El lobby en el inicio del gobierno de Boric

El Consejo para la Transparencia (CPLT) elaboró un informe estadístico con datos del portal InfoLobby en el que recopiló audiencias, viajes y donativos de los funcionarios públicos desde el 11 de marzo al 30 de junio, los primeros meses de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Se trata de un balance realizado a petición de Pulso, que aborda 278 organismos públicos de la Ley de Lobby y sus Registros de Agenda Pública (RAP). En su reporte el CPLT detalló que durante el periodo evaluado las entidades públicas revisadas registraron 13.254 audiencias, con 7.503 viajes cuyo costo total ascendió a $775.982.670, siendo financiados por 346 financistas. El estudio también develó que los funcionarios públicos dieron cuenta de 1.246 donativos.

Según el informe, el 86% de los organismos considerados (239) ha informado al menos un registro de agenda pública, es decir, una audiencia, viaje o donativo. En tanto, el 14% (39), si bien tienen sujetos pasivos vigentes (autoridades o funcionarios públicos), no ha informado ninguna de las tres categorías.

En el período analizado, los funcionarios que presentaron el mayor número de audiencias a través de la plataforma de Ley de Lobby fueron Arturo Farías, director Regional (S) del Servicio de Evaluación Ambiental (77); Marcela Mella, delegada presidencial de la Provincia de Cordillera (77); Fabian Kuskinen, jefe del Departamento de Desarrollo Urbano del Minvu (74); José Luis Millán, subdirector de Proyectos del Ejército (74); Paola Tapia, directora del Transporte Público Metropolitano (70); Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo (69); Ximena Sepúlveda, seremi de Vivienda de la Región de La Araucanía (69); Haydée Oberreuter, subsecretaria de Derechos Humanos (65) y Tomás Saieg, jefe de la Oficina de Economía Circular de la Subsecretaría del Medio Ambiente (63).

Consultado el Ejército por las reuniones de su funcionario, explicó que “una de sus tareas es conocer el estado del arte de las tecnologías asociadas a las capacidades militares y, por tanto, aceptar la solicitud de reuniones de distintas organizaciones asociadas a este ámbito, dando cumplimiento a la Ley 20.730 que regula el lobby”.

Desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) señalaron que “el SEA, como todo organismo público, debe cumplir con los principios de acceso a la información ambiental con estricto apego a la transparencia y probidad, este deber incluye la promoción y difusión de todos los canales de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía. En el caso del SEA se promueven estos canales abiertos con la comunidad y el alto número de reuniones es proporcional al número de proyectos que evalúa esta Dirección Regional y a las que le damos la máxima transparencia en la plataforma”.

En tanto, los lobbistas o gestores de interés que más reuniones de lobby registraron entre el 11 de marzo y 30 de junio de 2022 para los 278 organismos de la muestra, fueron: Carlos Vargas, director de Chile Digital (22); María López, de Buk Spa (21); Hugo Muñoz, de Asesorías Itransporte SpA (20); Matías Alejandro Poblete Sandoval, de la Fundación Nacional para la Accesibilidad, el Diseño Universal y la Inclusión Social (19); Fernando Velasco, abogado de Minera Los Pelambres (17); Marcelo Riquelme socio de IT GOV SpA (17), y María Francisca Yáñez, gerente de Microsoft Chile (17).

Desde Antofagasta Minerals indicaron que “Minera Los Pelambres, comprometida con el desarrollo de la Región de Coquimbo y el país, está impulsando una serie de proyectos de interés público con foco en la sustentabilidad y, de acuerdo a la normativa vigente en Chile, su presentación a las autoridades se realiza a través de la plataforma de la Ley de Lobby, donde es posible mantener un registro público de las agendas, audiencias y reuniones de nuestros ejecutivos con las autoridades pertinentes”.

Los lobbistas y gestores de interés particular han representado en las audiencias a 7.218 personas naturales, 4.283 con personalidad jurídica y 1.184 sin personalidad jurídica. En las reuniones han participado 2.205 lobbistas o gestores de interés.

El informe también detalla los gremios o personas jurídicas que más audiencias solicitaron a estamentos públicos durante el periodo señalado: Cámara Chilena de la Construcción (51), Codelco (38), Vergara Galindo Correa Abogado (35), Anglo American Sur (31), E-CL S.A. (Engie Chile) (30), Consejo del Salmón (26), Transelec (26), Celulosa Arauco y Constitución (26), Colbún (26) y Poch Ambiental (24).

Estamentos como las subsecretarías de Vivienda, Obras Públicas, Medio Ambiente y la Fiscalía del MOP son las entidades que más son frecuentadas por el gremio de la Construcción. Según el portal de Infolobby, los sujetos activos que concentran el mayor número de reuniones en representación de dicha entidad gremial son: Carlos Zepellin, vicepresidente; David Soto, coordinador de la gerencia de Vivienda, y Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura.

