularidades en los contratos de seguros- y por la Fiscalía de Calama. Pero fue la millonaria transacción realizada entre Codelco y la compañía de seguros “lo que permitió al Consejo formarse el criterio necesario para la interposición de su querella criminal”, dice el CDE.

En cuanto a la participación que puedan tener funcionarios de Codelco en el delito, indica que el avance de la investigación que desarrolla el Ministerio Público “permitirá esclarecer las responsabilidades que eventualmente puedan caber a funcionarios de dicha empresa (Codelco), independientemente de su cargo”. Es que en la querella, el CDE identifica a los funcionarios de contraloría de Codelco como potenciales involucrados en el fraude. Ellos debían controlar la renovación de los contratos con la aseguradora y con GyS.

La misma tesis tiene Sabas Chahuán, abogado de los dirigentes sindicales de Radomiro Tomic, quien asegura que todos los contratos fueron firmados por directores y gerentes de Codelco. “Estoy seguro que mis representados serán sobreseídos. La situación de las personas de Radomiro Tomic es bastante clara, ellos no firmaron ningún contrato de seguros. Si bien el contrato colectivo permitía firmar a los dirigentes sindicales, todos los contratos de seguros fueron firmados por directores y gerentes de Codelco, es decir, había pleno conocimiento de lo que se estaba firmando. No hay ningún engaño”, señala.

Por eso es vital el levantamiento patrimonial que está realizando la PDI sobre los bienes de los dirigentes de RT, proceso que ya estaría bien avanzado. A la fecha se está ejecutando el mismo procedimiento con el patrimonio de los dirigentes sindicales de Chuquicamata, proceso que también ha sido largo, pues Codelco identificó a una veintena de sindicalistas como potenciales involucrados en la estafa.

Pero la pandemia y los limitados recursos con los que cuenta el fiscal Cristián Aliaga han dilatado los tiempos. Por la envergadura del proceso, Cristián Aliaga ha tenido que solicitar la ayuda de la PDI y trasladar varias de las diligencias hacia Santiago. “Eso ha dilatado más el proceso, porque además con la pandemia, las diligencias se están haciendo por mail y la gente se demora en responder los correos”, explica un abogado de una de las partes involucradas.

Codelco también considera que el proceso ha ido lento. “Además de las particularidades propias del fraude y de la extensión del mismo, el año pasado, especialmente durante el primer semestre, el ritmo y avance de la investigación no fue el ideal, ya que, como con la mayoría de los procesos judiciales, se vio afectado por la pandemia”, dice la minera.

Hasta ahora, indican las fuentes consultadas, han declarado varios exejecutivos de la compañía de seguros y también de GyS. El CDE solicitó citar a declarar a 51 personas, a los representantes de Gestión y Servicios, y a ex y actuales trabajadores de la aseguradora donde también está citar a Camposano. Con todo, los abogados del caso estiman que recién en mayo o junio se podría tener novedades, ya sea sobreseimientos, o bien, formalizaciones.

En la aseguradora están mirando el proceso desde lejos. La empresa está segura de que el acuerdo que firmaron con Codelco para relevar de responsabilidades a la compañía, no corre peligro con el ingreso al caso del CDE. “Ni Codelco ni el Consejo de Defensa del Estado han dirigido sus demandas contra los actuales ejecutivos de la compañía, por lo tanto, no hay mayor relevancia en el tema”, explica un cercano a la compañía aseguradora.

Hoy, recuerda la fuente, todos los ejecutivos que estuvieron involucrados en el tema Codelco están fuera de la compañía. “Por eso los cambios internos se hicieron de manera rápida. Lo principal era sacar a Chilena del tema. Hoy nadie de la gente nueva que está en la compañía conoce el tema Codelco, por eso hoy lo que hay que hacer es mirar hacia adelante”, señala.

Por eso la aseguradora hoy ya da vuelta la página y solo está a la espera de la resolución que pueda emitir la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respecto de la investigación que dirige el fiscal jefe de la Unidad de Investigación, Andrés Montes, análisis que también será de largo aliento. “Siempre lo más relevante para Chilena fue el daño reputacional. Eso es lo que podría haberle quitado el sueño a la compañía”, recalca la fuente consultada.

En cuanto a la transacción pactada con Codelco, a la fecha ya se ha pagado más del 80% de los US$ 22 millones acordados a través de KPMG, en un proceso que se inició a mediados de diciembre. “A la fecha, más de 8.400 trabajadores y extrabajadores se han visto favorecidos por el acuerdo alcanzado, reintegrándose hasta ahora casi $ 8.200 millones a las víctimas del fraude”, detalla la minera estatal.