En tierras que fueron una estancia ganadera, de terrenos escarpados y flora y fauna nativa, desde donde se pueden apreciar en toda su majestuosidad las Torres del Paine, el grupo Explora, de la familia Ibáñez, levantará “Torres del Paine CR SpA”, su nuevo proyecto de conservación e inmobiliario, que la semana pasada comenzó a comercializar en Estados Unidos.

El proyecto considera la venta de sólo 100 acciones: 70 de ellas a US$350 mil cada una y que permiten ser propietario de la reserva y, otras 30 que, a un costo de US$1 millón cada una, dan además derecho a construir una casa en un sitio de 1,5 hectáreas, sujeta a varias condicionantes, para asegurar el menor impacto ambiental.

Según el plan, el total del área destinada a infraestructura será menor al 1% de toda la superficie del proyecto, adyacente al Parque Nacional Torres del Paine.

“Esta idea nació por la motivación de los dueños de conservar los destinos donde están los hoteles Explora. Ellos se dieron cuenta de que si Explora no conserva ni se preocupa de los lugares donde están, los destinos ya no van a estar o serán muy diferentes. Esta es una empresa familiar que quiere seguir existiendo en el largo plazo y entendieron que la única forma de permanecer en el tiempo es preocuparse de conservar los lugares donde están ubicados”, explicó a Pulso, Francisco Escobar, director comercial de las reservas de conservación.

El proyecto lo lidera Maximiliano Ibáñez, presidente de Explora. Es hijo de Pedro Ibáñez Santa María (78), de la familia tras el proyecto educacional de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y su reconocida Escuela de Negocios. Hasta 2013, los Ibáñez controlaban la fabricante de alimentos Tresmontes Lucchetti que vendieron al grupo colombiano Nutresa, en US$ 758 millones de ese año.

Cuando en 2013 crearon Explora, lo hicieron bajo el concepto de “lujo de lo esencial”, con ubicaciones cuidadosamente elegidas y un estándar que hizo conocida a la marca como un emblema de las vacaciones en torno a la naturaleza y las actividades al aire libre. Actualmente, Explora es presidida por Maximiliano Ibáñez Bulnes (43) y es una cadena de renombre mundial que opera siete establecimientos: Parque Nacional Patagonia, Torres del Paine, Atacama e Isla de Pascua, en Chile; El Chaltén, en Argentina; Machu Picchu & Valle Sagrado, en Perú y Uyuni en Bolivia.

Maximiliano, o Max, como todos los llaman en Explora, ha encabezado personalmente algunas de las presentaciones de la iniciativa fuera del país. La firma también planea desarrollar una reserva de conservación similar al interior de la región de Antofagasta, en la zona de Puritama, cerca de San Pedro de Atacama, donde la cadena maneja su lodge (ver recuadro).

En 2021, en una entrevista en El Mercurio, Max Ibáñez adelantaba el plan: “Vamos a seguir siendo una empresa de exploraciones, pero hemos evolucionado en el propósito último de la compañía hacia la conservación del medio ambiente y el cuidado de los destinos donde nos desarrollamos. Es un cambio de fondo y de la cultura interna”, sostuvo entonces.

Y se concentraron en varias tareas para lograrlo, como conseguir la certificación como Empresa B y la licitación del negocio para administrar los servicios ecoturísticos del Parque Nacional Patagonia, en los terrenos de la fundación Tompkins.

La reserva de Torres del Paine comenzó a gestarse hace varios años. Estaba en la mente de los Ibáñez, pero no fue hasta mediados de 2020, con la pandemia como escenario, que el grupo decidió concretar la idea de convertir las tierras cercanas a sus hoteles, que les pertenecían, en reservas privadas. Siempre, bajo la idea de asegurar y preservar la existencia de estos entornos para el futuro. Y también, su negocio. Como operador de hoteles de lujo enfocados en la naturaleza, todos los Explora están instalados en zonas de alto valor ecológico y patrimonial, amenazados por el cambio climático y sus consecuencias.

La misma pandemia, con su golpe al turismo, debido al cierre de las fronteras, mantuvo a la cadena sin actividades durante meses. Comenzaron los análisis legales y económicos y ficharon a The Nature Conservancy, la ONG internacional de medio ambiente que tiene décadas de experiencia en el establecimiento de estándares medioambientales para el plan de conservación y manejo.

En 2021 presentaron el proyecto al municipio de Torres del Paine y en 2022 a algunos inversionistas. El 29 mayo pasado inscribieron una modificación en la sociedad Torres del Paine CR SpA, a través de la cual se manejará el proyecto, y justo al día siguiente, el 30, cuando Explora Torres del Paine Lodge cumplía 30 años, comenzó la venta formal de la reserva.

El plan de conservación tendrá asegurado su financiamiento a perpetuidad, mediante un fondo que se levantará con la venta de las acciones. Ya se creó la Fundación de Conservación Torres del Paine, que manejará las platas del fondo fiduciario.

Lo que se vende es la posibilidad de tener un papel activo en la conservación de esa parte de la Patagonia y, según su estructura societaria, Torres del Paine CR SpA quedó dividida en seis series de acciones, cada una con poderes políticos diferenciados según su valor y el acceso a la propiedad que representan.