Entre el 11 de marzo y 30 de junio de 2022, el informe señala que los 278 organismos públicos de la muestra registraron 7.503 viajes. El costo total de ellos es de $775.982.670, siendo financiados por 346 financistas.

El listado de los cinco sujetos pasivos con la mayor cantidad de viajes informados es liderado por tres directores de Gendarmería. Se trata del director (s) de la Región de Arica y Parinacota, teniente coronel Francisco Bravo (67); Rubén Pérez, del Maule (62); y el coronel José Luis Meza, de Valparaíso (61). A ellos se suman: la secretaria regional ministerial del Ministerio Secretaría General de Gobierno, María Moraga, y el Delegado presidencial Provincial de Itata, Luis Cisterna, con 47 y 46 viajes, respectivamente.

Los funcionarios que registraron los viajes más costosos son el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Ahumada ($24.582.869); Sergio Muñoz, director general de la Policía de Investigaciones de Chile ($15.619.261); Oriana Piffre, jefa de gabinete de Subrei ($14.019.938); Jeanette Vega, ministra de Desarrollo Social ($12.864.079); Jeannette Jara, ministra del Trabajo ($11.422.091); Marcela Otero, directora general de Asuntos Económicos Multilaterales ($11.259.855) y José Campos, jefe de la División de OMC de Subrei ($10.941.121).

Según la plataforma de Ley de Lobby, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Ahumada, entre el 3 y 5 de abril acompañó al Presidente Boric en su visita a Argentina y registró un viático por $451.095. Se trata de un monto menor si se considera que entre el 6 y 19 de junio el jefe de Subrei acudió a una reunión de ministros sobre comercio e inversión en Estados Unidos y luego se trasladó a París, Francia, para participar en un encuentro de la Ocde y posteriormente a Ginebra, Suiza. El viaje tuvo un costo total de $19.685.618 y en viáticos requirió $4.881.023. Desde SubreiI explicaron que “dentro de las funciones de la Subrei por la Ley 21.080 se establece la de coordinar y presidir la participación de Chile en los distintos organismos y foros internacionales, incluidos los procesos de integración económica. Lo relevante es que es nuestra obligación cumplir con esos variados compromisos internacionales por Ley, agendados en pocos meses, entonces no es extraño que se registre un monto elevado en la plataforma de lobby”.

Consultado el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, sobre el 14% de las entidades públicas que no informan sus reuniones de Ley de Lobby, explicó que “no podemos afirmar que este grupo de servicios que se mencionan no están informando, porque perfectamente puede ser que no hayan tenido audiencias de lobby en el periodo que analizamos o un determinado funcionario tuvo solicitudes de audiencia y las rechazó, eso también es posible. Ese porcentaje al que refiere el informe no podemos decir que está incumpliendo la ley, solo que no tiene registros.

Agregó que “es importante subrayar que este trabajo es la foto solo de una parte de la realidad del lobby, que quedan fuera audiencias que no se registran, eso siempre va a ocurrir, y por eso hay que mantener los esfuerzos para hacer más transparente esta actividad, que es lícita, pero que tiene que ser de cara a la gente. Así como sabemos que hay armas que no están registradas, hay reuniones de lobby que no se registran como tales”.

Asimismo, detalló que realizan revisiones para detectar incumplimientos e informan a los organismos que corresponden y a la Contraloría. “También es importante decir que lo que se informa es sumamente valioso y no es evidencia para criminalizar esta actividad ni considerar que quienes informan están haciendo algo malo o contrario a la ley. Los que sí generan registros están cumpliendo con la obligación de transparentar cuestiones como sus viajes, audiencias y los donativos que reciben en el ejercicio de su cargo”, explicó Leturia.

A su juicio, “estos antecedentes pueden arrojar alguna línea de investigación algunas veces, pero lo que nos debe preocupar es lo que no sabemos, que se hayan sostenido efectivamente audiencias no registradas y fiscalizar. Porque no hay que sancionar al que no ha tenido reuniones o si las tiene las informa, sancionemos al que no lo hace habiendo tenido audiencias de lobby”. “La ley se ve bien en el papel, pero su foco es limitado. Se requiere que todos los actores tengan un rol más protagónico, de una ciudadanía más vigilante de manera de evitar situaciones de tráfico de influencias u otras malas prácticas muchas veces vinculadas a estas actividades”, dijo.

“Desde el Consejo lo que estamos haciendo es poner Big Data a disposición del control ciudadano y de la transparencia y la rendición de cuentas de quienes realizan una actividad lícita como el lobby, que va a existir pero que tenemos que conocer cómo opera. Ahora, la Ley de Lobby fue inicialmente -y en el entendido de que nos ha permitido conocer información valiosa en materia de audiencias, viajes y donativos- un aporte, pero la norma hay que perfeccionarla”, concluyó.