Ese será el vehículo legal que manejará la reserva, asegurando así a los compradores su mantención y características fundamentales a perpetuidad. Para eso además se constituirá un directorio de cinco miembros, dos de los cuales se elegirán entre los compradores, dos serán aportados por Explora y uno saldrá de alguna entidad de conservación que se determinará en el momento de la conformación de la mesa.

Así, los compradores tendrán la seguridad de que podrán invertir en un bien raíz que asegure la existencia y mantención de la reserva. También, que las zonas destinadas a no ser desarrolladas, sigan de esa manera.

Entre los beneficios para el comprador figuran, además, el uso de una casa de huéspedes en el lugar; acceso a la reserva durante todo el año y a actividades de conservación e investigación in situ; además de exploraciones guiadas a través de caminatas o cabalgatas y pasantías educativas para niños que trabajan con la reserva. También se ofrecen descuentos y beneficios en la red Explora.

A fin de minimizar el impacto ambiental, en la constitución de la sociedad Torres del Paine CR SpA se incluyó la creación de un Reglamento de Copropiedad de la Reserva que, entre sus normas, establecerá que solo se podrá construir en cada parcela una casa no mayor a 350 metros cuadrados y jamás en hormigón armado. Tampoco se podrán hacer piscinas ni usar combustibles líquidos como diésel o gas para generar electricidad. Además, cada unidad deberá implementar sus propios sistemas de tratamiento de agua, no se podrá arrancar ningún árbol y habrá un Comité de Evaluación de Proyectos que aprobará o rechazará el diseño de las viviendas.

Torres del Paine CR SpA tendrá ahora domicilio en la comuna de Torres del Paine, por lo que pagará patente en ese municipio. Su alcaldesa, Anahí Cárdenas (independiente, cercana a la centroderecha), valoró positivamente la iniciativa. “Para nosotros, este proyecto es muy positivo siempre y cuando cumpla con todas las normas”, resumió. Añadió que gracias al proyecto ya se han registrado algunos avances para la zona como la construcción de un puente y la restauración de la estancia. Aseguró tener esperanzas en que el proyecto se traducirá en “nuevas fuentes de empleo, visitantes e inversiones”, según comentó a Pulso.

El proyecto fue conversado con la ciudadanía a través de diálogos con los pobladores y autoridades, ya que el concepto considera sí o sí involucrar a miembros de la comunidad, ciudadanos, vecinos y otros actores sociales y ambientales en la creación de una visión para el área natural preservada, al tiempo que prioriza iniciativas, planifica estrategias y trabaja para proteger el medio ambiente natural y las especies regionales, explican en las presentaciones.

La decisión de fichar a The Nature Conservancy se tomó casi al principio, mientras analizaban el modelo que seguirían. Buscaban a alguna entidad que tuviera un amplio expertise en conservación de tierras. Su rol en el proyecto considera además de establecer las pautas de manejo, supervigilarlas.

El proyecto entero está acogido a la ley del derecho real de conservación medioambiental, que permite a los privados participar en la conservación ambiental en Chile, complementando así el rol que realiza el Estado (ver recuadro). Este mecanismo es muy similar a uno que existe en Estados Unidos, lo que hace aún más atractivo para los compradores extranjeros apostar por un sitio en la Patagonia con vista las famosas Torres del Paine.

ººº En sus presentaciones del proyecto, Explora ha resaltado su interés en avanzar en la conservación como propósito de la firma, por lo que esta vía podría replicarse en otra de sus instalaciones en Chile: en San Pedro de Atacama, donde se creó la Reserva de Conservación Explora Puritama.

Con 6.440 hectáreas que incluyen piscinas termales, 83 especies de flora nativa y 87 especies de aves, insectos y animales, como el gato andino, se estudia destinar la casi totalidad del predio a conservación, reservando solo el 5% de la superficie a desarrollos que incluyan turismo, bienes raíces, investigación y educación, según la página web de la firma.

Según pudo averiguar Pulso, aún se están definiendo algunos detalles de este proyecto en el milenario oasis atacameño.

ººº En 2016 comenzó a regir la Ley N° 20.930 que establece el Derecho Real de Conservación Medioambiental (DRC), que facilita y promueve la participación del sector privado en la protección de las especies y el entorno, complementando así el rol del Estado.

La norma permite al dueño de un predio destinarlo a la conservación, sin perder el derecho de propiedad, y restringe dar a los inmuebles otros fines.

Los dueños deben ejecutar o supervisar un plan de manejo para aprovechar y usar racionalmente los recursos naturales del inmueble, así como su mantención y cuidado. Según explican en el mercado inmobiliario, esta es la fórmula que se está utilizando últimamente para la venta de terrenos en algunas zonas.

Ello, ante la proliferación de subdivisiones y loteos de parcelas sin regulación alguna y que amenazan convertirse en nuevos barrios al margen de la institucionalidad ambiental y reguladora.

La Ley de DRC obliga a crear una sociedad a través de un Contrato Constitutivo como requisito para inscribir el derecho en el Conservador de Bienes Raíces.